Debo confesar que, aunque no lo voté, Alberto había comenzado a caerme simpático. La firmeza y la serenidad con la que se dirigió al país en los momentos iniciales de esta crisis pandémica transmitieron a los ciudadanos la sensación de estar en buenas manos. Inclusive una publicación no sospechada de “albertista” (la revista Noticias) puso en su tapa la foto del Presidente vestido como Superman: “SuperAlberto” fue el título. Quizá fue allí donde el Ángel (si no lo recuerdan es el segundo nombre del presi) comenzó su caída. Por Dios! no vayan a creer que lo estoy comparando con el episodio bíblico (Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-19) de la caída de Lucifer. Pero lo cierto es que parece que se creyó lo de SuperAlberto y su discurso, de firme y sereno, pasó a autoritario y demagógico. El domingo pasado dejó de hablar en nombre de la sociedad toda o de su propio gobierno, reemplazó el “nosotros” por el “Yo” con mayúsculas: “(Yo) Voy a ser duro con quienes especulen y despidan gente”.
¿Se habrá convertido Ernesto Laclau en su filósofo de cabecera, como lo es de Cristina Kirchner? Aquel filósofo que en su libro “La razón Populista”, siguiendo a Maquiavelo y a Umberto Eco, habla de la necesidad de “construir un enemigo”. “Todo el mundo necesita tener un enemigo”, nos dice Umberto Eco, “Y si no existe el enemigo hay que inventarlo, es una figura imprescindible, un antagonista que nos permite definir nuestra identidad y medir nuestro sistema de valores”.
En este caso, el enemigo elegido por Alberto son los “miserables” empresarios. Pero el grave error es que en su diatriba no formula la necesaria, imprescindible, distinción de los empresarios pyme y micropyme que yugan a la par de sus trabajadores, de aquellos impersonales de la gran empresa y de las multinacionales. Confunde a Paolo Rocca con Giuseppe Laborante, italianos ambos, pero uno dueño de una multinacional con 17.000 trabajadores y el otro de un tallercito con dos ayudantes.
En la improvisada legislación que se está dictando no se advierte que la pequeña empresa no tiene espaldas ni para aguantar una quincena. Agobiada por un sistema impositivo regresivo y una presión fiscal creciente, por el flagelo de la inflación, por una legislación laboral incoherente, exhausta por alquileres impagables... Al momento de escribir esta nota el Ministerio de Trabajo habría dictado la Resolución N° 270 (aún no publicada) que quita lo poco que les había dado a las empresas (eximición de cargas sociales) y prolonga la licencia paga eternamente hasta que termine la emergencia.
La crisis pone al desnudo la obsolescencia de nuestro sistema de Seguridad Social. En la mayoría de los países occidentales los salarios de la enfermedad están a cargo de la Seguridad Social, hay Fondos de Garantía Salarial y los sistemas de Seguro de Desempleo también se activan con mayor eficacia en crisis.
El poner en cabeza de las pymes esta gravosa obligación significa lisa y llanamente llevarlas a la cesación de pagos. Les resultará menos gravoso “tirar la toalla” no pagándole a nadie y postergar a futuro las consecuencias de su quiebra o concurso. Con eso el gobierno habrá logrado un efecto inverso: habrá destruido los millones de puestos de trabajo que, esforzadamente, mantienen las pequeñas empresas. 
Tampoco pueden las empresas aplicar despidos o suspensiones desentendiéndose de la suerte de sus empleados. Pienso que en esta coyuntura, deben aplicar dos criterios: 1. Esfuerzo compartido y 2. Compensación a futuro.
1. La teoría del esfuerzo surgió en el 2002 cuando la Corte Suprema estimó que la cuota de sacrificio que debían soportar ambas partes, debía radicar en la distribución igualitaria de la brecha entre el peso y el valor del dólar libre. Es decir que ante casos fortuitos o de fuerza mayor debe distribuirse el sacrificio. Por eso pienso que los salarios de la “licencia especial” no pueden estar íntegramente a cargo del empleador, sino que deben ser completados con el aporte del Estado, los trabajadores y los sindicatos. Es mera demagogia establecer que los trabajadores que gocen de esta licencia especial percibirán íntegramente su remuneración habitual. ¿Acaso son ajenos a la crisis? ¿Pueden descansar y cobrar sin contribuir al sacrificio social?
El Estado no puede tirarles toda la carga a los empleadores. Además, tiene una deuda histórica: todas las empresas pagan mensualmente el 1,5 del total de las remuneraciones con destino al Fondo Nacional de Empleo. Hace 30 años que los gobiernos se quedan con esa recaudación, pero en la prestación de desempleo no erogan ni el 10%. Esos recuerdos debieran ser aportados por el gobierno ante la crisis.
2. Compensación a futuro. Es una iniciativa que existe en otras legislaciones (Perú, España), pero no en la nuestra. Consiste en que el empleador brinde una retribución en estos momentos, pero a condición de que será compensada (en días o en horas) cuando se normalice la situación. En España, hace dos días se aprobó el “permiso retribuido y recuperable” como medida excepcional que regirá hasta el próximo nueve de abril. La medida pretende que todos los trabajadores que no tengan una actividad esencial permanezcan en confinamiento por el coronavirus. Cobrarán el salario como cada mes, pero cuando se acabe el estado de alarma deberán recuperar dichas horas antes del 31 de diciembre. En esta pandemia aprendimos mucho de lo que España no hizo, o hizo, pero tarde. Quizás sea momento de copiar también las mejores respuestas que el viejo continente ofrece a sus fuerzas productivas.
 

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