El Estado no puede amparar la violencia y la usurpación

El conflicto entre grupos violentos que reivindican una supuesta identidad mapuche y los vecinos y las autoridades de las provincias de Río Negro y Chubut no solo afecta a la economía, destruye una fuente fundamental de actividad, que es el turismo, y altera la paz social de esa región.

Se trata de un problema político que amenaza la cohesión de la sociedad argentina al impulsar una idea de "plurinacionalidad" ajena al espíritu y a la letra de nuestra legislación, y ni siquiera responde al pensamiento ni a las necesidades de las comunidades auténticamente indígenas de nuestro territorio.

Lo más grave del caso es el tácito apoyo del presidente Alberto Fernández, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández y de la Cancillería a los grupos que incendiaron el Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, un puesto de Vialidad, y que ocuparon el predio de Cuesta del Ternero. La violencia de estas acciones queda a la vista en los enfrentamientos con los pobladores, que solo encuentran respuesta en la gobernadora Arabela Carreras y algunos funcionarios de ambas provincias.

Dos vecinos, hoy detenidos, que entraron a Cuesta del Ternero pelearon con un grupo de encapuchados, de los cuales uno resultó muerto con proyectiles de calibre 22 y otro, herido. Tal como ocurriera en 2017 con la muerte de Santiago Maldonado, todo es confuso, ideologizado y tergiversado. Y el Estado está atado de pies y manos, porque a pesar de que vivimos en un país laico, donde no existen lugares supuestamente sagrados que no puedan ser allanados, en el caso de los "lof" existe una excepción inadmisible.

El Gobierno nacional prefiere ignorar el riesgo de violencia generalizada que alimenta la Resistencia Ancestral Mapuche. Poco después de la muerte del ocupante de Cuesta del Ternero, un grupo de encapuchados intentó interrumpir una fiesta gauchesca con incendios en el centro de El Bolsón. Según los testimonios, cuando los gauchos los encararon, uno de los activistas hirió a un caballo con un cuchillo y finalmente fueron corridos a talerazos, al grito de ­Viva la Patria! Pudo ser una masa cre.

Esta violencia creciente y organizada en la Patagonia y, menos notoriamente en los valles salteños, cuesta vidas y pone en riesgo la seguridad jurídica al erosionar el derecho de propiedad. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, encabezado ahora por Magdalena Odarda, está enfocado, desde hace años en asegurar que las ocupaciones ilegales de tierras cuenten con el amparo oficial.

A su vez, el presidente prorrogó la Ley N§ 26.160, de 2006, por DNU; sin esperar al Congreso; una norma que intenta defender los derechos indígenas pero en los hechos ampara las usurpaciones llevadas a cabo por los oportunistas.

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, expresó su apoyo a Facundo Jones Huala, el dirigente más visible de la RAM, condenado a nueve años de prisión en Chile por homicidio e incendios. A su vez, Bielsa se entrometió en los asuntos internos de Chile y tomó posición contra el candidato presidencial conservador, José Antonio Kast, en tácito apoyo al izquierdista Gabriel Boric, en un país donde la Convención Constituyente, presidida por una antropóloga mapuche, se apresta a declarar al país como "Estado plurinacional".

A nivel interno el gobierno argentino se desentiende y deja todo a cargo de las provincias, a pesar de tratarse de un conflicto que involucra a dos naciones, protagonizado por una organización que desconoce a los Estados de Argentina y Chile, y que cuenta con apoyos de organizaciones -algunas insurreccionales -de otras regiones.

La ambigüedad es inadmisible en estas circunstancias. Ninguna legislación habilita a nadie a ocupar tierras ajenas, legítimamente adquiridas por sus propietarios. La volatilidad ideológica da lugar a que los reclamos por "tierras" se interpreten como derechos sobre el "territorio" y se amparan en las necesidades que padecen las comunidades originarias genuinas para poner en juego el derecho de propiedad, la autori dad del Estado y la soberanía.

En medio de una profunda crisis estructural, el país debe agotar los instrumentos constitucionales para impedir cualquier forma de insurgencia secesionista, que no solo amenaza la integridad territorial, sino que terminará destruyendo la democracia.

 

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