El gobierno desconcierta

Los “poderes políticos” del Estado republicano tienen la función esencial de legislar y administrar. Una multiplicidad tan amplia y variada de tareas que se resumen en los verbos gobernar, gestionar y dirigir. Todo un desafío. Siendo de tanto interés para el ciudadano contribuyente, podría suponerse que se trata de la administración de los recursos económicos: cuánto se recauda y cuánto se gasta -cuándo, dónde, cómo, y en qué-, pero excede en mucho de eso. 

Con mayor o menor acierto, se gestiona desde la pandemia hasta las relaciones con otros países, la deuda y la obra pública, la lucha contra el crimen, el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, el encaje bancario y las tasas de interés, la salubridad de los alimentos, la identificación de ciudadanos, cada trámite previsional, y las competencias de cada ministerio, secretaría y dirección. A esta inmensidad se suma la administración de todas las empresas del Estado. El control de la gestión pública, aunque fundamental, está siempre olvidado y relegado; si es que se cumple, indudablemente se lo hace tarde y mal. 

Los procedimientos de la gestión suelen estar regulados y reglamentados, aunque no siempre esas pautas se respetan debidamente. Con frecuencia se procede bordeando o trasponiendo los límites de las normas. La prueba está en la cantidad de normas y resoluciones que son declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Viene a la memoria el fallo reciente que consideró violatorio de la autonomía de la CABA la exigencia por DNU de suspender las clases presenciales en esa jurisdicción. 

Cabe preguntarse entonces si el presidente y el Congreso están cumpliendo estas funciones, y si lo están haciendo con eficiencia, y en beneficio del bien común, como sería lógico esperar. Un representante de una ONG afirmó que un gobierno es fuerte cuando tiene la información y los recursos intelectuales y materiales necesarios para conocer la realidad sobre la que debe trabajar y cuando es capaz de proponer políticas. Entre éstas “la búsqueda de eficiencia, para producir una verdadera transformación interna en las estructuras, prácticas y costumbres administrativas, debe ser una prioridad”. 

¿Cómo actúan todos y cada uno de los organismos, entes y reparticiones del Estado nacional, provincial y municipal? La respuesta no es tan clara y definitiva, porque hay de todo en la viña del Señor, y en época de elecciones, esa complejidad se multiplica exponencialmente. Visto con el microscopio, solo se encuentra desaliento. 

El Ejecutivo nacional hace uso y abuso de los DNU, amparándose en las emergencias, la pandemia y la dificultad para sesionar de los legisladores. Estos, a diferencia de lo que se observa por ejemplo en España en la peor época del coronavirus, se reúnen poco y debaten menos, en comisiones y en el plenario, aunque extiendan el período de sesiones extraordinarias. Ahora están abocados seriamente... a la campaña.     

No tengo idea cuál habrá sido el último proyecto presentado por un diputado o senador de la oposición discutido en el Congreso, aprobado y sancionado. Al margen de la legalización del aborto, desconozco si algún legislador oficialista haya votado en contra de su propia bancada a un proyecto del ejecutivo, priorizando su conciencia y sus convicciones. Si la obtención de la mayoría no está asegurada, el presidente del bloque manda, y nadie saca los pies del plato. A la vez, cada voto de un bloque unipersonal o de minorías aisladas adquiere un valor superlativo. A ese avasallante verticalismo, otros prefieren llamarlo “disciplinar con el látigo o la billetera”, así como al Poder Legislativo “escribanía”. 

Un ministro que vino a oxigenar y dar volumen al gabinete tiene que afrontar inquietantes problemas, como el narcotráfico, los estragos de los mapuches y la inseguridad en las calles. Pero no le falta tiempo para salir al cruce de periodistas críticos, incluso con referencias que suenan a amenazas y métodos casi mafiosos. Igual, él se siente atacado. Un importante funcionario y dirigente de un movimiento social cuestiona la alternancia en el poder, algo básico en la república democrática y representativa. 

Hay quien asegura que los ministros Guzmán y Kulfas, a cargo de cuestiones sustanciales, podrían ser reemplazados después de las elecciones, sin que se sepa nada del futuro, de la renegociación con el FMI, y menos de un plan sostenible. Son evidentes los esfuerzos del gobierno en mostrarse activo en la gestión, aunque la percepción de la ciudadanía es que está enfocado en otro reto: jugar todas las fichas al 14 de noviembre, como si no hubiera un 15, un 16 y subsiguientes. La incertidumbre trepa a niveles alarmantes. Se esperan hechos, y no pala    bras. 

Apostar a la emisión y al gasto descontrolados, con el llamado plan “más platita en el bolsillo” del que habló el candidato Gollán, no solo es oportunista, sino temerario y absolutamente irresponsable, pensado para una fracción y no para la nación toda, con grandeza. Ello sin contar su eventual ilegalidad por contrariar lo dispuesto por el art. 139 del Código Electoral Nacional, que pena a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada. Improbable que alguien se atreva a investigarlo. Aun así, es dudoso que le permita al oficialismo revertir el resultado de las PASO. 

La imagen que trasmite el gobierno es la de alguien abrumado, debilitado y desgastado. Como la de un jubilado sentado en el banco de la plaza, alimentando a las palomas con migas de pan o maíz, pero sin la certeza de la dirección a la cual saldrán volando las aves. Peor todavía la de quien obtuvo una jubilación anticipada, cuando le faltan dos años de edad. Para unos, el futuro es el hoy, mientras que para otros es motivo de aflicción. 
 

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