Tierra arrasada. Eso encontró una empleada de la empresa Work International Compañía Argentina de Prospección S.A. cuando llegó al campamento que había albergado a 380 personas en la zona de Pozo El Chirete, donde brindaban alojamiento y catering a los trabajadores de la hoy paralizada obra del gasoducto NEA que ejecutaba la firma Vertúa Servicios S.A. Otro megarrobo, esta vez por unos dos millones de dólares, vinculado a la obra que pasa por el norte de la provincia y que hoy parece estar maldita.
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Tierra arrasada. Eso encontró una empleada de la empresa Work International Compañía Argentina de Prospección S.A. cuando llegó al campamento que había albergado a 380 personas en la zona de Pozo El Chirete, donde brindaban alojamiento y catering a los trabajadores de la hoy paralizada obra del gasoducto NEA que ejecutaba la firma Vertúa Servicios S.A. Otro megarrobo, esta vez por unos dos millones de dólares, vinculado a la obra que pasa por el norte de la provincia y que hoy parece estar maldita.
Del lugar habían desaparecido 25 trailers en donde dormían, comían, trabajaban, se bañaban y hacían sus necesidades los empleados de la constructora. Cada uno de esos trailers estaba equipado con todo lo necesario para ser habitados con total comodidad: camas, aires acondicionados, televisores, escritorios, entre muchos otros elementos.
También se habían llevado los tanques de agua para consumo y de tratamientos de efluentes y aguas negras del lugar. Es como si un pequeño pueblo hubiera desaparecido sin dejar rastros.
Pero hubo rastros. Muchos. Los elementos robados eran ofrecidos en las redes sociales y negociados a través de WhatsApp como si se tratara de un par de botines usados. Sin embargo, a tres meses de realizada la primera denuncia, y luego de varias diligencias e intentos de aportes de pruebas por parte de los representantes de la empresa afectada, la investigación no solo no avanzó sino que, a decir de los perjudicados, ni siquiera empezó.
Facundo Burgos es el abogado apoderado de Work International Compañía Argentina de Prospección S.A. y de otras dos empresas asociadas que también fueron perjudicadas en esta maniobra: North Cool SA y FCS SRL.
En diálogo con El Tribuno, el abogado indicó que en 2016 el campamento estaba brindando un servicio en el sur para una petrolera y surgió la oportunidad de realizar otro en el norte por un rédito mayor. "Mis clientes decidieron entonces traer el campamento a Salta y se comenzó a brindar servicio de catering, hospedaje y cloacales a Vertúa S.A., firma que llevaba adelante la obra del Gasoducto del NEA", detalló.
Pero al poco tiempo la obra del gasoducto se frenó, "Vertúa cerró sus libros y abandonó el gasoducto y el campamento quedó a disposición porque la obra tenía que seguir", indicó Burgos y agregó que "en el medio pasaron muchas cosas, paralizaciones, robo de caños, idas y vueltas".
Mientras tanto, el campamento seguía implantado en el mismo lugar, a la espera de que se reinicien los trabajos. "Estaba bajo vigilancia de una empresa de seguridad pagada por los propietarios del campamento. Pero, sorpresivamente, a fines del 2020, la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA - ex Enarsa) decidió cambiar la empresa de seguridad", reveló.
El representante de las empresas perjudicadas dijo que, en consecuencia, en marzo de este año "sucede el robo mediante el cual tardaron entre cuatro y cinco días en llevarse todo el campamento, una tarea enorme porque solo se puede llevar a cabo con camiones de gran porte".
A modo de ejemplo, explicó que cada trailer tiene la longitud de tres camionetas pick-up doble cabina juntas y que los trailers gerenciales tienen un valor que va de los 25 a los 40 millones de pesos, aunque luego eran ofrecidos a través de la red social Facebook y vendidos desde WhatsApp.
Una de las mayores sorpresas en esta causa es que los damnificados tienen "identificados a los autores de este robo, quienes actuaron con la complicidad de alguien en la empresa de seguridad y posiblemente con algún funcionario del gasoducto". Además, consideran que "también habría gente de la política actual del norte de la provincia".
Aunque el megarrobo ocurrió en marzo, los propietarios de la empresa "se enteran en julio, porque desde enero estaban brindando servicio en una obra de una planta solar en Chile".
Al parecer, un grupo de exempleados de alto rango de la empresa, cuando tomaron conocimiento de que el campamento estaba deshabitado y los propietarios instalados en el norte del país vecino, urdieron un plan para robarse todos los elementos del campamento, aprovechando que conocían el movimiento en el lugar.
El abogado de la empresa perjudicada anticipó que mañana presentarán en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal todas las medidas que venimos solicitando sin respuesta desde hace casi dos meses, “en que detectamos que la causa no se movía”.
Una vez desmontado el campamento, empezaron a ofrecerlo a empresarios del mismo rubro y, de esta manera, llegó la trama a los dueños del campamento, quienes fueron alertados por colegas de que les estaban ofreciendo sus trailers por montos mucho menores al valor de mercado: un millón de pesos cada uno.
Pidieron la intervención del procurador general
Luego de ser advertidos de que algunos de sus trailers se vendían en redes sociales, los propietarios de la empresa enviaron a una apoderada que se presentó el 6 de julio en el lugar para tomar conocimiento de la situación y quien, atónita, confirmó que habían desaparecido todos los elementos que habían estado montados en el sector. No había nada. Solo desechos.
“Fue un megarrobo”, afirmó Facundo Burgos, abogado de la empresa, y recordó que en ese momento la empleada se presentó a denunciar el hecho. Agregó que días después le informaron sobre la situación y empezó a elaborar la denuncia para presentar ante la fiscalía de Embarcación. “Eran tantos los elementos robados que me tomó dos semanas reunir toda la información”, dijo.
Fue así como, el 3 de agosto, Burgos se presentó en la fiscalía de Embarcación para presentar la denuncia, con un tomo de 282 fojas de documentos. Al cabo de diez días llamó para averiguar el avance de la causa y, para su sorpresa, “no sabían de qué hablaba”.
Ante esta situación, Burgos decidió presentarse personalmente en la fiscalía para tratar de agilizar la causa. Hoy, a casi tres meses de la primera denuncia y pese a un sinfín de pruebas documentales, la investigación no empezó. “Ni siquiera había legajo”, lamentó.
En la denuncia, por robo, asociación ilícita y encubrimiento (que incluye a muchos actores, incluso una minera reconocida compró algunos elementos robados), Burgos solicitó allanamientos, detenciones, secuestros de teléfonos móviles, computadoras, congelamiento de las cuentas bancarias de las personas denunciadas y los movimientos de sus cuentas desde febrero. Hasta el momento no se hizo nada de eso.
“Hasta el 10 de septiembre lo único que ocurrió es una constitución como querellantes de nosotros con mi socio”, cuestionó, y dijo que “recién planean una inspección ocular, no se de qué, si no hay nada”.
Ante toda esta situación Burgos reveló que el viernes “presentamos ante la Procuración General una solicitud para que le quite la jurisdicción y la competencia que tiene la fiscal para intervenir en este tema, se la sancione y que se corra traslado a un nuevo fiscal”.