El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo ignoto, pero no por eso inofensivo.
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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo ignoto, pero no por eso inofensivo.
Forma parte de un pelotón de entidades de la administración pública que han sido históricamente utilizados por el partido de gobierno para desplegar un cuestionable "activismo administrativo": transformaciones, capitales, eludiendo la opinión pública y el tedio institucional del Congreso.
Típico de sus raíces con tendencias autoritarias, el antecedente más cercano fueron los cientos de decretos de necesidad y urgencia allá en los demonizados 90. Ahora bajaron un escalón, y van directamente por normas de menor rango, de más fácil ejecución. Desde el Inadi, la IGJ, pasando por la AFIP con blanqueos a medida, hasta resoluciones de Cammesa diseñadas para los amigos.
Quedan pocos meses de un gobierno exangüe, al que ya ni las encuestas militantes logran mantener a flote. Más que nunca, por la falta de legitimidad y de mayorías en el Congreso, toca prestar mucha atención a estos movimientos tácticos. No solo por los fines electorales que auspician, sino por las consecuencias institucionales que en simultáneo van sembrando.
Volvamos al INAI, para explicarlo mejor. Desde hace un tiempo empezó un revoleo de hectáreas de tierras a mansalva. Los beneficiarios de la movida son comunidades indígenas del Norte, la Patagonia y ahora Cuyo. El apoyo jurídico es el artículo 75 de la Constitución Nacional, puntualmente una de las 32 atribuciones que tiene el Congreso: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas". Le suman algún tratado de la Organización Internacional del Trabajo (?) y palabrerío altisonante como "es absolutamente necesario" y muchos "tendiente a" y "abordar".
Hasta acá todo muy generoso eso de repartir lo ajeno. Dura poco. Apenas se acerca la lupa saltan los problemas y las picardías. La última repartija del INAI lo patentiza: dentro de los 222 km2 que el Inadi "entregó" en Mendoza, existen 21 pozos activos de petróleo; así, como suena. Y los beneficiarios no son mapuches; de hecho, no está claro quiénes son, porque no están legalmente agrupados en nada. Su argumento, compartido graciosamente por el Inadi, es que se "autoperciben mapuches"; así como se lee.
Repasando, estamos ante una norma inferior que regala cientos de hectáreas con pozos activos de petróleo a un grupo de gente que se "autopercibe" de una etnia indígena que ni siquiera habitó históricamente Mendoza. Todo muy irregular, pero sobre todo inconstitucional.
Aunque la opacidad de la norma, su contenido y su destino no son todo. Lo que cuenta, lo que verdaderamente cuenta, es lo institucional. Porque lo que está en juego es el derecho de propiedad, eso que tanto molesta al partido gobernante. El propósito es muy simple: lo tuyo no es tuyo, es de todos. No te esfuerces, que da lo mismo.
Ni Marx se animó a tanto; al menos lo fundamentó en las más de tres mil páginas de su tedioso Das Kapital. Acá estamos ante una seudofilosofía política de autoayuda, que en más de 18 años ya dio lo poco que tenía para dar.