Al menos 34 comunidades indígenas del norte de la provincia redactaron una carta consensuada dirigida al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. La carta y los pedidos ya fueron enviados a diferentes organismos y ministerios del Estado como el INADI, el INAI, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de DDHH.
Decidieron enviar la carta al presidente porque la situación sigue empeorando.
Se trata de más de una trintena de comunidades indígenas de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán de nuestra provincia; a compañadas por más de 15 organizaciones académicas, sociales, politícas y sindicales.
“Mientras el tiempo pasa, estos párrafos finales suman urgencias, suman voces de desesperación, tristeza y también lucha y solidaridad. Estos últimos días lamentamos la pérdida de la vida no sólo de la niña de nueve meses, sino de seis personas más en el municipio de Santa Victoria Este, el genocido por goteo deja de ser una abstracción cuando escuchamos a su intendente, el único jefe comunal indígena de nuestro territorio, Rogelio Nerón, hablar de las muertes que están ocurriendo a causa de la COVID19, y de actos de abandono e indiferencia. Está muriendo una de las mas grandes generaciones de este país, la que con casi nada dio un futuro a sus hijos e hijas. Le pedimos que no asista indiferente a un genocidio que se edifica lentamente como consecuencia de una política económica, social y sanitaria criminal, cada una de nuestras vidas debe ser irrenunciable: somos presente y futuro. Necesitamos ayuda sanitaria acorde a la urgencia, la gravedad, y la complejidad de nuestro territorio, 42.280 metros cuadrados ocupamos, un único hospital, 230 mil personas”, explica el notable escritor Duen Sacchi, quien también apoya los pedidos.
En el texto advierten sobre las condiciones sanitarias, económicas y sociales de extrema vulnerabilidad y segregación racial, incluso muchos y muchas en condiciones infrahumanas. Exigen condiciones de salud, trabajo y vida digna. Piden el reconocimiento y la devolución de sus territorios ancestrales. Y que se detenga inmediatamente la deforestación, la fumigación y los relevamientos con fines de expolio y despojo de nuestros territorios.
El texto es el siguiente:
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Al menos 34 comunidades indígenas del norte de la provincia redactaron una carta consensuada dirigida al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. La carta y los pedidos ya fueron enviados a diferentes organismos y ministerios del Estado como el INADI, el INAI, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de DDHH.
Decidieron enviar la carta al presidente porque la situación sigue empeorando.
Se trata de más de una trintena de comunidades indígenas de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán de nuestra provincia; a compañadas por más de 15 organizaciones académicas, sociales, politícas y sindicales.
“Mientras el tiempo pasa, estos párrafos finales suman urgencias, suman voces de desesperación, tristeza y también lucha y solidaridad. Estos últimos días lamentamos la pérdida de la vida no sólo de la niña de nueve meses, sino de seis personas más en el municipio de Santa Victoria Este, el genocido por goteo deja de ser una abstracción cuando escuchamos a su intendente, el único jefe comunal indígena de nuestro territorio, Rogelio Nerón, hablar de las muertes que están ocurriendo a causa de la COVID19, y de actos de abandono e indiferencia. Está muriendo una de las mas grandes generaciones de este país, la que con casi nada dio un futuro a sus hijos e hijas. Le pedimos que no asista indiferente a un genocidio que se edifica lentamente como consecuencia de una política económica, social y sanitaria criminal, cada una de nuestras vidas debe ser irrenunciable: somos presente y futuro. Necesitamos ayuda sanitaria acorde a la urgencia, la gravedad, y la complejidad de nuestro territorio, 42.280 metros cuadrados ocupamos, un único hospital, 230 mil personas”, explica el notable escritor Duen Sacchi, quien también apoya los pedidos.
En el texto advierten sobre las condiciones sanitarias, económicas y sociales de extrema vulnerabilidad y segregación racial, incluso muchos y muchas en condiciones infrahumanas. Exigen condiciones de salud, trabajo y vida digna. Piden el reconocimiento y la devolución de sus territorios ancestrales. Y que se detenga inmediatamente la deforestación, la fumigación y los relevamientos con fines de expolio y despojo de nuestros territorios.
El texto es el siguiente:
Dr. Alberto Fernández
Presidente de la Nación Argentina
De nuestra mayor consideración,
Nos dirigimos a usted con el motivo de comentarle la situación en la que se encuentran nuestras comunidades del norte de Salta en este momento de crisis sanitaria. Queremos contarle que nuestras comunidades muchas están en regiones aisladas de las urbanizaciones, se podría pensar que en este momento eso nos protege pero es una protección engañosa. Porque el aislamiento no es sólo geográfico, sino que nos encontramos aislados y aisladas de condiciones dignas de vida. Y que las comunidades y municipios que se encuentran en zonas urbanizadas también sufren el mismo tipo de aislamiento.
Queremos contarle que hemos realizado múltiples denuncias en medios locales y nacionales, que hemos hablado con funcionarios regionales y provinciales, que toman nota o prometen llamar, hacen un seguimiento de unos días pero nada cambia. Queremos contarle que esta situación es de mucho tiempo, tanto tiempo que podemos ya llamarle segregación racial, étnica, cultural, política, lingüística y sanitaria, por supuesto.
Queremos contarle que nuestros niños y niñas sufren las consecuencias de esto y lo pagan muchas veces con la muerte. Queremos contarle que nuestros hermanos y hermanas tienen que irse, migrar, y que muchos de estos hermanos y hermanas viven en poblaciones urbanizadas pero que siguen sufriendo junto a estas poblaciones las mismas dificultades. Queremos contarle que incluso en las zonas urbanizadas el acceso a la salud no está garantizada, no sólo porque los insumos no llegan, sino que cuando llegan son insuficientes para una situación que se agrava año a año. La mayoría, sino todos y todas, hemos crecido sin instalaciones sanitarias de máxima complejidad porque las que existen están a kilómetros de distancia y no son suficientes para la extensión del territorio, los medios de acceso y por la dificultad que significa enfrentarse a la cultura racista de las instituciones, especialmente las de la salud, pero no las únicas. Es muy difícil que muchos y muchas de nosotros podamos acceder a una unidad de cuidados intensivos o a un respirador, debido a la distancia al único hospital de complejidad 4 para 230 mil habitantes y solo 13 respiradores ya en ocupación total, no hay terapia intensiva Infantil por eso lamentamos la muerte de una bebé de 9 meses por COVID19 que por otro lado tuvo que recorrer 163 km al hospital.
Queremos contarle que se dicen mentiras que se vuelven verdades cuando se repiten mucho tiempo: “esconden a los enfermos” “los caciques tienen la culpa” “se van” “no son indígenas de verdad” “son vagos” “no se cuidan” y muchas más. Queremos contarle que necesitamos más formación y mas enfermeros y enfermeras, también médicos y médicas, sanadores y sanadoras pero que necesitamos que tengan acceso a lo que necesiten para poder ayudar a nuestras comunidades: agua, medicamentos e implementos de seguridad para la crisis actual. Queremos contarle que utilizamos muchas estrategias para sobrevivir, incluso ahora en esta crisis, pero que no es suficiente y tenemos miedo. Queremos contarle que necesitamos condiciones dignas de salud para enfrentar esta crisis: El agua tiene que estar garantizada ante todo. La electricidad y al acceso a puntos de luz tiene que estar garantizado. Los elementos sanitarios como lavandina, alcohol, barbijos y guantes, tienen que estar garantizados no sólo para nuestras comunidades sino para el personal sanitario.
Queremos contarle que es muy difícil que muchos y muchas de nosotros podamos acceder a una unidad de cuidados intensivos o a un respirador, debido a la distancia y la falta de preparación de los escasos hospitales que hay. Queremos contarle que la segregación que sufren nuestras comunidades también hace que tengamos mas problemas de salud muchas veces. La alimentación digna es una de las condiciones para tener buena salud, el acceso al agua potable es una de las condiciones para tener buena salud, buena atención sanitaria es una de las condiciones para tener buena salud.
Queremos contarle que una serie de legislaciones que existen para garantizar y proteger las condiciones de vida de nuestras comunidades se están incumpliendo, esto sucede no sólo ahora pero especialmente en la crisis actual es importante que sean respetadas y garantizada su aplicación.
La provincia de Salta adhirió a Ley Nacional 23.302 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.). (Texto ordenado por ley 7913 - actualizado 31/07/15) a través de la ley LEY Nº 6681 donde establece desde su artículo primero “la protección de la salud de las comunidades originarias y sus descendientes” y en los artículos 19, 20 y 21 donde se especifica que
1- “Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.
2- La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.
3- En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:
a) La atención bucodental;
b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;
e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios”
Y aclara que “Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.”
Por otro lado, a su vez, se están vulnerando derechos garantizados por el CONVENIO núm. 169 DE LA OIT del cual es firmante la República Argentina (ley 24.071 y su posterior ratificación- 2000), especificados en los siguientes artículos:
Artículo 7, 2: El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
Artículo 20, 3, b: los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
Artículo 25: 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
A su vez no se respeta el igual acceso a la salud garantizado por el art. 41 y 42 de la constitución provincial de Salta y el artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina. También son vulnerados los derechos estipulados con respecto a la Salud integral por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en los artículos 21, 23, 24, 29 inciso 3. Son violados el derecho a la Salud garantizados por la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los artículos XVIII, inciso 1, 2 y 4.
En el mismo sentido es sostenidamente negado el acceso continuado y en buenas condiciones al agua potable, vulneración que en el estado actual de la crisis sanitaria por la COVID19 es de muchísima gravedad. El derecho al agua es expresamente garantizado en el Cap. VI artículo 20 de la Ley No 23.302, Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, con las modificaciones establecidas por Ley No 25.799.
Por otro lado, queremos recordarle que habitamos nuestros territorios ancestrales previamente al Estado Nación, que nuestros territorios y nuestras naciones fueron incorporadas inconsultamente, perseguidas nuestras formas de vida, nuestras lenguas y nuestras elecciones espirituales, económicas, culturales. Actualmente nuestros territorios están permanentemente amenazados por desalojos, deforestación, fumigados con agrotóxicos. El Estado no puede ser cómplice una vez más de la vulneración de derechos humanos, es más, no tiene que hacerlo NUNCA MÁS.
El norte salteño (departamentos Rivadavia, San Martín y Orán) son territorios indígenas ancestrales, sus comunidades queremos vivir en el pleno disfrute de nuestros derechos civiles, políticos, culturales, territoriales y alimentarios. Tenemos derecho a no recibir maltrato y discriminación en la solicitud y acceso a alimentos y agua que tienen que estar libre de contaminación. Muchas de nuestras comunidades por la extrema segregación racial, violencia social y económica que sufren pasan semanas sin agua y muchas veces tienen que almacenar el agua en bidones contaminados dejados por empresas agroexportadoras (paradójicamente premiadas por su trabajo, como es el caso de la públicamente denuncia DESDELSUR), de monocultivo (soja, maíz y porotos transgénicos) y multinacionales petroleras. El agua contaminada, nuestra falta de agua está directamente relacionada al mal usufructo, no regulado del agua que hacen estas empresas.
En este sentido, queremos dejar constancia que la situación de público conocimiento de desnutrición en nuestras comunidades se debe a la complicidad del Estado y las empresas privadas en el terricidio que atenta contra toda posibilidad de crear cualquier forma de soberanía alimentaria: No podemos buscar nuestras plantas ancestrales de curación porque están contaminadas, no podemos buscar comida en el monte porque los animales y plantas son muertos por la deforestación, no podemos hacer nuestras huertas porque el agua esta contaminada y no hay información verídica sobre el peligro del uso de plaguicidas, las instituciones policiales y de frontera del Estado impiden el movimiento de nuestros hermanos y hermanas pero no evitan el saqueo y tráfico de madera, animales y granos de los terratenientes. Amedrentan a jóvenes y adultos, les agreden sólo por estar en la vía publica, ingresan con violencia a las casas y amenazan con violar a mujeres jóvenes y adultas. Le preguntamos ¿Cómo alimentar a nuestros hijos e hijas si nos quitan el monte, el agua, y nos impiden el acceso a la información? ¿Cómo alimentar a nuestros hermanos y hermanas, abuelos y abuelas si los puntos de acceso a los módulos alimentarios están lejos y se nos exigen personería Jurídica y documentación que acredite ser el cacique de la comunidad (credencial)? ¿Acaso no es esto usar los medios del Estado para establecer jerarquías raciales, lingüísticas y de género en vez de garantizar el igual acceso y reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas libres para exigir la protección del Estado en situación de extrema gravedad?
La tercerización y el aprovechamiento de los recursos por parte de ONGs o instituciones del Estado provincial o Nacional sin control estricto de su funcionamiento, de la distribución de las partidas que les otorga, sin auditoría de qué uso se hará del relevamiento de información que se hace para garantizar que NO sea usado para el uso extractivo de empresas privadas, nacionales, multinacionales sino para el mejoramiento de la vida de nuestras comunidades sólo nos deja en el hambre crónico. Obliga a nuestres hermanes a poner sus manos a trabajar para nuestra propia miseria, cediendo bajo amenazas o por unos cuantos quilos de harina tierras, conocimientos, saberes. El despojo es tal, que sabemos que con nuestros cuerpos desnutridos, nuestras tierras ocupadas, nuestra agua contaminada hasta con nuestro último pellejo aún se hace dinero que no llegará nunca para ser usado en nuestro bienestar. La permanencia en la zona de entidades internacionales de ayuda de diversa índole (Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, Unicef, OCHA, Cruz Roja) muestran de manera contundente que el relevamiento de datos no se tradujo nunca en justicia social.
Queremos contarle que las practicas de racismo institucional, terricidio, ecocidio y abandono tienen efectos materiales específicos y directos en nuestras comunidades, viviendas precarias por la dificultad de acceso a buenos materiales, la desocupación laboral y la falta de reconocimiento de los saberes arquitectónicos y artísticos ancestrales. Viviendas sin tratamiento de excretas, en zonas sin acceso a agua segura. Esta situación impacta directamente sobre nuestros cuerpos que enferman: hay un alto porcentaje de tuberculosis, desnutrición, anemia, diabetes, parasitosis, HIV, leucemia, cáncer, infecciones de la piel, chagas, sarna. El Dengue endémico implica que la mayoría de nuestras comunidades lo curse hasta dos veces una misma persona, que las enfermedades de la piel se hayan generalizado en nuestros niñes. Nuestros niñes discapacitades sobreviven sin asistencia sanitaria ni social.
La discriminación brutal que padecemos impide el acceso a la educación formal a nuestres jóvenes y niñes, el acceso a la información a su vez se ve gravemente afectada por la brecha tecnológica y produce efectos devastadores, entre ellos la imposibilidad del acceso registral (DNI). La discriminación institucional sostenida en el tiempo produce una acumulación de opresiones que no pueden ser resueltas por una sola vía: así nuestras comunidades quedan excluidas del acceso a programas asistencia (IFE), de salud y planificación familiar y no se garantiza el acceso a las leyes de Igualdad y diversidad (Ley 26.485; Ley 27.501; Ley 27.452; Ley 27.352; Ley 27.234; Ley 26.743; Ley 25.929; Ley 26.130; Ley 26.150; Ley 25.673) lo cual implica desplazamientos forzados por violencia sistémica. Las formas de exclusión institucionales basadas en la discriminación y el racismo generan malas prácticas que amedrentan y revictimizan a nuestras comunidades: El sistema de salud a través de sus funcionarios, responsables y trabajadores sociales utilizan mecanismos de seguimiento y disciplinamiento hacia madres y familiares que salen de alta del hospital con niñes desnutrides, ejercen actitudes de amenazas de apartar a sus niñes a un hogar público, controlan los recursos de las tarjetas AUH y alimentar.
Insistimos que el Estado y sus funcionarios tanto locales, provinciales y nacionales no deben desconocer su propia carta magna y el contenido que nos ampara: los Artículos 75 incisos 17 (reconociendo la preexistencia, identidad, derecho, personería y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan los pueblos indígenas), 22 y 23 de la Constitución Nacional y sus referentes de la Constitución de la Provincia de Salta; y la Ley Nacional n° 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades, la Ley Nacional n° 26.160 (que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad indígenas), Ley Nacional sobre Protección Ambiental y la profusa legislación referida al tema, en particular sobre residuos tóxicos; legislación penal, civil y administrativa interesada. Que son firmantes del Pacto de San José de Costa Rica (Artículo 75 inciso 22 de la CN); Participantes de Convención Americana de Derechos Humanos los Artículos 1 (obligación de los Estados Partes de respetar los derechos de las personas), 2 (de adoptar medidas legislativas a nivel interno), 3 (sosteniendo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona humana), 4 (respetando el derecho a la vida), 5 (el derecho a la integridad), 16 (la libertad de asociación), 17 (la protección familiar), 19 (la especial protección de la niñez), 23 (los derechos civiles y políticos), 26 (los derechos económicos, sociales y culturales) y concordantes CADH, Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (L. 24017) y la Jurisprudencia de los casos “Xákmok Kasex vs. Paraguay”, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa” (Corte IDH, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, “Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador” y otros de la Corte IDH; AG/RES. 2888 (XLVI-O/16); la DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, art. III y VI (Aprobada en la segunda sesión plenaria celebrada el 14 de junio de 2016) y el Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante de la región en materia de población y desarrollo, y la expresión regional del seguimiento al Programa de Acción de El Cairo después de 2014. Se trata de un instrumento progresista e integral porque incorpora elementos trascedentes para la implementación de políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en temáticas tan relevantes como la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento de la población, la migración internacional, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.
Parte fundamental de la perpetuación de la discriminación racial con sus consecuencias nefastas es que nuestros derechos políticos no se respetan, al no estar garantizados el igual acceso a la inscripción registral, a la educación y al trabajo digno no podemos acceder a las instancias de gobierno, no hay indígenas que como ciudadanas y ciudadanos ejerzan cargos públicos ¿cómo terminar con el racismo si no podemos participar en la toma de decisiones como cualquier otra persona en la construcción del Estado? ¿Cómo es posible que en las regiones con mayor población indígena del país, sea esta urbanizada o habitando en formas comunales el porcentaje de gobernantes y funcionarios públicos de pueblos originarios sea casi nulo? El racismo no dejará de operar hasta que nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos argentinos no sean plenamente garantizados.
Queremos contarle que hemos presentado esta carta a diferentes organismos y ministerios del Estado: INADI, INAI, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaria de DDHH. Mientras el tiempo pasa, estos párrafos finales suman urgencias, suman voces de desesperación, tristeza y también lucha y solidaridad. Estos últimos días lamentamos la perdida de la vida no sólo de la niña de nueve meses, sino de seis personas mas en el municipio de Santa Victoria, el genocido por goteo deja de ser una abstracción cuando escuchamos al intendente de Santa Victoria, el único intendente indígena de nuestro territorio, Rogelio Nerón, hablar de las muertes que están ocurriendo a causa de la COVID19, y de actos de abandono e indiferencia. Está muriendo una de las más grandes generaciones de este país, la que con casi nada dio un futuro a sus hijes. Le pedimos que no asista indiferente a un genocidio que se edifica lentamente como consecuencia de una política económica, social y sanitaria criminal, cada una de nuestras vidas debe ser irrenunciable: somos presente y futuro. Necesitamos ayuda sanitaria acorde a la urgencia, la gravedad, y la complejidad de nuestro territorio, 42.280 metros cuadrados ocupamos, un único hospital, 230 mil personas.
Quienes firmamos debajo hemos crecido en condiciones sanitarias, económicas y sociales de extrema vulnerabilidad y segregación racial, incluso muchos y muchas en condiciones infrahumanas, esto produce efectos traumáticos emocionales, psicológicos, de vida y de salud irreversibles, quienes abajo firmamos no queremos que nuestras comunidades, nuestros ancianas y ancianos, nuestros y nuestras jóvenes, niñas y niños vivan nunca más en estas condiciones.
Quienes abajo firmamos exigimos que se respeten los derechos garantizados arriba mencionados inmediatamente.
Quienes abajo firmamos exigimos condiciones de salud, trabajo y vida digna.
Quienes abajo firmamos exigimos el reconocimiento y la devolución de nuestros territorios ancestrales.
Quienes abajo firmamos exigimos que se detenga inmediatamente la deforestación, la fumigación y los relevamientos con fines de expolio y despojo de nuestros territorios.
Le saludamos con la esperanza de que nuestras voces sean escuchadas y se pongan en funcionamiento políticas publicas reales e inmediatas de reparación para nuestras comunidades.
Comunidades Firmantes:
Comunidad de Santa Victoria Este
Comunidad Misión La Paz,
Comunidad Las vertientes,
Comunidad La bolsa,
Comunidad Km 1,
Comunidad Km 2,
Comunidad Chorote La Estrella,
Comunidad Chorote La gracia,
Comunidad Wichi Pozo el tigre,
Comunidad Wichi San Ignacio,
Comunidad Chorote Pomis Jiwet,
Comunidad Wichi San Luis,
Comunidad Chorote La Mercedes nueva y la Mercedes vieja,
Comunidad Wichi Santa María,
Comunidad Padre Cool,
Comunidad Toba La Curvita,
Comunidad Wichi La Puntana,
Comunidad Monte Carmelo,
Comunidad Alto La Sierra,
Comunidad El mulato,
Comunidad La Junta,
Comunidad Quebrachal Chelhuyk ketakay, Santa María,
Comunidad de Aguaray,
Comunidad La Loma, Aguaray,
Comunidad Sachapera,
Comunidad “Cacique Loyra”,
Comunidad Lapacho II,
Comunidad Weenhayek El Quebracho, Ruta 86, km 5, Tartagal,
Comunidad Weenhayek Mi Troja, Ruta 86, km 5, Tartagal,
Comunidad El Crespín, Tartagal,
Comunidad wichí Misión Pérez, Mosconi,
Comunidad Tapiete, Tartagal,
Comunidad Tapiete IV, km 5, Ruta 86, Tartagal,
Comunidad El Fwolit,
Comunidad Km 17,
Asociación del Consejo de Caciques de los Pueblos Weenhayek
Movimiento Indígena de liberación: Territorio y dignidad
Adhesión de Organizaciones:
La Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Comunidad Omaguaca Warmikuna.
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Asociación civil Voces de barro.
Fundación Volviendo a Casa.
MOCASE, Movimiento campesino de Santiago del Estero.
UPPSAN, Unión de pequeños productores del salado norte.
Secretaria Nacional de Pueblos Originarios de APDH. Claudia Gotta.
Colectivo Taypi, Córdoba. Miguel Genti.
Programa de Extensión Ruralidades Derechos y Conflictos Campesinos Indígenas.
Archivo de la Memoria Trans.
Varones Trans No Binaries y Familias, La Rioja.
Transmasculinos Autoconvocados, Salta y Diversidad.
Fundación Travesti Trans, Chaco.
Grupo Matambas negras afrosdescendientes racializadas Lbtt+
Cátedra "Saberes, creencias y luchas de los Pueblos Originarios", Facultad de Ciencia Política y RR.II, de la Universidad Nacional de Rosario.
Fundación Alegría Ahora. Córdoba. Mónica Lungo.
Trans Argentina
Futuro Trans
CISEN, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino de la Universidad Nacional de Salta (UNSa)
CP (Corriente Peronista) Descamisadxs.
Organización Afih.
Pueblos Milenarios -Culturas &Salud.
COAJ, Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy.