A tres meses del primer procedimiento de Gendarmería en el que se incautaron caños robados al Gasoducto del NEA, para su reventa ilegal, Aguaray despertó ayer con un allanamiento en las oficinas de ese municipio norteño.
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A tres meses del primer procedimiento de Gendarmería en el que se incautaron caños robados al Gasoducto del NEA, para su reventa ilegal, Aguaray despertó ayer con un allanamiento en las oficinas de ese municipio norteño.
Ante una comunidad sorprendida, gendarmes registraron el edificio comunal en busca de documentación relacionada con el acuerdo que el intendente Jorge Federico Prado cerró con la empresa OSIP SA, a fines de 2019. Ese instrumento permitió a la citada firma mendocina adueñarse de los tubos de 24 pulgadas que adquirió el Estado nacional.
La medida se cumplió bajo reservas, un día después de que El Tribuno advirtiera que los caños, que valen 5.000 dólares cada uno, se venden por $150.000, en el mercado negro, como comederos de vacas y para su uso en obras de agua, riego y alcantarillado. Este diario también hizo notar que por los secuestros de caños concretados el pasado 7 de febrero (en Aguaray y Tonono) y el 14 de abril último (en General Mosconi y El Desemboque) no hubo hasta ahora un solo detenido ni imputado.
Por lo poco que trascendió hasta anoche, el allanamiento a las oficinas municipales de Aguaray fue requerido por el fiscal federal general, Eduardo Villalba, en medio del temblor que sacudió al fuero federal de Orán luego de que el juez Gustavo Montoya criticara el desempeño de la Fiscalía a cargo de José Luis Bruno en el caso.
Según fuentes confiables, más medidas de prueba están en camino.
En la sesión de ayer de Diputados, el presidente del bloque del Frente de Todos, Jesús Ramón Villa, cuestionó la actuación de la Justicia Federal de Orán e instó a sus pares a tratar el proyecto de intervención que impulsó en febrero. El legislador de Rivadavia pidió el tratamiento de la ley, en extraordinarias, tras el secuestro de los primeros 30 caños en Aguaray y el paraje Tonono.
En esos procedimientos, uno de los choferes de los camiones que los transportaban exhibió un remito donde figuraba que los tubos tenían como destino declarado la planta de Co-Marfil, una empresa de Quilmes (Buenos Aires) que vende productos elaborados en metal. El principal respaldo de esas cargas fue la resolución municipal 1215/19, dictada por el intendente de Aguaray el 23 de diciembre de 2019. A través de ese instrumento, Prado autorizó a OSIP SA, empresa creada a fines de 2018 por el mendocino Diego Andrés Alos, a remover los caños de la inconclusa obra del Gasoducto del NEA y sacarlos de la provincia, bajo el rótulo de material en desuso contaminante. De esa forma, la red ilícita que revende los caños que pertenecen al Estado burló controles policiales y de Gendarmería en una cantidad de viajes que aún se desconoce.
Ante la maniobra destapada en Aguaray, el 9 de marzo el Concejo Deliberante de esa localidad pidió informes al Ministerio de Ambiente de la Nación y a la Fiscalía Federal de Orán. En ese pronunciamiento, el cuerpo que preside Guillermo Alemán denunció que la resolución 1215/19 de Prado nunca se publicó en el Boletín Oficial. También aclaró que la carta orgánica prohíbe al Departamento Ejecutivo ceder, transferir o enajenar bienes de ese municipio sin previa autorización del Concejo. En este punto, el cuerpo de ediles remarcó que la correspondiente ordenanza, para ser válida, debería contar con los votos de los dos tercios del Concejo.
Aunque la situación del intendente es más que comprometida, porque los caños robados ni siquiera son de su municipio, sino de la Nación, Prado dijo ayer, a través de los micrófonos de Radio Esencial, estar "muy contento de que se haya hecho el allanamiento a la Municipalidad. Yo -agregó- solo hice una resolución que autorizaba el retiro de pasivos ambientales a una empresa".
Prado: “Los culpables están en Aguaray”
Ayer, tras el allanamiento a las oficinas del Municipio de Aguaray, el intendente Jorge Prado afirmó que el próximo lunes, con los papeles que tienen sus abogados, responderá a los pedidos de informes del Concejo de su localidad. “Acá hay culpables y no están en Aguaray”, sostuvo el jefe comunal y aclaró que, después de los cargamentos de caños frustrados el 7 de febrero “vinieron otros allanamientos de caños en Tartagal y Mosconi”.
En esos términos, Prado pasó la pelota a otras administraciones comunales del departamento San Martín por los 161 caños que se secuestraron en los allanamientos realizados el pasado 14 de abril en General Mosconi y en el paraje El Desemboque.
No es la primera vez que Prado insinúa responsabilidades que trascienden a su municipio en el saqueo del Gasoducto del NEA. Por anteriores declaraciones suyas, el Concejo Deliberante de Aguaray también solicitó en los pedidos de informes aprobados el 9 de marzo “copias a los intendentes del departamento San Martín de las resoluciones ya firmadas autorizando la extracción de la empresa OSIP SA en sus jurisdicciones”.
Desmentida de una firma
Adrián Mercado, titular de la conocida empresa de subastas homónima, desmintió a los dos choferes que el pasado 14 de abril, durante el procedimiento realizado en Mosconi, dijeron que habían sido contratados por esa firma. “Desmiento categóricamente esa falsedad”, manifestó Mercado, tras aclarar que su empresa no tiene vinculación alguna. “Esas falsedades nos causan un enorme perjuicio moral y económico”, expresó.