Ampliación de la Corte: judiciales critican, mientras que el Senado adelantó la sesión

Aunque parece un hecho que se convertirá en ley la ampliación del número de integrantes de la Corte de Justicia de Salta, ayer se sumaron nuevas voces en contra de esa iniciativa del Ejecutivo provincial: la de los empleados judiciales. A la vez, el Senado adelantó para mañana el tratamiento del proyecto, que llevará de siete a nueve la cantidad de jueces del máximo tribunal, que ya fue aprobado por la Cámara Baja.

En el Senado tenían previsto analizar el proyecto judicial que envió el Gobierno el martes próximo, pero, tras la media sanción en la otra Cámara, se decidió apresurar el llamado a sesión para mañana al mediodía.

También se tratarán los otros dos proyectos que fueron incluidos en el paquete de las sesiones extraordinarias: el de implementación de una moratoria para deudas tributarias provinciales con beneficios para contribuyentes cumplidores y la creación de un régimen simplificado para que los monotributistas paguen el impuesto de actividades económicas junto con sus cargos en la AFIP. Esas dos propuestas tuvieron su aprobación sin mayores inconvenientes en Diputados.

Para explicar los alcances de las leyes económicas, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Dib Ashur, tendrá una reunión con senadores durante la mañana de hoy.

El secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, hará lo propio con el pedido de ampliación de la Corte, ya que el documento del proyecto carece de fundamentos escritos, un punto que generó críticas de la oposición durante el tratamiento en Diputados. "Los ciudadanos esperan respuestas de la Justicia, mayor celeridad en la resolución de las causas y esta medida ayudará a cumplir con esa demanda", expuso Posadas días atrás.

Reclamo

Tras los cuestionamientos que presentaron desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis), que giraron en torno a la posible dependencia al poder político de los jueces que se puedan nombrar, y a los planteos en ese sentido que se escucharon el martes de los diputados, que también advirtieron sobre los costos para el erario público que puede significar sumar nuevos magistrados, ayer se paró en la misma vereda la Agremiación de Empleados Judiciales y Ministerio Público.

"Lo que nosotros vivimos en las mesas de entradas, tomando declaraciones indagatorias y siendo sumariantes de los expedientes es que la sociedad reclama la necesidad de poder tener una Justicia que resuelva las cosas más rápido y ahora vemos que la prioridad de la política es ampliar el número de jueces cuando la sociedad tiene otros reclamos", explicó a El Tribuno Oscar Lafuente, secretario general del sindicato judicial.

"Hay elementos ya dados por parte del Estado en cuanto a poder generar parte de ese camino para resolver las cosas en menos plazos en la Justicia. Hay como 16 juzgados que están creados por ley y lo mismo sucede con algunas dependencias del Ministerio Público que todavía no entran en funcionamiento porque no tienen ni presupuesto y tampoco personal designado", advirtió el dirigente.

También razonó que "el discurso de tener más jueces para tener una visión más plural, más técnica en la Corte deja mucho que decir sobre los actuales integrantes del tribunal".

Finalmente, consideró que "el objetivo principal del Gobierno es tener un número de jueces de acuerdo al poder político de turno, que aunque tienen el derecho de hacerlo no es lo que la sociedad reclama día a día y eso se ve en los fueros judiciales", afirmó Lafuente, quien, por otra parte, declaró a su gremio en "estado de alerta y asamblea permanente" en reclamo de aumentos salariales.

En posición contraria, el vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, José Ibarra, dijo que la ley es para "agilizar la gran cantidad de causas que se encuentran pendientes de resolución en el más alto tribunal".

Sin reproches

“La modificación de la ley del Poder Judicial, ampliando el número de jueces de la Corte de Justicia de Salta, no merece ningún reproche. Por el contrario, es necesaria a fin de agilizar la gran cantidad de causas que se encuentran pendientes de resolución en el más alto tribunal y servirá para oxigenarla con personas de diversa ideología”, expresó el senador José Ibarra.
“La división en salas también debe ser considerada al momento de valorar positivamente la decisión del gobernador porque los 9 miembros, divididos en salas por temáticas específicas, garantizan que la persona que busca respuestas de la Justicia pueda tener una respuesta oportuna. A nadie le escapa que las causas en la Corte de Justicia demoran más de un año promedio, lo que resulta inadmisible. Hay que confiar en que estos cambios mejorarán el sistema judicial”, señaló el legislador.
 

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