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Las dos primeras semanas del año muestran a un país agobiado por el calor abrasador, las sequías, los incendios en diversas regiones boscosas, los cortes de luz y la falta de agua potable. A esto se suma el recrudecimiento de la pandemia COVID 19, con todas sus variantes y el desconcierto que transmiten las autoridades sanitarias cuando se refieren a las precauciones a tomar.
Todos estos problemas, en distintas medidas, se registran en Salta, donde el acceso al agua potable en las áreas urbanas y rurales es un problema que se viene agravando. Falta infraestructura suficiente para prevenir las sequías en las zonas más castigadas, y las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de las áreas rurales solo salen del olvido cuando las organizaciones no gubernamentales o la movilización vecinal las ponen de manifiesto.
Pero tanto a nivel nacional como el provincial, estos flagelos se producen porque los organismos del Estado carecen de un diagnóstico serio, faltan funcionarios idóneos y, sobre todos, no se ve un compromiso serio y profundo con la sociedad y con la historia.
Al no comprender, o desentenderse, de la dinámica de los cambios de la sociedad en el tiempo, no pueden anticiparse al aumento de las demandas que supone el crecimiento poblacional, el cambio tecnológico y el sistema productivo.
A pesar de haber contado con el Fondo de Reparación Histórica de 2012, creado con un préstamo de 187 millones de dólares y los 600 millones de pesos asignados a saneamiento hídrico en 2014, de los cuales no hubo rendición de cuentas, este verano el acceso al agua en Salta sigue dependiendo de que llueva, y en el resto de la provincia, además, de que lleguen los camiones cisterna.
Se estima que la población de Salta tuvo un crecimiento de más de 260.000 habitantes en 12 años y que en 2022 ascenderá a 1.480.000 personas, de las cuales unas 780 mil habitan el área metropolitana.
A su vez, el número de hogares creció de 300.000 a unos 322.000.
En el actual escenario, esta evolución supone más demanda de agua, de energía eléctrica y de gas. Y, por supuesto, más necesidades básicas insatisfechas.
Más allá de los discursos repetidos casi automáticamente en los últimos 14 años, al no evaluar la demanda presente y futura, la estatizada Aguas del Norte no solo no resolvió, sino que profundizó las carencias del servicio.
El problema no es un gobierno, una política o la naturaleza: la imprevisión generalizada y la falta de inversión son el mayor freno al desarrollo humano. Y donde el desarrollo se frena, la sociedad retrocede.
En diciembre de 2020, cinco organizaciones no gubernamentales plantearon ante la ONU un informe sobre los límites al ejercicio de derecho al agua en nuestro país. Allí denunciaron que “el 13 % de la población del país no tiene acceso al agua en sus hogares y esa cifra se eleva al 41% en la región chaqueña”.
La falta de políticas de Estado deja sin acceso al agua potable al 13% de la población del país (según datos del Censo 2010): proyectando ese dato, no menos de 6.000.000 de argentinos no ejerce un derecho consagrado, y carece de un servicio indispensable.
Sobre la responsabilidad grave del Estado acerca de este derecho vulnerado existe amplia jurisprudencia nacional, provincial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, un fallo de la jueza salteña Victoria Mosman hizo lugar a una demanda de amparo colectivo, en favor de las comunidades de pueblos indígenas de Rivadavia, Oran y San Martín.
El amparo y el fallo son relevantes. La falta de agua en Salta se agudiza en el norte provincial y todos los veranos traen consigo un riesgo muy alto de crisis sanitarias en esas comunidades, que cada tanto se pone de manifiesto en forma trágica.
Todo indica que la carencia de agua va a recrudecer en el futuro. Es imprescindible, entonces, que los poderes del Estado definan estrategias de muy largo plazo, sancionadas en leyes, para garantizar la continuidad de las inversiones destinadas a satisfacer necesidades básicas de los salteños.