El escándalo del diputado Chibán pasó a la Justicia Federal

La investigación de oficio que inició la Ufisur del Ministerio Público Fiscal de la Provincia por posible violación del diputado Héctor Chibán a la cuarentena dispuesta para impedir la propagación de la COVID-19 pasó a la Justicia Federal. El incidente se había registrado en el expeaje Aunor ubicado en una ruta nacional.

Las actuaciones de oficio contra el diputado, por posible delito de violación a las medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, previsto y reprimido por el artículo 205 del Código Penal, en perjuicio de la salud pública, fueron iniciadas por la Unidad Fiscal de Zona Sur, a través de los fiscales María Eugenia Guzmán y Juan Marcos Ezequiel Molinati.

Por tratarse además de un incidente registrado en el expeaje Aunor ubicado en una ruta federal, remitieron la investigación a la Justicia Federal.

La causa con la declaración de incompetencia provincial ingresó a la Justicia Federal el 13 de julio con algunas testimoniales y el 16 de julio quedó en manos del fiscal Francisco Snopek, quien pidió informes al COE, pero estos aún no fueron enviados.

Desde esta área de atención inicial, como diligencia preliminar se notificó el 17 de julio a Chibán a través de Gendarmería Nacional y su defensa tuvo acceso al expediente.

La Fiscalía Federal tiene un plazo de 15 días, que se cumplirían esta semana, para definir si dictamina una imputación.

Por otra parte, las denuncias que Chibán realizó contra funcionarios que cumplían con su deber, la ministra de Salud Josefina Medrano y el médico Sebastián Llachs, fueron archivadas y el Tribunal de Impugnación confirmó el archivo.

El legislador quedó bajo la lupa de la comunidad y de la Legislatura por haber tomado contacto en el expeaje Aunor el domingo 24 de mayo con un hijo que volvía de Buenos Aires, una zona de alto riesgo de la COVID-19, y por haber asistido el martes siguiente a la reunión que realizaron en el recinto los diputados con funcionarios del Ejecutivo sin medir eventuales consecuencias para la salud de terceros.

Al hijo no lo dejaban ingresar a Salta por dudas sobre la documentación que había presentado. En su informe, el médico Jorge Llachs ratificó que el diputado tomó contacto con el hijo al estar juntos en un vehículo y que, tras informar de la situación a la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS), se le indicó que por estar en contacto estrecho con persona proveniente de zona roja debía hacer cuarentena.

Informó, además, que al ser informado sobre esta disposición, la reacción de Chibán fue "con violencia verbal" hacia su persona y se retiró de la base Aunor en su vehículo "no permitiendo" la efectiva notificación de la cuarentena.

En las redes sociales Chibán se consideró "perseguido político" y recién una semana después del episodio comunicó a la presidencia de la Cámara Baja que se encontraba en "cuarentena voluntaria".

Luego de enfrentar una ola de cuestionamientos, Chibán difundió resultados de un estudio que indicaba que no tenía COVID-19. Sin embargo, los médicos aclararon que no había pasado el tiempo necesario para que el análisis tuviera validez.

Mientras tanto, la comisión especial que se creó en la Cámara Baja provincial, integrada por 9 miembros y que tenía una semana para emitir dictamen, una vez constituida, sigue sin resolver sobre la conducta "de quien a prima facie habría violado la cuarentena".

Así fundamentó el diputado Enrique Sansone al momento de plantear una cuestión de privilegio contra Chibán y mocionar que se arme la comisión investigadora.

La cuestión de privilegio es una herramienta que se utiliza en el ámbito parlamentario para que se proceda a constatar la conducta de un legislador y se adopte una decisión de tipo política o disciplinaria.

Integran la comisión los diputados Germán Rallé, Gonzalo Caro Dávalos, Marcelo Oller Zamar (Justicialista Sáenz Conducción), Laura Cartuccia, Andrés Suriani (Salta tiene Futuro), Franco Hernández, Gladys Paredes (Frente para la Victoria), Matías Monteagudo (UCR) y Manuel Godoy (Justicialista).

Chibán volvió el 9 de junio al recinto legislativo después de la polémica que protagonizó.

A través de una extensa nota, que de alguna manera constituyó un adelanto de descargo y que leyó en el recinto, relativizó las denuncias en su contra y aseguró que "en todo momento obró respetando la ley y conforme a las indicaciones que me diera el personal sanitario y policial".

 

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