La cosmética del ajuste

En un reportaje de fines de Julio pasado (pocos días antes de las PASO) el economista Guillermo Calvo, argentino radicado en Nueva York hace años y profesor en la Universidad de Columbia, sugería que un gobierno Fernández-Fernández era preferible a un fracasado gobierno de Macri porque una administración "populista" iba a tener menos resistencia frente al ajuste inevitable que la Argentina tenía que hacer.

Concretamente, en una entrevista periodística del Diario Financiero, de Santiago de Chile, Calvo declaró lo siguiente: "No estoy a favor de Cristina (Kirchner) ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir "miren el lío que nos dejó este hombre y ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo'. La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha. Sí. "De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente. Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo'.

Estos conceptos como ya lo señaláramos en su momento son muy importantes para entender cómo funciona el tándem Kirchner-Macri (muy a diferencia de lo que la gente cree), como forma aplicada del método tradicional donde las grandes estructuras de poder económico-financiero manejan la estrategia de las decisiones de fondo que toman los gobiernos de turno.

Ley de Emergencia

La palabra "solidaridad" aplicada a una ley del Congreso es ambivalente.

La denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (Ley 27.541) delega en el Poder Ejecutivo facultades cuasi-irrestrictas hasta el 31 de diciembre de 2020.

El objetivo básico de esta amplia delegación de funciones del Congreso es garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, que implica el compromiso institucional de nuestro país para cumplir con sus obligaciones de pago de capital e intereses a los acreedores del Estado, fundamentalmente tenedores de bonos externos y organismos financieros internacionales (con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza).

En esta línea, la ley faculta al PEN a llevar adelante todas las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la Deuda de la República Argentina, esto es, para garantizar la capacidad de repago.

Merced al dictado de esta norma, el presidente Alberto Fernández tiene facultades prácticamente irrestrictas y discrecionales para negociar cualquier cosa en materia de endeudamiento del Estado.

El ajuste del FMI

El arreglo stand-by de junio 2018 tiene categoría de tratado internacional, está vigente aunque los desembolsos se encuentran suspendidos y compromete a la Argentina esencialmente a mejorar el superávit fiscal primario para poder cumplir con el pago de los intereses crecientes de la deuda pública y a instrumentar tres reformas estructurales de base para garantizar dicho cumplimiento a mediano y largo plazo: las reformas laboral, previsional y tributaria.

Por el lado de los ingresos la Ley 27.541 dispone un fuerte aumento de la presión tributaria y se estima que con la recaudación neta total producto de este paquete de medidas, el fisco obtendría unos US$14.000 millones, con el previsible traslado inflacionario a los precios que termina pagando directa y/o indirectamente toda la población.

El aumento de la presión impositiva pesa como carga sobre la economía general dado que un aumento de impuestos siempre es un ajuste o detracción de dinero a los contribuyentes por efecto de la mayor recaudación y que, al mismo tiempo, tal presión impositiva tiende a frenar el crecimiento económico.

Paralelamente, los principales ahorros de gasto público se darían concretamente en materia de jubilaciones, a través de la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria.

Ergo, el gobierno Fernández-Fernández arranca su gestión con un fuerte ajuste fiscal, ajuste que está en línea con los términos del acuerdo firmado por la administración Macri con el FMI, donde ya se preveían tolerancias y flexibilizaciones, dado el fuerte aumento de la pobreza, para una política de contención que atenúe parcialmente los efectos del sistema de la deuda sobre los sectores de menores ingresos.

Las reformas del FMI

El acuerdo stand-by, además del citado programa en curso de ajuste fiscal, prevé el compromiso del gobierno argentino en tres reformas estructurales principales: laboral, previsional y tributaria. En forma directa o indirecta, tales reformas se han venido y se siguen llevando a cabo a través de las administraciones Macri y Fernández:

Reforma laboral

El objetivo central de la reforma laboral era bajar el costo laboral de las empresas y de la administración pública, lo que en buen romance significa bajar en términos reales los salarios de los trabajadores, las jubilaciones/pensiones y el valor de las subvenciones sociales. esta reforma se habría cumplido adecuadamente a través del trabajo sucio de la administración Macri, que en cuatro años de gestión logró una caída en las remuneraciones reales entre 20-25 %.

La tarea todavía pendiente traspasada al nuevo gobierno Fernández es que no se produzca un recupero de tal desfasaje.

Reforma previsional 

El objetivo central de la llamada reforma previsional era y es lograr una reducción del gasto público social vía licuación de los ingresos reales.

El presidente Alberto Fernández ha explicitado claramente que las jubilaciones perdieron un 20 % (o más) de su valor durante la gestión Macri y que su objetivo es recomponer o aliviar dicho atraso beneficiando a los sectores de menores ingresos.

Pero para ello la ley de emergencia dispone la suspensión por 180 días del actual régimen de movilidad jubilatoria. Las cifras oficiales del Presupuesto 2020 prevén un gasto aproximado por jubilaciones y pensiones de $2.400.000 millones con un déficit de $600.000 millones; mientras que los intereses a pagar previstos suman $1.200.000 millones

Como en la llamada reforma laboral, también aquí el objetivo implícito básico es evitar un recupero generalizado de los haberes previsionales y cumplir el ahorro de gastos previsionales ya comprometido con el FMI.

Reforma tributaria

La reforma impositiva conlleva los tres incrementos tributarios principales: retenciones, bienes personales y dólar, pero hay también otras modificaciones menores de impuestos (como ganancias, renta financiera sobre plazos fijos, ajuste por inflación, impuestos internos e impuesto al cheque. Se trata de obtener un salto en la recaudación del Estado que permita mostrar al FMI y a los tenedores de bonos que el nuevo gobierno argentino está dispuesto a hacer todo lo posible para aumentar el superávit primario para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de la deuda pública.

Es la principal forma de hacer pagar a los argentinos el costo del ajuste comprometido con el FMI para allanar el camino a la reestructuración de la deuda. Y con esto se cumple una regla política clásica donde la habilidad final de los gobernantes es muchas veces practicar un gatopardismo de base: no producir los verdaderos cambios que el Estado necesita en este caso, los inherentes al sistema de la deuda pública perpetua que rige en nuestro país sin solución de continuidad desde hace más de 40 años sino hacerle creer a la gente que esos cambios se están produciendo o se van a producir y dar sus frutos en un futuro por ahora indeterminado. El kirchnerismo tiene malos antecedentes: pago total y por anticipado de la deuda más cuestionable en ese momento, que como hoy era la correspondiente al FMI, con el argumento de “liberarse del Fondo” (US$9.530 millones), megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen 2005-2010 que fue un arreglo favorable a los acreedores y que además fracasó pero fue vendido a la opinión pública hasta la fecha como un “éxito de negociación”.

Política de pagos de la deuda externa con reservas del BCRA.

La expresidenta definió a su administración como “pagadora serial” dado el monto récord de pagos de la deuda externa, política de pagos de la deuda del estado con préstamos del propio sector público.

Estatización de las AFJP para usar masivamente los fondos de los jubilados (FGS-ANSES) para sostener los pagos de la deuda con terceros (2008), Arreglo con los países del Club de París pagando sumas extraordinarias por intereses moratorios y punitorios (US$3.800 millones sobre una deuda consolidada de US$6.000 millones), etc. Parece, entonces, amenazar una continuidad de fondo en materia de deuda pública bajo tándem Kirchner-Macri, aunque todavía con final abierto. 
 

 

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