La reforma judicial anunciada por el presidente incluye un proyecto de ley para crear juzgados federales en todo el país, aunque el nudo está puesto en aumentar el número de jueces en Comodoro Py, donde se centralizan las causas de corrupción que involucran a magistrados y funcionarios; al mismo tiempo se crea una comisión para que elabore durante nueve meses un proyecto de reforma global de la Justicia Federal. Y existe entre la dirigencia oficialista más cercana a la vicepresidente un propósito explícito por llevar a quince el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia.
inicia sesión o regístrate.
La reforma judicial anunciada por el presidente incluye un proyecto de ley para crear juzgados federales en todo el país, aunque el nudo está puesto en aumentar el número de jueces en Comodoro Py, donde se centralizan las causas de corrupción que involucran a magistrados y funcionarios; al mismo tiempo se crea una comisión para que elabore durante nueve meses un proyecto de reforma global de la Justicia Federal. Y existe entre la dirigencia oficialista más cercana a la vicepresidente un propósito explícito por llevar a quince el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia.
La iniciativa nace con una fragilidad de origen. Alberto Fernández viene asegurando que no puede distraerse con los problemas económicos porque la pandemia lo obliga a concentrar sus esfuerzos en la política sanitaria; no se entiende, entonces, cómo se puede justificar la oportunidad elegida para esta tan delicada reforma.
El éxito relativo y provisorio alcanzado por el Gobierno con la cuarentena obedeció a la disciplina de la sociedad, que aplaudió los gestos de tolerancia del presidente en las etapas iniciales de la pandemia.
Pero la Argentina no solo soporta una etapa de incertidumbre generada por el COVID-19, sino que experimenta la certeza de que los riesgos para la economía son grandes, que las consecuencias pueden ser desoladoras y que nadie explica cuál será el camino de salida. La información oficial permite proyectar para este año una emisión monetaria solo comparable a la que se registraba en los años de la hiperinflación, y que se aproximaría a los 2.3 billones de pesos. Una emisión sin respaldo es una aventura que se agrava cuanto mayor sea la cantidad de dinero creado. Los indicadores de la caída de la actividad económica ya alcanzan niveles históricos y crece la desconfianza entre los inversores, un punto clave para que la reactivación sea posible.
Es urgente la definición de un plan económico. Y nada será posible sin una solidaridad social sustentable y despojada de dogmas ideológicos.
Reformar la Justicia Federal supone intervenir en un escenario donde lo perentorio es despolitizar el tratamiento de los expedientes. La política no puede actuar hoy como si nada estuviera pasando. La convocatoria a la comisión de abogados que asesorarían esta reforma está lejos de reunir las condiciones de la pluralidad democrática.
En primer lugar, no se puede descalificar a las opiniones críticas, como lo hizo el presidente. Y no se puede suponer, como también dijo, que los jueces son susceptibles a la opinión de la prensa. Todo indica, con abundantes evidencias, que las presiones e influencias provienen del poder político.
En esa comisión figuran el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, letrados que asesoraron a otros funcionarios procesados y activos militantes de Justicia Legítima. De los 11 miembros, solo tres tienen trayectorias ajenas al oficialismo. Todos fueron seleccionados personalmente por el Gobierno, es decir, sin brindar las garantías de ecuanimidad y equilibrio que requiere una decisión institucional de semejante envergadura.
La Justicia empezará a funcionar con normalidad cuando los gobiernos obren correctamente y tomen la distancia que corresponde.
En febrero, Fernández retiró del Senado 198 pliegos para jueces, fiscales y defensores elevados al Senado por el gobierno de Mauricio Macri. Por razones exclusivamente políticas, se echó por la borda el trabajo del Consejo de la Magistratura. La mayoría de los cargos siguen vacantes o subrogados.
Una verdadera demostración de transparencia sería erradicar de los tribunales a los operadores políticos. Estos personajes, que trabajan para oficialistas, opositores o imputados poderosos, tienen como única función negociar, presionar y condicionar los expedientes. No es la prensa, por cierto.
La Justicia está en el foco de la tormenta, pero también lo están el Congreso, la política y todos los organismos del Estado. Cualquier cambio debe hacerse con transparencia y sin apuros. Como en muchas otras áreas, antes que nuevas reformas, lo que hace falta son gobernantes, magistrados, funcionarios y legisladores que respeten la letra de las leyes y el espíritu de la república.