Asentados: Llevan 150 días en una toma  ilegal y pidieron diálogo

Asentados de ampliación Parque La Vega se manifestaron ayer por el microcentro salteño y llegaron hasta el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Con un nutrido acompañamiento de organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, cerca de las 11, la columna partió desde la plaza 9 de Julio. Alrededor de una cuadra de manifestantes de a pie y encabezados por un grupo en motocicleta, recorrieron la calle España en hora pico. Por lo que la manifestación desfiló ante la atenta mirada de arbolitos, transeúntes y los jubilados que hacían fila para ingresar al Banco Santiago del Estero.

"Con más de 1.800 niños pedimos al gobernador espacios de diálogo para buscar una solución. Hace 150 días pasamos por frío, lluvia, hambre, sin agua ni luz. En esta pandemia hemos sido abandonados a nuestra suerte. El Estado no se hace cargo y niega nuestros derechos", indicó la mujer que lideró la marcha mediante un megáfono. Es decir que hace 150 días se permite una usurpación en Salta.

Con el correr del tiempo, se fueron expandiendo los reclamos de inseguridad y poca salubridad de los vecinos de ese asentamiento ilegal, sobre todo en tiempos de pandemia.

Al reclamo de tierra y viviendas que sostienen los asentados desde hace meses, sumaron ahora el pedido por Yuthiel Alderete, quien lideró la toma de tierras desde el inicio. Con pancartas que lo señalan como un preso político, se pidió por su "inmediata liberación" momento en que los gritos se hicieron más fuertes. "Le adjudicaron causas de reclamos colectivos. Es un ejemplo clásico de criminalizar la protesta social", sostuvo el diputado del partido obrero Claudio del Plá.

Alderete está detenido desde la semana pasada, acusado por delitos de entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación, lesiones leves, coacción, amenazas, coacción agravada y retención indebida. "A partir de once actuaciones iniciadas ante las denuncias radicadas por personas que participaron del asentamiento y vecinos de la zona en su contra", indicaron desde la Justicia.

Las banderas del MTR, el partido Obrero, el Partido Social de los Trabajadores y la organización de Derechos Humanos, Coca Gallardo, acompañaron la marcha. "Estamos participando en solidaridad a las familias, hay muchas que necesitan una vivienda. Sáenz debería ver la posibilidad de darle esos terrenos", indicó una militante del MTR. En Salta, las familias que comente tomas ilegales no pueden acceder a un terreno.

Al llegar al IPV, un puñado de policías cerró filas en las puertas del organismo. Con aplausos, una joven de 26 años que fue mamá adolescente contó que vive con su marido y sus dos hijos, uno de ellos tiene diez años: "Mi marido trabaja independientemente. Antes estaba en mi suegra pero ya no podía seguir ahí", indicó.

Del Plá advirtió que desde hace tres años no hay planes de viviendas. "El último loteo social que se hizo es el de Los Paraísos que se decidió hacer en el 2014 y se entregó en el 2017. Después no hubo más. En este contexto no pueden plantear el problema como penal, es social", aseveró.

Con megáfono en mano, Cristina Foffani dio números en la puerta del IPV: "Hay 72 mil familias sin techo en Salta. Aumentaron los alquileres en un 32 por ciento. Más del 45% de la población es changuera, obligan a las familias sin techo a tener que recuperar tierras ociosas destinadas a la especulación inmobiliaria. Exigimos tierra para vivir y no para especulación. Plan de loteos populares, con acceso universal a todas las familias que lo necesiten", pidió la militante.

Además, del Plá criticó el plan Mi Lote lanzado por el Gobierno provincial: "En abril presentamos un proyecto de ley para gravar a las grandes patrimonios para financiar un plan de viviendas, el Gobierno no presenta ningún plan de financiamiento para que se pueda creer que el lote puede ser una realidad". En cuanto al pedido de los asentados, el legislador de izquierda indicó que los asen tados quieren "al menos lotes con servicios".

 

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