En mayo pasado, el Concejo Deliberante de Aguaray inició el juicio político a Jorge Prado. Pero los 4 concejales oficialistas -tres de ellos docentes- a pesar de las pruebas irrefutables en su contra -nunca permitió que sus secretarios se presenten al cuerpo a explicar nada y nunca acercó la documentación requerida por la comisión investigadora-, votaron en contra de la destitución, por lo que al bloque opositor de Adeco le faltó un voto para avanzar en esa decisión.
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En mayo pasado, el Concejo Deliberante de Aguaray inició el juicio político a Jorge Prado. Pero los 4 concejales oficialistas -tres de ellos docentes- a pesar de las pruebas irrefutables en su contra -nunca permitió que sus secretarios se presenten al cuerpo a explicar nada y nunca acercó la documentación requerida por la comisión investigadora-, votaron en contra de la destitución, por lo que al bloque opositor de Adeco le faltó un voto para avanzar en esa decisión.
Los ediles querían conocer, además del robo de los caños valuados en millones de dólares, por qué había celebrado un contrato de servicios con un estudio jurídico salteño para que lo defienda, a nombre de la comuna, en lugar de solventarlo de su propio bolsillo.
También pidieron que Prado dé explicaciones de por qué nombró a otro letrado como asesor externo, al que le otorgó un vehículo del municipio para que lo utilice como si fuera de su propiedad, dentro y fuera del ejido municipal y otras dudas que el hasta hoy intendente nunca respondió.
Durante los tres meses en que la comisión investigadora del cuerpo trabajó, Prado se las arregló para ordenar que su municipio nunca saliera de fase 1 de la pandemia, aún cuando en la localidad no había casos sospechosos o se presentaba uno que otro de COVID-19 y hasta se dijo que obligó a la gerente del hospital a "inventar" un par de casos autóctonos para salirse con la suya.
Eso generó la bronca de los comerciantes perjudicados, que no podían abrir sus negocios, y de otros muchos pobladores que sospecharon que lo que en realidad buscaba era que la comisión no avanzara.
Cuando el cuerpo convocó a sesión especial para votar su destitución, el mismo que obligaba a comerciantes a mantenerse en fase 1, no dudó en poner en riesgo la salud de la población y convocó a planilleros a manifestarse en las puertas del edificio donde funciona el cuerpo.
Todo estas acciones dejaron en claro que el intendente comenzó a sentirse acorralado y, por lo tanto, empezó a dar manotones de ahogado a diestra y siniestra.