Critican el proceso canónico  contra Agustín Rosa Torino

El Arzobispado de Salta emitió ayer el comunicado oficial con la decisión de expulsar del estado clerical a Agustín Rosa Torino. De esta manera, y luego de gozar de reconocimiento hasta internacional con el instituto que fundó y que llegó a España, Chile y México, el religioso que ya fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual contra dos exnovicios y una exmonja dejó de ser sacerdote.

Sin embargo, aseguran que la decisión llegó tarde y que en el camino quedaron muchas acusaciones que no pudieron llegar a Roma. "El 7 de abril del 2015 hicimos la primera denuncia junto a Juan Favregas", contó Juan Manuel Bo, el psicólogo de la Ciudad de Buenos Aires que fue uno de los primeros desertores del Instituto Hermanos Discípulos de Jesús San Juan Bautista. Al año siguiente, Bo fue llamado a declarar ante la presencia de un abogado canónico y recién en el 2017 comenzó la investigación previa. "Eran un montón de denuncias, entre 80 y 90 y a Roma llegaron tan solo 20", indicó en referencia a denuncias que no solo involucrarían a Rosa Torino sino a otros integrantes del instituto. "Se armó una red de abuso", advirtió Bo.

En una entrevista en este matutino, monseñor José Luis Mollaghan, quien fue el juez canónico del caso, indicó que la investigación previa comenzó en el 2017 con monseñor Luis St"ckler y la concluyó monseñor Martín De Elizalde como comisario apostólico. La investigación constó de pericias, testimonios y declaraciones de sacerdotes. También se cursaron exhortos a otras diócesis en las que tuvo injerencia el instituto fundado por el ahora excura.

La primera noticia del instituto fundado por Rosa Torino se conoció en 2015 con la llegada de monseñor St"ckler a Salta; cuatro años después, en 2019, se terminó de cerrar el instituto.

El caso de Rosa Torino no fue un juicio, sino un proceso administrativo que es mucho más corto. El proceso administrativo no tiene un tribunal a cargo, sino un único juez que en este caso fue monseñor Mollaghan. También acompañaron el proceso como delegados monseñor Ricardo Medina, vicario de Justicia del Arzobispado de Buenos Aires y decano de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), y Mauricio Landra, profesor de Derecho Canónico.

Monseñor Mollaghan emitió el decreto final que posteriormente fue elevado a Roma que podía enmendarlo o confirmarlo. A partir de ahora el abogado defensor de Rosa Torino, el padre Luis González Guerrico, tiene 60 días para apelar la sentencia.

Al igual que otros curas juzgados por abuso, Rosa Torino se aferró al estado clerical y dejó claro en el juicio que continuaba siendo sacerdote: "Me llaman señoras diciendo que la prensa dice que soy excura, pero aún lo soy, puedo dar misa en privado, no tuve juicio canónico", se defendió el religioso ante el Tribunal.

Rosa Torino fue el primer sacerdote de este rango juzgado en la provincia por abuso sexual y el primer fundador de un instituto religioso preso en el país.

 

 

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