La crisis impone replanteos de fondo

Las crisis representan una fuente inagotable de sorpresas y de oportunidades. Lo que no fue posible el domingo 3 de julio, cuando la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía impidió la asunción de Sergio Massa a la Jefatura de Gabinete, resultó inevitable veinticuatro días después, cuando la debacle demostró la necesidad imperiosa de una reformulación integral del sistema de poder instaurado el 10 de diciembre de 2019.

El ascenso de Massa implica un cambio en el gobierno que, tarde o temprano, precede a un cambio de gobierno. Comienza una etapa de transición que culminará con las elecciones presidenciales, cuya fecha de realización tendrá que adecuarse al curso de los acontecimientos.

La velocidad de los sucesos indicaba que la Argentina se acercaba a una crisis de gobernabilidad de características diferentes pero dimensiones semejantes a las experimentadas en junio de 1989 con la salida anticipada de Raúl Alfonsín y en diciembre de 2001 con la caída de Fernando De la Rúa. Los plazos constitucionales no se compadecían con la descomposición del poder político, acelerada después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina Batakis, que desató una tormenta económica de una dinámica imparable.

Cuando las salidas convencionales revelan su incapacidad para afrontar una crisis, la tendencia de los protagonistas es buscar primero variantes "on de box" (dentro de la caja) y, en la medida que éstas se manifiestan inviables, o no funcionan, explorar alternativas "off the box" (fuera de la caja). Esto último es hoy un imperativo obligatorio para todos los actores políticos y sociales. Ingresar en ese terreno desconocido implica una mayor dificultad para deslindar la viabilidad de las alternativas.

La política se transforma en un juego de "ensayo y error" y la salida del laberinto suele emerger recién después del resultado de previos experimentos fracasados.

Reformulación del poder

El ascenso de Massa y el confinamiento de Alberto Fernández al papel de un "presidente a la europea" abren camino hacia una reformulación integral del sistema de poder que involucre una ampliación de su base de sustentación, una perspectiva favorecida por los vínculos que mantiene Massa con dirigentes de la oposición como el presidente del Comité Nacional del radicalismo, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El ocaso del "kirchnerismo", entendido no como corriente política sino como alternativa de poder, exhibido en la pérdida de centralidad política de Cristina Kirchner, que la llevó a aceptar la asunción de Massa, supone, como contrapartida, una crisis del "antikirchnerismo". No solamente el peronismo sino también Juntos por el Cambio están forzados a replantear su identidad para adecuarse a una nueva era del "poskirchnerismo" que empieza a divisarse en el horizonte.

Quedaron por ahora en suspenso la posibilidad de una renuncia abrupta de Fernández y / o del adelantamiento de las elecciones presidenciales, que pasaron de ser un mero juego de fantasías tremendistas por la convicción generalizada de que Fernández no está en aptitud de cumplir su mandato constitucional. En cualquier circunstancia, el 2023 dejó de ser el horizonte obligado de la política argentina. El largo plazo no va hoy más allá de diciembre de 2022.

Los liderazgos territoriales

La direccionalidad de este proceso estará determinada por las definiciones de los liderazgos territoriales del peronismo, en especial de los gobernadores y los intendentes del conurbano bonaerense.

Su anterior pasividad, derivada de la confusión reinante y trasuntada en la intención generalizada de separar las elecciones provinciales de la contienda presidencial, resultó insuficiente para garantizar la gobernabilidad de sus respectivos distritos ante el riesgo cierto de un estallido económico-social.

Los clásicos encuentros en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) aumentaron en frecuencia y en densidad política. Su resultado fue un ultimátum a Fernández cuyas consecuencias están a la vista. En ese escenario cobraron relevancia las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien salió a defender al sector agropecuario de las acusaciones presidenciales. Esa actitud de Perotti contrasta con los dirigentes "kirchneristas" que, ante la imposibilidad para brindar una respuesta a la situación, insisten en asumir una estrategia de confrontación contra un imaginario frente "golpista".

La presunta coalición desestabilizadora incluye a la Corte Suprema de Justicia, cuya actual integración, según aseveró Cristina Kirchner, torna imposible una mejora en el nivel de vida de los argentinos. Esa afirmación revela, por omisión, la impotencia política de la vicepresidenta, ya que cualquier modificación en la composición del máximo tribunal requiere la aprobación de los dos tercios del Senado, un requisito quimérico en estas circunstancias.

Este reacomodamiento de fuerzas abre condiciones para un acuerdo político que garantice una etapa de transición hasta las elecciones.

La "hoja de ruta" pasa por el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo con el FMI, aprobado con el respaldo de las bancadas opositoras por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, pese a la oposición del "kirchnerismo", explicada por Máximo Kirchner.

Esa divisoria de aguas marcará la diferencia entre el “adentro” y el “afuera” en la reconfiguración del sistema de poder en la etapa que se inicia.
 La reformulación del sistema de poder no puede reducirse a una redistribución de la cuotificación de las responsabilidades gubernamentales. En el cortísimo plazo, el estado de emergencia exige la implementación de un programa de estabilización económica que permita avanzar en la reducción de la inflación. Esa prioridad implica la necesidad de un fuerte ajuste fiscal, mediante un drástico recorte del gasto público y la búsqueda de canales alternativos de financiación externa, una tarea que requiere un fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos.

Estabilización y sinceramiento

Ningún plan de estabilización resulta viable sin un horizonte que explique y justifique un sacrificio colectivo que conlleva una alta dosis de conflictividad. El trazado de ese horizonte exige formular un proyecto de desarrollo, cuyo motor es el aprovechamiento integral de los recursos naturales, con énfasis en la agroindustria. Las cuatro actividades prioritarias, que en esta emergencia representan además una “fábrica de dólares” capaz de proveer las divisas indispensables para evitar el colapso financiero, son la agroindustria, la energía (en especial los yacimientos de Vaca Muerta), los minerales (en particular el litio) y la industria del conocimiento.

Toda estrategia económica exige una base de sustentación política y social. Esta condición implica hoy una convergencia entre los sectores populares, históricamente representados por el peronismo, con los sectores productivos tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivos de la economía, cuya principal manifestación, aunque por supuesto no la única, es el complejo agroindustrial argentino.

La reformulación en ciernes del sistema de poder coincide con una oportunidad histórica para la Argentina, abierta por un nuevo escenario global signado por el incremento de la demanda de alimentos y el aumento del precio de la energía. Solo un consenso nacional alrededor de un proyecto compartido puede recrear la confianza colectiva indispensable para convertir esa oportunidad en una realidad tangible. La definición de ese nuevo consenso supone, ante todo, enterrar el pasado como un asunto de discusión política.

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y miembro del Centro de Reflexión Política Segundo Centenario.
 

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