En tres meses se entregaron 97 mil bolsones alimentarios

Desde el pasado 10 de febrero, cuando se inició la entrega de las ayudas financiadas por la Nación en el marco de la emergencia sociosanitaria del norte, 21.770 familias en situación de riesgo nutricional recibieron asistencia alimentaria focalizada en 21 municipios de Salta.

Según registros oficiales, hasta el pasado viernes, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia llevaba distribuidos 66.325 módulos en 400 parajes de siete departamentos.

Aunque el estado de emergencia se declaró para Rivadavia, San Martín y Orán el 29 de enero, tras el aislamiento social obligatorio que se dispuso para aplacar los contagios del nuevo coronavirus la asistencia crítica se extendió a comunidades originarias y grupos criollos de Los Andes, Anta, Metán y Molinos.

El acceso prioritario a los módulos focalizados, que incluyen 28 unidades de 17 productos de la canasta básica, está establecido para familias en situación de vulnerabilidad con niños de hasta 7 años inclusive, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

A la par, en los 23 departamentos de la provincia se distribuyeron 26.450 módulos de emergencia, cuya compra también cubrió el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de convenios enmarcados en los planes de Seguridad Alimentaria y Argentina contra el Hambre. Por uno de esos acuerdos, que suscribió el gobernador Gustavo Sáenz con el ministro Daniel Arroyo el 14 de enero, el Gobierno nacional transfirió a fines de ese mes $324.800.000 para la adquisición de 160.000 módulos para asistencia alimentaria focalizada. Diez días después, la ministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, rubricó con la secretaria de Inclusión Social de la Nación, Laura Alonso, otro convenio por $20.000.000 para la compra de 21.000 módulos alimentarios de emergencia. Estos últimos bolsones contienen 11 unidades de diez productos esenciales.

Los módulos para asistencia focalizada tenían previsto un costo unitario de $2.030, pero en los procesos de contratación abiertos en febrero la Provincia los adjudicó a un precio promedio de $1.987. A su vez, el valor de los módulos de emergencia estaba presupuestado en $952, pero los precios de adjudicación promediaron en $653. Los proveedores que se quedaron con las contrataciones fueron Mallid Chehadi y Mario Gerala.

Por las diferencias entre los precios de convenio y de adjudicación, en la cuenta oficial del Banco Macro quedó un remanente de $13.237.600.

Con parte de esos fondos, la cartera de Desarrollo Social adquirió otros 7.000 módulos de emergencia que empezaron a distribuirse en los últimos días. Otra parte del remanente continúa depositada en espera de que se autorice la compra de otra partida de módulos para asistencia focalizada.

El foco de la ayuda

En Santa Victoria Este, municipio en el que alrededor de 130 comunidades de las etnias wichi, toba, chorote, tapiete y chulupí conviven con grupos criollos en condiciones de pobreza extrema, se entregaron 14.536 módulos focalizados en los últimos tres meses.

Desde comienzos de año esa comuna del departamento Rivadavia sacudió a la comunidad internacional con la muerte de 13 niñas y niños de menos de cinco años por causas asociadas con la desnutrición, la falta de acceso a agua segura y al saneamiento y enfermedades de transmisión hídrica.

Desde poco antes de la declaración de la emergencia sociosanitaria, ese olvidado rincón del Chaco salteño movió un inusual despliegue humanitario de Unicef, la Cruz Roja y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas por la mayoría de los 25 decesos infantiles que hoy investiga la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot.

Entre los municipios con mayores entregas de módulos focalizados también resaltan Tartagal (11.751), Embarcación (9.317) y Pichanal (7.882). Les siguen Rivadavia Banda Norte (4.490), Aguaray (3.984), Salvador Mazza (3.274), Rivadavia Banda Sur (2.261), General Mosconi (1.966), Urundel (1.296) y Ballivián (1.167).

Módulos de emergencia

En la entrega de los módulos alimentarios de emergencia adquiridos con fondos nacionales, la participación está encabezada por San Martín (4.050), Orán (3.500) y Rivadavia (2.250), al cabo de tres rondas de distribución completadas y la cuarta iniciada el pasado lunes.

Entre los departamentos del interior siguen Anta (1.900), Santa Victoria (1.200), Metán (1.200) y Cerrillos (1.000). Capital, con 2.500 módulos, aparece relegada. Al respecto, ante una consulta de este diario, desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que entre el pasado 20 de marzo y el jueves último se entregaron en barrios de la capital salteña otros 4.455 módulos alimentarios de emergencia a través de la Dirección de Asistencia Crítica del organismo.

Con 6.955 módulos en la cuenta final, la participación del departamento capitalino se acerca al 22,5% y la suma de los 23 departamentos totaliza 30.905 módulos de emergencia entregados. La cifra global incluye 9.000 módulos que adicionó la Provincia con recursos propios.

Planteos legislativos

Aunque las entregas de módulos focalizados prácticamente duplicaron a las del año pasado, legisladores de los bloques opositores reclaman que las entregas se aceleren y amplíen a grupos que están severamente afectados por la crisis del COVID-19.

El presidente del bloque de diputados del Partido de la Victoria, Jesús Ramón Villa, afirmó: "La asistencia alimentaria no está llegando a muchas familias que hoy la necesitan con desesperación". El legislador de Rivadavia presentó el mes pasado un pedido de informes en el remarcó que, a fines de enero, la Nación giró $324.800.000 para la compra de 160.000 módulos, de los que hasta ese momento se llevaban entregada una cuarta parte. En ese contexto, el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio González, señaló que dificultades de abastecimiento y de logística, inundaciones, caminos intransitables y las restricciones dispuestas ante el avance de la pandemia incidieron en las rondas de entregas.

Insisten por asistencia alimentaria

Muchas familias, comedores y merenderos necesitan la ayuda como nunca.

Con la atención del Gobierno provincial puesta en la asistencia alimentaria de los municipios declarados en emergencia, distintos referentes de la oposición solicitaron que se amplíe y acelere la entrega de los bolsones adquiridos con fondos nacionales. 

El pasado 22 de abril, Nora Giménez, senadora nacional del Frente de Todos, elevó notas a la Vicegobernación y al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia solicitando que la ayuda alimentaria se extienda a familias en situación de vulnerabilidad que no la reciben, como así también a los comedores y merenderos a los que asisten en la capital provincial, Colonia Santa Rosa y Pichanal, entre otros municipios. La legisladora nacional remarcó que los pedidos fueron acompañados con listados precisos -con nombre, documento y domicilio de cada familia necesitada- e ingresaron al Ejecutivo bajo el expediente 234/92734.

Los listados fueron elaborados por los equipos técnicos de la senadora, que meses atrás ya habían identificado esos casos de pobreza extrema. Tras varias semanas de cuarentena, su la situación de inseguridad alimentaria se agravó.

Sin respuestas, el pasado viernes, a un mes del pedido original, la legisladora presentó una nota de insistencia dirigida al gobernador Gustavo Sáenz.

Giménez también solicitó asistencia con bolsones alimentarios para trabajadores de la cultura (actores, músicos, artesanos) afectados por la cuarentena. El pedido original ingresó al Ministerio de Educación y Cultura el 27 de abril, y fue ampliado la semana pasada con un listado de 1.500 artistas y artesanos de la capital salteña, Metán y Cafayate que precisan, como nunca, de la ayuda alimentaria.

Niños de Ballivián llevan en un carro los módulos alimentarios para sus familias.

Reclaman una comisión bicameral de seguimiento

El proyecto de ley del diputado Zapata está trabado desde enero.

El diputado Carlos Zapata reclamó una urgente ampliación de la asistencia alimentaria focalizada. El legislador también insistió en la necesidad de conformar una comisión bicameral de monitoreo y seguimiento de los fondos y recursos destinados a atender la emergencia sociosanitaria del norte. “Los aportes de la Nación parecen resultar insuficientes, no se conocen detalles claros de las acciones desplegadas ni indicadores de la evolución los índices de nutrición y mortalidad infantil”, puntualizó Zapata. Recordó que el proyecto de ley está trabado desde enero porque el oficialismo sostiene que la Auditoría General controla. “La Auditoría produce informes que llegan cuatro años después y lo que se necesita es un control concomitante, porque de nada servirá que en septiembre nos encontremos con que los bolsones no alcanzaron, que murieron más chicos y que todo sigue igual”, aclaró.

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