La Argentina frente al iceberg

Joan Manuel Serrat inmortalizó una frase digna de Perón: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".

En términos políticos la renuncia de Martín Guzmán constituyó el fin del gobierno de Alberto Fernández, aunque no de su apariencia presidencial. Guzmán cayó porque el actual sistema de poder hace imposible implementar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en ausencia de otro horizonte es la única hoja de ruta de la gestión gubernamental.

El metafórico interrogante sobre "¿quién ganó el último partido de truco al borde del Titanic?" relativiza el valor de las elucubraciones sobre las pujas en la coalición gubernamental. La situación exige quitar la atención en las intenciones de los protagonistas y focalizarla en las consecuencias de sus actos. En los hechos, la designación de Batakis, aunque haya sido el prólogo de una reestructuración más amplia del gabinete, contradice la estrategia de diferenciación ensayada por Cristina Kirchner para eludir su responsabilidad en el fracaso de la gestión presidencial y la expone a padecer los efectos del inevitable y pró ximo cimbronazo.

El vacío de poder agrava la situación económica, profundiza la crisis política y torna cada vez más distantes las perspectivas electorales de 2023. Esto ocurre cuando el nuevo escenario mundial ofrece una extraordinaria oportunidad para la Argentina. Este contraste entre las posibilidades abiertas por ese escenario y la debilidad del poder político representa el desafío a enfrentar en las próximas semanas, en una carrera contra el tiempo cuya definición no puede demorarse hasta las elecciones de 2023.

Hoy adquiere renovada vigencia una vieja advertencia de Mao: "Una chispa puede encender la pradera". Resulta imposible anticipar el origen de esa chispa, que puede ser un incidente de menor cuantía. La fragilidad del poder político lo hace inerme ante cualquier estallido. La percepción de ese fenómeno incentiva la histórica propensión a la acción directa de los distintos actores de la vida pública, desde los movimientos sociales hasta los transportistas castigados por el desabastecimiento de gasoil, las protestas del sector rural o las movilizaciones sindicales. El mayor "riesgo país" de la Argentina es de la incertidumbre política y supera largamente los 2.500 puntos que marcan los mercados financieros internacionales.

Una particularidad de las situaciones de crisis es que las iniciativas de los protagonistas, dictadas por el estado de necesidad, suelen poner de manifiesto cuestiones de fondo cuya resolución excede la coyuntura. Por ese motivo no hay que subestimar la importancia de la confrontación desatada por la vicepresidenta con los movimientos sociales, que abre un horizonte de tormenta en su principal bastión electoral, que es la Tercera Sección Electoral bonaerense.

En el "kirchnerismo" crece la percepción de que el oficialismo está condenado a perder en las elecciones de 2023 y de la necesidad de un "plan B", consistente en retener el control de la provincia de Buenos Aires como estrategia de supervivencia y base de sustentación para una contraofensiva contra un futuro gobierno. Esta variante incluye la alternativa de un desdoblamiento para adelantar la elección bonaerense y separarla de la contienda presidencial, tal cual sucederá en la mayoría de las provincias.

Para avanzar en este "plan B", anticipado por la asunción de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista bonaerense, resulta esencial la articulación de una alianza entre el gobierno provincial, encabezado por Axel Kiciloff, la estructura territorial de "La Cámpora" y el aparato de los intendentes municipales del conurbano, empezando por La Matanza, el distrito de Fernando Espinosa y la vicegobernadora Verónica Magario.

En esa obligada negociación juega una cuestión de máxima prioridad para todos los intendentes: el manejo de los planes sociales para garantizar su control de las estructuras partidarias locales ante el avance de las organizaciones sociales y, en primer lugar, del Movimiento Evita. Allí reside la razón del ataque lanzado por la vicepresidenta en su discurso del 20 de junio en el acto organizado por la CTA.

Este rumbo de colisión registraba ya un antecedente significativo: la concejal Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico (secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social), quien junto con Fernando "Chino" Navarro (secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete) son los dos dirigentes más relevantes del Movimiento Evita, empezó una campaña para disputarle la intendencia a Espinosa, quien además preside la Federación Argentina de Municipios. Pérsico cuestionó la representatividad del PJ bonaerense y denunció que la mitad del padrón de afiliados es "trucho".

Más allá de la coyuntura, el conflicto tiene un trasfondo estructural. El aumento de los índices de pobreza y la consolidación de los bolsones de marginalidad social en el conurbano bonaerense, unidos al crecimiento de la "economía popular", la presencia de sus dirigentes en resortes del Estado y el apoyo de sectores de la Iglesia cercanos al papa Francisco, vigorizaron el protagonismo de los movimientos sociales y abrieron un camino hacia su institucionalización como un actor reconocido del sistema de poder.

No es casual que Héctor Daer, el principal de los triunviros de la CGT, haya reivindicado el rol de contención social que cumplen esas organizaciones.

Esa defensa tampoco es ajena a que Cristina Kirchner pronunció ese discurso en un plenario de la CTA, donde cuestiona la representatividad de la central sindical. Como resultado, el Movimiento Evita resolvió crear una estructura partidaria que objetará y pondrá en duda la representatividad política de la vicepresidenta en su último baluarte electoral. 

La debilidad presidencial y la comprobada imposibilidad de la vicepresidenta para asumir directamente las riendas del poder (única forma de ejercerlo en plenitud) potencian la reaparición de los gobernadores en la escena nacional y la irrupción de Daniel Scioli, cuya incorporación en el Ministerio de la Producción es sinónimo del lanzamiento de su precandidatura presidencial.

Pero el protagonista más significativo, porque a diferencia de los otros actores tiene una posible ruta de salida, es Sergio Massa, quien había planteado un virtual ultimátum a Fernández para “repensar el gobierno”, cuyo rechazo puede abrir la alternativa de una ruptura del Frente Renovador con el gobierno, una amenaza cuya materialización alimentaría las hipótesis de una crisis institucional y la consiguiente convocatoria a una Asamblea Legislativa. 

El problema de fondo es que existe una contradicción entre la coalición gubernamental y una estructura de poder real que incluye a la oposición parlamentaria, los sectores empresarios, el sindicalismo, los movimientos sociales y el Poder Judicial. La alianza oficialista, expresada en el Frente de Todos, es hegemonizada por Cristina Kirchner, pero esa hegemonía política no está en condiciones de extenderse al conjunto de esa estructura de poder, y menos aún de la sociedad. 

Esa limitación fue precisamente la razón de ser de la candidatura de Fernández, incompatible con la tradición presidencialista de la Argentina. El resultado es una crisis de gobernabilidad que era previsible desde el principio de este gobierno y ahora está al borde del estallido. La única forma de afrontarla es a través de una reformulación integral del sistema político instaurado el 10 de diciembre de 2019. 

* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y miembro del Centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario
 

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