Obra pública: falta de controles y mínima responsabilidad de los jefes de Gabinete

Los fiscales que llevan adelante la acusación contra los 13 imputados por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 apuntaron a la falta de controles por una supuesta decisión política como el factor principal para que las empresas de Lázaro Báez se quedaran con la mayoría de los contratos y pudieran incumplirlos sin que esto despertara alarmas.

Además, refutaron el argumento de defensa de los acusados sobre que una auditoría indicó que no había irregularidades en las obras investigadas, ni graves incumplimientos.

Y consideraron que las decisiones sobre los hechos partieron directamente desde la Presidencia de la Nación y saltearon a los jefes de Gabinete para llegar directamente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Los fiscales consideraron que mientras durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner hubo cinco jefes de Gabinete, De Vido y Nelson Periotti –este último al frente de Vialidad Nacional- se mantuvieron en sus cargos.

Ello, según el fiscal Diego Luciani, muestra que la supuesta maniobra por la que formula no puede ser atribuida, en ningún grado de participación, a los ex jefes de Gabinete, entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández.

El fiscal, quien atribuye la supuesta maniobra defraudatoria a la falta de controles, consideró que los jefes de Gabinete, quienes tenían la responsabilidad jerárquica sobre los Ministerios, no tuvieron participación en el delito.

La principal acusada, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, otra vez volvió a estar ausente en la audiencia, que se realiza mediante la plataforma virtual Zoom.

Luciani hizo foco en responder a los argumentos defensistas sobre que todas las obras públicas cuestionadas habían recibido aprobación por parte del Congreso al sancionar las normativas que avalaron los informes anuales de la “cuenta de inversión”.

Luciani consideró que eso fue un “mero formalismo”, que los informes se aprobaron cinco años después de los ejercicios y que en el Congreso no tuvieron la profundidad de análisis que ameritaban.

Por su parte, el fiscal coadyuvante Sergio Mola destacó que Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, había advertido en una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción que existía “cartelización de la obra pública”.

Lavagna declaró como testigo en el proceso y ratificó aquel concepto, pero no lo circunscribió a Santa Cruz sino que lo expuso como una situación general.

La hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió que se auditara toda la obra pública entre 2003 y 2015, en todo el país, pero esa medida de prueba fue rechazada repetidamente.

Mola se quejó también de la falta de controles por parte de los organismos que tenían esa misión, entre ellos la Auditoría General de la Nación (que estuvo a cargo del radical Leonardo Despouy) y de la Sindicatura General de la Nación, cuya cabeza por ley le corresponde a la oposición.

Además, reinterpretó el informe de auditoría ordenado por el primer titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, que concluyó en que las irregularidades en la obra pública asignada a Báez eran menores.

La fiscalía atribuyó esa consideración a que los auditores tuvieron sólo 15 días para recorrer más de seis mil kilómetros y que el propio informe explica que sus conclusiones no son definitivas.

El juicio por la obra pública de Santa Cruz se reanudó esta  mañana con la séptima jornada de alegatos de los fiscales, sobre un total previsto de nueve.

Superada la primera instancia de la etapa de las recusaciones, rechazadas todas el viernes a última hora, los fiscales retomaron la descripción de los hechos que, según anticiparon, derivarán en pedidos de penas severas para los 13 acusados.

Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (estos dos últimos, recusados) decidieron el viernes, en sendas resoluciones, rechazar los pedidos de apartamientos que los involucraban a ellos mismos y también los de los fiscales.

Esa decisión pasará ahora “en consulta” a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá ratificar el rechazo o podrá, en su defecto, modificar la decisión respecto de algunas o todas las recusaciones.

Ello, no obstante, no impedirá de momento la continuación del proceso, que entró en la recta final de la etapa acusatoria.

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