La enorme expectativa generada en el Noroeste argentino (y en el país) por las posibilidades que brinda la vertiginosa demanda mundial de litio podrían frustrarse si se sanciona el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, tal como aparece redactado con la firma del diputado bonaerense Leonardo Grosso. Aunque resulte paradójico, esta iniciativa incluye como "humedal" cualquier concentración de agua, a tal extremo, que en el mapa ya diseñado se muestran como áreas protegidas los salares de la Puna, donde no hay agua, pero hay litio, la nueva "quimera del oro" (como la que marcó a fuego la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica).

Pero la diferencia es que en nuestra región no se trata de una quimera que atrae aventureros, sino de una realidad que interesa a grandes inversores que ya están trabajando en la Puna; que las provincias consideran indispensable como recurso y que, evidentemente, el poder central quiere controlar, tal como ocurrió con YPF.

Sancionar una ley de esa naturaleza sería introducir un cambio de las reglas de juego para un avanzado proyecto minero; a pesar de estar ávido de divisas provenientes de las exportaciones, el Gobierno nacional parece dispuesto a jugar con fuego.

Los recursos naturales, como el litio, el oro y el cobre forman parte del patrimonio de cada provincia y es esta la que debe regular su explotación y su preservación; así lo establecen la Constitución Nacional y la ley de presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente sancionada en 2002.

El proyecto en cuestión iba a ser tratado hoy por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura y de Recursos Naturales de la Cámara baja, para lograr dictamen y llevarlo al recinto. Sin embargo, la reunión se postergó, debido probablemente a los cuestionamientos crecientes que van surgiendo desde las provincias. Es que cuando el proyecto quedó expuesto a un debate público, generó un impacto altamente negativo. Los primeros en reaccionar fueron los inversores mineros y, poco a poco, los gobernadores, los legisladores, los intendentes y los diversos sectores sociales parecieron tomar conciencia del riesgo.

Y así quedó en evidencia una desinformación generalizada e inexplicable.

No obstante, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), integrado por los funcionarios nacionales y provinciales del área, venía hablando del tema desde hace tiempo. El 11 de julio pasado, en la asamblea ordinaria, el anfitrión, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, no dejó lugar a dudas. En el acta firmada por todos los miembros, el primer punto del temario es "el proyecto de Ley de Humedales elaborado por el COFEMA". El ministro lo define como "una ley consensuada, un hito de trabajo colectivo con impronta federal".

Según el acta, Salta estuvo representada por el secretario Alejandro Aldazábal. La secretaria de Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, celebró ese día el intenso trabajo realizado por las comisiones desde el 2 de febrero, es decir, más de siete meses de "consensos".

Allí, Cabandié puso como modelo la Ley de Bosques sancionada en 2007 y anticipa que piensan modificarla. El proyecto supuestamente consensuado del que están hablando es el de Grosso, en el cual quedan abiertas las puertas para cualquier intromisión del poder central. Y es un texto que copia al detalle el redactado en 2007 por el diputado Miguel Bonasso con la supervisión de Greenpeace.

Todos deberían recordar lo que pasó en Salta con esos "presupuestos mínimos" para la protección de bosques nativos. El proyecto original había sido rechazado por la mayoría de los diputados del Norte Grande, pero no pudo con el peso de los diputados de la región central, donde ya no quedan bosques. De los salteños solo Juan Manuel Urtubey y Susana Canela lo avalaron. El Senado introdujo mejoras sustanciales, pero quedó abierta la puerta a la intromisión del poder central. De ese modo, el ordenamiento territorial dispuesto por Urtubey, ya gobernador, respondió a las mismas presiones y el saldo fue que nos quedamos sin bosques, sin desarrollo agro ganadero y sin crecimiento de calidad de vida en las comunidades rurales.

En la a reunión postergada debían estar los diputados del Frente de Todos por Salta Pamela Calletti y Emiliano Estrada. Ambos admiten que será necesario introducir cambios en el texto. El proyecto de Grosso lleva la firma de la kirchnerista Verónica Caliva, mientras que Lucas Godoy, Miguel Nanni y Virginia Cornejo condicionan su aprobación a que se resguarden las atribuciones provinciales. El único que adelantó su absoluta oposición es Carlos Zapata.

El gobernador Gustavo Sáenz reclamó cambios a la ley en términos muy severos. A su vez, el firme rechazo expresado el martes por los diputados provinciales no deja dudas: el consenso no existió ni en el Congreso ni en el COFEMA.

La única quimera, en este caso, es buscar mejoras al proyecto. Es insalvable. Se trata de una nueva decisión centralista para subordinar el desarrollo y preservación de los recursos naturales a mandatos muy concretos y minuciosos, que de ninguna manera pueden considerarse "presupuestos mínimos".

La postergación anunciada por el mismo diputado Grosso demuestra que el proyecto es impresentable, simplemente, porque supone una intervención irregular que choca de frente con la experiencia reciente de las provincias del Norte Grande, con la Constitución y con el principio esencial del federalismo.

 

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