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Enrique Prado tiene 31 años, es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, especialista en temas de seguridad y en su pueblo es docente de nivel secundario de física y matemática. Desde diciembre es el intendente de Aguaray. Está envuelto en una causa por ayudar con el robo millonario de caños del gasoducto del NEA y esta tarde puede empezar a definirse su destitución.
Se desempeñó como secretario de esa área en la gestión anterior del médico Alfredo Darouiche y el año pasado ganó las elecciones de esa localidad norteña por 111 votos con los que superó al entonces presidente del Concejo y tres veces intendente Juan Carlos Alcoba.
Al otro día de las elecciones Prado recorrió los 18 parajes que conforman el municipio norteño. Y en una entrevista con El Tribuno, el polémico jefe comunal señalaba que pediría a la Auditoría General de la provincia que audite las cuentas municipales, para arrancar su gestión que prometía sería “trasparente”.
Prado se presentó en las elecciones pasadas llevando en la boleta como candidato a gobernador a Sergio el Oso Leavy.
A menos de 2 semanas de haber asumido en el cargo, el 23 de diciembre de 2019, Enrique Prado emitió una resolución municipal que lleva su firma y la de su entonces secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, (ahora renunciado) autorizando a que una empresa de Mendoza retire 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA, con el argumento de que los caños colocados bajo la superficie producían contaminación ambiental.
Esta situación desató un terrible escándalo. En mayo pasado, la Fiscalía Descentralizada de Orán, representada por el fiscal general Eduardo José Villalba, formalizó la imputación penal contra el intendente Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.
A todos se les imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de dos a seis años de prisión. Asimismo, Villalba no descartó la comisión del delito que se aplica al que “vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos”.
Más allá del proceso que avanza en la Justicia, el Concejo Deliberante no contó con los números para removerlo, por lo que Prado siguió al frente del Ejecutivo municipal.
Hace unos días hubo protestas en Aguaray, ya que la gente le reclamaba al intendente que se pague de su bolsillo a los abogados que lo defienden y no que use plata de la comuna.
Otra fuerte polémica se generó la semana pasada, cuando Prado armó todo un circo para anunciar que capitales venezolano pondrían una clínica de 8 pisos en Aguaray. El tema es que desde la misma firma caribeña lo desmintieron a las horas.