El Gobierno de la Provincia firmó convenios de colaboración con los municipios de Joaquín V. González y Rosario de la Frontera para que puedan efectuar acciones en defensa de los derechos de los consumidores. Los escritos establecen el traslado de facultades a las comunas y la cooperación técnica con la Secretaría de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia.
"Estamos dando un paso más en la visión de esa Salta federal que queremos construir y que el gobernador, Gustavo Sáenz visualizó. Lo primero que pensamos fue cómo se acerca este servicio a cada uno de los 60 municipios para proteger a los ciudadanos y estos convenios son la materialización de esa idea", indicó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada quien rubricó los documentos con los intendentes de Joaquín V. González y Rosario de la Frontera, Juan Domingo Aguirre y Gustavo Solís, respectivamente.
LE PUEDE INTERESAR
En la oportunidad, Villada recordó a la comunidad que recientemente la Secretaría de Defensa del Consumidor puso en funcionamiento una plataforma digital a la cual ciudadanos de toda la provincia pueden acceder en busca de respuestas a consultas comunes, enviar denuncias y estar en contacto con el organismo estatal de forma remota. "Es una herramienta más que se suma a la federalización de políticas públicas", aseguró.
Por su parte, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, indicó que decisiones que buscan beneficiar a la ciudadanía tienen que ver con "un Estado presente y dinámico" que entendió que la lógica administrativa evolucionó y que implica también el desarrollo de dispositivos que tienen que ver con la demanda ciudadana. En caso de Rosario este trabajo colaborativo entre Provincia y municipio viene a completar un proceso de institucionalización en un contexto de crisis ocasionado por la pandemia mundial del COVID-19. A través de esos acuerdos cada municipio podrá recibir las denuncias de los ciudadanos, realizar audiencias conciliatorias, supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor a través de inspecciones a comercios, siempre en coordinación con el organismo provincial. También podrán controlar y vigilar el cumplimiento de la ley 22802 de lealtad comercial con respecto a hechos que afectan al comercio local.
