Para Nación son inconstitucionales los superpoderes de la Policía

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo por casos de violencia institucional en Salta.

"Es un hecho histórico que desde la Nación se intervenga directamente en materia de derechos humanos en la provincia", dijeron los abogados de Hijos Salta y de la Asociación de Pensamiento Penal (APP).

La solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La acción fue presentada ante el Poder Judicial provincial por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski.

A través del escrito se promueve una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, debido a los graves hechos de violencia policial que se vienen denunciando en el territorio provincial.

 

En términos concretos, "el pedido es para que cesen las detenciones y las actividades de la Policía por considerarlas ilegales e inconstitucionales", dijo desde APP, Martín Plaza.

 

El letrado calificó al trámite de "histórico". "Desde las organizaciones de derechos humanos de Salta celebramos este pedido porque es un hecho histórico. Antes, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación intervenía en causas de lesa humanidad. Hoy con el caso de la provincia de Chubut hace casi dos meses y ahora el de Salta, es para destacar esta intervención directa para una mejor ciudadanía", concluyó Plaza.

Entre las numerosas denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia, se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el decreto provincial N§ 255/2020, que se dictó por el aislamiento social preventivo por la pandemia del coronavirus. La Nación plantea que este marco regulatorio provincial, que ahora tiene fuerza de ley, se alejan de los fines del decreto nacional N§ 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del COVID-19.

Gury Farfán, Cristian Gallardo, Nahuel Salvatierra, Martín Carreras y David Alfonso son algunas de las víctimas de los excesos policiales. Por el tema se conformó un grupo de padres que se autodenominaron Comisión de Familiares Contra el Gatillo Fácil.

 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se tomó en cuenta el informe sobre violencia institucional que presentaron el miércoles pasado las organizaciones Hijos Salta y la Asociación de Pensamiento Penal (APP), con 17 denuncias de abusos por parte de la Policía. Estos casos se registraron tras la sanción del DNU 255, en plena cuarentena.

En el texto de la presentación de la Nación se transcriben algunas de las denuncias recibidas y los funcionarios advierten que los hechos descriptos no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial y de la "constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3§ inciso 1§ de la ley 23.098".

Por tal motivo, desde la Secretaría se solicita la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial N§ 255/2020 y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y a abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos. La solicitud está fundada en las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante las acciones necesarias para proteger a los ciudadanos y ciudadanas y de esta forma evitar sanciones por incumplimientos de tratados internacionales con rango constitucional.

La demanda de la Nación se da en la misma semana en la que se presentó una exhaustiva auditoría que deja al descubierto la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos. El informe indica que, de un total de 2065 causas ingresadas en todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de los expedientes en total). Por esta razón, el procurador Abel Cornejo dispuso que se inicie un sumario administrativo para a su titular, Gustavo Vilar Rey y reemplazarlo por la fiscal Verónica Simesen de Bielke.

Hasta 60 días de arresto y multas

El planteo del Gobierno de la Nación es por el DNU 255, que se convirtió en ley porque cumplió más de 90 días sin que la Legislatura lo analizara o debatiera su continuidad. 
Este instrumento creó el Régimen Especial Sancionatorio, que establece hasta 60 días de arresto, multa monetaria y retención de vehículos a quienes no respeten la cuarentena por la emergencia sanitaria. Además, establece que, para estos casos, actuará como juez el jefe de la Policía
Según el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley un decreto debe ser aprobado por la Legislatura. En caso que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere carácter de ley. Los legisladores de ambas cámaras fueron cuestionados por no darle tratamiento.
 

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