El día miércoles 9 de junio, en el local de la CTA-A (Salta), se realizó una reunión para plantear la urgencia de que el Gobierno de la provincia de Salta, concrete las designaciones para la conformación en forma inmediata del “Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”
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El día miércoles 9 de junio, en el local de la CTA-A (Salta), se realizó una reunión para plantear la urgencia de que el Gobierno de la provincia de Salta, concrete las designaciones para la conformación en forma inmediata del “Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”
La convocatoria fue realizada por las Organizaciones que conforman la Mesa de Derechos Humanos de Salta: Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales (Lic. Blanca Lescano); Asociación de DDHH ”Coca Gallardo” (Elena Rivero y Marcela Gutiérrez), Asociación de DDHH ”Lucrecia Barquet” (Prof. Nora Leonard) y la organización H.I.J.O.S Salta, cuyo representante no pudo asistir.
Participaron los comisionados electos seleccionados por concurso: Sra. Cristina Cobos y Dr. Rodrigo Sola, en representación de los Organismos de DDHH, el Dr. Ricardo Nioi en representación del Poder Ejecutivo Provincial y el Sr. Ramón Corregidor como representante de la Cámara de Diputados de la Provincia. Por la Cámara de Senadores, el Sr. Marcelo Robles electo interinamente, no concurrió.
La ley 8024,que fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018, establece la creación del Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes , en el marco de la ratificación de la Convención por el Estado argentino, que se obliga a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción, y tipificarlos como delitos en su legislación penal y castigar esos delitos con penas adecuadas a investigar pronto y de forma imparcial todo supuesto acto de tortura.
¿Cuáles son las funciones del Comité? Garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tiene amplias facultades para la realización de inspecciones a cualquier lugar de detención y solicitar, recopilar y sistematizar información. El Comité puede y debe poner coto a la represión y a la violencia policial evitando el mal accionar de las fuerzas de seguridad, en las cárceles y en otros lugares de encierro, para ello como establece el artículo 6, tendrá independencia funcional y autarquía financiera a cuyos fines se proveerá de los recursos específicos para la consecución de los objetivos del Protocolo Facultatorio del mismo.
Se analizaron las gestiones realizadas para el funcionamiento del Comité que, a la fecha no está habilitado por el Gobierno de la Provincia. Aún cuando se han cumplimentado todas las instancias de su integración e incluso ya está aprobado el presupuesto para el mismo, dentro del presupuesto general aprobado por las cámaras legislativas.
A comienzos de 2020, la Mesa se reunió con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia Ricardo Villada y la secretaria de DD HH Mariana Reyes, para solicitar se active la constitución del Comité. Con el mismo objetivo, se realizaron reuniones con la Comisión de la Cámara de Diputados y con el presidente de esa Cámara Esteban Amat. Hubo promesas pero no acciones que se correspondan con ellas. El 26/10/2020, el ministro Villada informó que desde el organismo a su cargo se realizaron los trámites administrativos vinculados a designaciones y al presupuesto necesario para el funcionamiento del Comité. Manifestó el "acompañamiento" del Ministerio e "instó" a los miembros del Comité a diseñar una planificación de trabajo y todo lo referido a la organización interna. También la Secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes expresó que "desde el Poder Ejecutivo destacamos la importancia del funcionamiento de este Comité. Es imprescindible sobre todo en el contexto actual, por lo que acompañará y facilitará instancias para concretar su funcionamiento de manera efectiva"...
Que el Comité no funcione, se corresponde con la política de negación de los Derechos Humanos que el gobierno de la Provincia de Salta lleva adelante. Explica el por qué de las trabas y dilaciones del gobierno de Salta para oficializarlo mediante un decreto y dotarlo del presupuesto necesario y lugar de funcionamiento.
También se relaciona con su política de Seguridad y la designación como Ministro de Seguridad del ex-comandante de la 5ta.Brigada de montaña Juan Manuel Pulleiro, que estando en actividad, fue colaborador del actual gobernador Gustavo Sáenz cuando fue intendente de la ciudad. Militar negacionista del pasado reciente, reivindicando el terrorismo de estado, Operativo Independencia y Plan Cóndor en el supuesto combate a Manchalá, Tucumán, que en realidad fue una masacre, según las Ex-hijas de represores, “las lógicas represivas, el negacionismo, el oscurantismo, siguen vigentes en el interior de estas instituciones. Es necesario romper con los mandatos de silencio y las lógicas lealtades invisibles, con pronunciamientos claros y contundentes y con hechos concretos. El no haber sido parte del golpe de Estado por razones generacionales, no implica de cuál fue su formación”.
En la actualidad defensor corporativo de policías acusados de torturadores y gatillo fácil. Entre enero y mayo de este año se produjeron 900 denuncias por abuso policiales (vejámenes, abusos, allanamientos ilegales, torturas, etc.) según informa la Fiscalía de Derechos Humanos. El inconstitucional decreto 255 (ahora derogado) que dió amplias facultades a la policía, los casos de gatillo fácil, las lesiones causadas a personas en medio de supuestos enfrentamientos o "resistencia a la autoridad", la represión a las movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, a los que piden pan, techo y trabajo, a los colectivos feministas y disidentes, pueblos originarios, dan cuenta de ello.
Por la importancia que reviste en este contexto contar con un organismo que defienda los Derechos Humanos contra la violencia institucional y de las fuerzas de Seguridad, exigimos que el Poder Ejecutivo de la Provincia firme el decreto correspondiente para que el Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes comience a funcionar.
Llamamos a las organizaciones políticas, sociales y gremiales a adherir a esta declaración.