Francia aprobó ayer el pasaporte vacunatorio, que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra la COVID-19, en un intento de forzar la mano a las casi cinco millones de personas que rechazan la vacuna.
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Francia aprobó ayer el pasaporte vacunatorio, que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra la COVID-19, en un intento de forzar la mano a las casi cinco millones de personas que rechazan la vacuna.
Por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional terminó un intenso trámite parlamentario con el Senado, que fue enrarecido por la tormenta política que generó el presidente Emmanuel Macron cuando dijo que quería “fastidiar” o “joder” a los no vacunados. La ley sustituye el anterior pasaporte sanitario (vacunas o test negativo) por uno basado exclusivamente en la inmunización con tres dosis o dos más certificado de curación de COVID-19.
Con la variante ómicron causando más de 300.000 casos diarios y siendo los no vacunados la gran mayoría de los enfermos graves, el Gobierno quiere que la ley entre en vigor esta misma semana a fin de contribuir a contener la actual ola epidémica.
“Con el pasaporte de vacunas, Francia se dota de una nueva herramienta para proteger a sus ciudadanos”, afirmó tras la votación el ministro de Sanidad, Olivier Véran, que no pudo participar en los debates de los últimos días tras anunciar su positivo.
Sin embargo, los diputados socialistas anunciaron que presentarán un recurso al Consejo Constitucional para “garantizar las libertades fundamentales”, lo que puede retrasar varios días el inicio de la aplicación de la nueva medida. También aumentan las sanciones a quienes sean sorprendidos con un pasaporte de vacunas falso, que podrán ser condenadas a un máximo de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa para quienes tengan varios documentos falsificados.