Como en un laberinto de escaleras y pasillos, puertas y espejos, las clases presenciales, los alumnos y sus padres caminan en la ciudad de Buenos Aires, estos días, sin encontrar una salida cierta. Después de un primer fallo judicial que permitió dar clases presenciales el lunes y martes en CABA, ayer otro fallo las suspendió y al final del día el Gobierno porteño confirmó que no acatará esta última decisión y las escuelas porteñas hoy recibirán a sus alumnos. La disputa política nacional, ahora judicializada, es la única que gana, aunque sus actores pierden consenso ciudadano.
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Como en un laberinto de escaleras y pasillos, puertas y espejos, las clases presenciales, los alumnos y sus padres caminan en la ciudad de Buenos Aires, estos días, sin encontrar una salida cierta. Después de un primer fallo judicial que permitió dar clases presenciales el lunes y martes en CABA, ayer otro fallo las suspendió y al final del día el Gobierno porteño confirmó que no acatará esta última decisión y las escuelas porteñas hoy recibirán a sus alumnos. La disputa política nacional, ahora judicializada, es la única que gana, aunque sus actores pierden consenso ciudadano.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari dejó ayer sin efecto el fallo de la Justicia porteña que habilitó la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.
La resolución del juez Furnari fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.
De esta manera, el juez federal le dice al Gobierno porteño que no aplique el fallo que habilitó el regreso a las aulas, y a la Justicia de la Ciudad que envíe el caso a la Corte Suprema, que tiene competencia originaria.
Ante el planteo de Zannini, el juez Furnari consideró que la Sala IV en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad actuó mal al no darle intervención al Estado Nacional en el expediente que resolvió el domingo.
Por ello, hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Gobierno, decidió que la Justicia de la Ciudad no es competente para resolver el tema, y recordó que la Corte ya aceptó la competencia para tratar el asunto.
En el máximo tribunal está pendiente de definición un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad contra el Estado Nacional por la suspensión de las clases presenciales.
"La pretensión llevada a conocimiento de esos jueces fue resuelta con total prescindencia de la norma específicamente aplicable al caso, lo que descalifica su decisión en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias", sostuvo el juez Furnari en su fallo.
"No es posible desentenderse sin más de los efectos que dimanan de la decisión adoptada por la Justicia local, cuando media -como en el caso- una evidente amenaza al desenvolvimiento de las instituciones", agregó.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte para desactivar los efectos del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre. La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución.