La Corte Penal, con la mirada puesta en Maduro

Una de las críticas más habituales a la Corte Penal Internacional (CPI), que es el único tribunal con competencia internacional permanente para juzgar crímenes de lesa humanidad a nivel mundial, es que ha estado demasiado focalizado en las aberraciones cometidas en África, aunque esta vez tiene la mirada puesta en América Latina.

Los 34 individuos procesados por la CPI hasta el momento son africanos. Para buscar procesos semejantes por crímenes cometidos en otras regiones hay que mirar al Tribunal Penal Internacional para la ex-

Yugoslavia, que estuvo operativo entre 1993 y 2017, y que fue un antecedente clave de la CPI, establecida recién el 1 de julio de 2002.

Sin dudas, hay razones geopolíticas por las que África ha sido más escrutada que América Latina. Pero también es cierto que esta región parecía haber enterrado el terrorismo de Estado luego de la ola democrática de la década de 1980, que puso fin a las dictaduras militares.

No obstante, la magnitud de la tragedia venezolana obligó a la CPI a prestarle más atención a América Latina. Fatou Bensouda, fiscal ante la Corte, anunció que evalúa presentar una acusación formal contra "autoridades civiles y miembros de las fuerzas armadas", tras haber encontrado fundamentos razonables para creer que "al menos desde abril de 2017 (...) han cometido crímenes de lesa humanidad".

Bensouda no necesitó esforzarse demasiado para encontrar esos fundamentos. Dirigentes, periodistas y organizaciones independientes vienen denunciando desde hace años violencia estatal sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanos y líderes opositores. A ellos se sumó el año pasado Michelle Bachelet, que como alta comisionada para los Derechos Humanos reportó también miles de ejecuciones extrajudiciales, además de detenciones arbitrarias, torturas y vejámenes sexuales.

La fiscal está dando recién los primeros pasos. El examen preliminar del caso venezolano se extenderá durante los primeros meses de 2021, y recién entonces se sabrá si abre una investigación, lo que supondrá la búsqueda de nuevas evidencias antes de decidir si finalmente formaliza la acusación. Sea cual sea el desenlace, el comienzo de este proceso es una buena oportunidad para comprender qué es y cómo funciona la CPI, la única herramienta legal que tiene el mundo para juzgar atentados contra la humanidad.

Así surgió

Solo después de la Gran Guerra el mundo empezó a tener conciencia de la necesidad de un marco regulatorio transnacional, para evitar que volviera a repetirse un desastre semejante. Como se sabe, los esfuerzos fueron infructuosos.

Las primeras propuestas se presentaron durante la Conferencia de Paz de París, en 1919. Dos décadas más tarde, la Liga de las Naciones comenzaba a discutir la creación de un tribunal internacional, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.

La Asamblea General de la recién creada Organización de las Naciones Unidas postuló en 1948 la necesidad de crear una corte permanente para lidiar con crímenes de guerra y genocidios, y le encargó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) la elaboración de un proyecto, pero la iniciativa era inviable en el mundo partido en dos de la Guerra Fría, que postergó casi medio siglo cualquier avance en esa dirección.

Recién en junio de 1998, la Asamblea General de la ONU convocó a una conferencia en Roma, que un mes más tarde concluyó con la firma del estatuto que se convirtió en la carta fundacional de la CPI. Fue suscrito por 120 países, aunque muchos no lo ratificaron y algunos de los más importantes terminaron rechazándolo, como Estados Unidos, China y Rusia. La Corte entró en vigencia en 2002 y actualmente tiene jurisdicción sobre 123 países, entre los que están la casi totalidad de las naciones latinoamericanas y europeas.

 

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