Justicia, política y crisis moral

Los argentinos están desde hace tiempo decepcionados con la actuación de la administración de justicia, en particular con los jueces y fiscales.

¿Tienen razón en sentirse defraudados?

Nadie puede negarlo, los juicios tienen en general una duración exorbitante, la justicia argentina es cara y es lenta, al extremo de poder afirmarse que ya no es justicia.

Si bien esta situación no es una realidad reciente, sino que lleva mucho tiempo de deterioro, lo cierto es que, en los últimos años, es decir recientemente, se ha producido un quebranto absoluto, gravísimo del funcionamiento de la institución, por el avasallamiento que se ha llevado desde otros factores de poder y no sólo, aunque principalmente, por parte del poder político.

Se han producido verdaderos atropellos, sobre la función de administrar justicia en general, y sobre jueces y fiscales en particular, que han tenido el efecto de procurar y obtener la más grave lesión a la institucionalidad, es decir la demolición del sistema republicano de gobierno, como lo es el seducir y corromper a quienes tienen la eminente tarea de hacer justicia, para lograr la impunidad de quienes ostentan poderes y privilegios por sobre la grandísima mayoría de ciudadanos comunes.

Ya no es sólo la justicia lenta o prácticamente inalcanzable lo que desvela e indigna al ciudadano, sino la mayor contradicción de un sistema judicial, que es consagrar la impunidad a ojos vista, con descaro y con insolencia hacia quienes deben rendir ese sagrado ministerio para el que fueron elegidos, por servir a los intereses espurios de quienes se burlan de una mayoría, que contempla desprotegida e impotente ese latrocinio.

Sin duda, con auténticas y legítimas excepciones. Hay jueces, fiscales y defensores oficiales que luchan cada día por cumplir fielmente con el mandato que se les ha dado de ofrecer ese bien superior de las personas, que es el obtener la satisfacción de una sentencia diligente y justa.

Y que, por consiguiente, sufren más que nadie la impudicia de aquellos desleales a la ley. Luchar desde ese lugar, soportando esa compañía indigna, y sentirse alcanzado por la crítica justa pero generalizada, es el martirio al que son sometidos jueces, fiscales y funcionarios judiciales que honran su cargo. La generalización es también otra injusticia.

Pero, ¿cómo ha sido posible llegar a semejante grado de inmoralidad y de corrupción?

Porque solo indagando en la raíz de tamaña calamidad, se ha de poder hallar el camino a su destierro.

En mi opinión, el germen de la decadencia que asola a la Argentina, y que no está limitada a la administración de justicia, sino que padecen todos los ámbitos de la vida social, política y todo tipo de relaciones públicas y privadas, es la ya incontenible decadencia moral, que parece no tener linde donde detenerse.

Porque no son las instituciones las que carecen de eficacia, no son las leyes las que motivan una mala justicia. Me atrevo a asegurar por mi experiencia, que con las mejores leyes y los peores jueces, se hace una pésima justicia, mientras que con las peores leyes y los mejores jueces, la imparcial justicia está asegurada.

Y esto puede extenderse a cualquier categoría de las relaciones y de las actividades humanas. Un médico que ama su profesión porque ha elegido y conserva consigo, la pasión amorosa de salvar una vida y de mitigar el padecimiento de un ser enfermo, hará el mejor sistema de salud, mientras que aquel otro, envanecido y esforzado en procurar su lucro económico, aún con las mejores infraestructuras y equipamientos, no será el que enriquezca el servicio.

No cumplirá su trascendental misión de la información pública, el periodista que se rija por el favor a una facción o a una ideología, sino quien contribuya con su información intachable y objetiva, a la formación de la opinión de cada uno, que en eso consiste la libertad de prensa. Del mismo modo puede ocurrir con el policía o con el maestro, o con cualquier otra actividad humana.

Para la conducción de los bienes generales, con una organización de los poderes del estado que garantice las libertades individuales y posibilite el bienestar de todos sin excepción, y luego de intensas luchas por lograr un modelo que los asegure, finalmente se llegó a concebir un régimen político que se fundó en la creación de tres poderes independientes uno del otro, y así nació la república, organizada mediante una constitución, en la que se determinan aquellas libertades y las garantías para su goce, como la estructura de los órganos que han de conformar el ejercicio funcional de esos tres poderes.

Pero ese objetivo de asegurar los bienes fundamentales para las personas que conforman la nación, y que en nuestra carta magna están detallados en su preámbulo, ha ido perdiendo real y efectiva vigencia a través de los tiempos.

¿Fallaron acaso esas normas?

Si la Constitución es letra muerta, ha sido por influencia de las ambiciones, la primacía de los intereses personales y de sector, cuando no la soberbia de quienes olvidaron que habían sido elegidos para prestar un servicio y pervirtieron el sistema con su envilecimiento.

Se acudió entonces, a la creación de variados organismos de control, para evitar la concentración del poder y los actos de corrupción administrativa.

En nuestro país, son, entre otros, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

¿Han sido acaso estos organismos de control, efectivos en la garantía de la legalidad y en la erradicación de la corrupción en el manejo de los intereses y los bienes públicos?

Baste recordar la creación de una legión de funcionarios organizados en una camarilla destinada a horadar los fundamentos de la administración de justicia, misión revelada por su propio nombre: Justicia Legítima, para desacreditar a aquella e ilegitimarla desde su inicio, para que respondamos con una negativa que sin dudas es una frustración más de la república.

Resumiendo, si el problema de una falta de justicia no reside en las leyes y las instituciones, sino en la deslealtad a ellas por gran parte de los magistrados, ha de preguntarse cómo es que han sido elegidos. Y si la falla de éstos consiste en su indignidad moral, ello conduce a determinar cuál es la idoneidad que se les ha exigido para acceder al cargo, conforme lo exige el art. 99 inciso 4º de la Constitución.

La genuina idoneidad de un magistrado reside en ser un buen padre de familia, un ciudadano que respeta los derechos ajenos, un cumplidor estricto de sus obligaciones, a quien no se le golpea la puerta de su casa para reclamarlas, un trabajador tenaz, un buen vecino, un hombre insobornable. Y además abogado. 

Pero en realidad el problema de la designación, tiene otro germen, que es en definitiva la raíz de la decadencia de la justicia en la Argentina: esas mismas condiciones que conforman la idoneidad de un magistrado, también son exigidas por la Constitución en su art. 16 a todo el que pretenda asumir un cargo público. Mucho más si se trata de un cargo electivo de gobierno.

De modo que, mientras los argentinos no asumamos la condición de ciudadanos, con la responsabilidad de entregar nuestro poder electoral a quienes demuestren esa idoneidad, y se continúe eligiendo a deshonestos o moralmente reprobables, la justicia, la paz, la prosperidad y la felicidad, el bienestar general y los beneficios de la libertad del Preámbulo, no tendrán destino.

 

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