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Aparecen más datos de los hermanos discapacitados, presos casi 3 años

El caso viola todos los tratados internacionales de protección para las personas con discapacidad. La denuncia de la curadora contra los funcionarios judiciales sigue su curso.
Martes, 07 de febrero de 2023 02:31

La noticia publicada por El Tribuno corrió ayer por los pasillos de la Ciudad Judicial de Tartagal como reguero de pólvora, pero ninguno de los magistrados denunciados por la curadora de dos jóvenes discapacitados pidió derecho a réplica ni se refirió en ningún medio a la situación que los involucra.

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La noticia publicada por El Tribuno corrió ayer por los pasillos de la Ciudad Judicial de Tartagal como reguero de pólvora, pero ninguno de los magistrados denunciados por la curadora de dos jóvenes discapacitados pidió derecho a réplica ni se refirió en ningún medio a la situación que los involucra.

La detención -durante 2 años y 11 meses- de dos hermanos oriundos de Aguaray quienes estuvieron privados de su libertad desde el 19 de marzo de 2018 hasta el 4 de febrero de 2021 desembocó en que una prima de ambos jóvenes que fue designada como personal de apoyo (curadora) presentara una denuncia penal contra funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público fiscal del distrito judicial de la circunscripción Tartagal. Con el paso de las horas surgieron aún más detalles del caso que no tiene explicación alguna desde el punto de vista jurídico ni legal y que viola todos los tratados internacionales de protección de las personas con discapacidad. De hecho tener a dos muchachos discapacitados presos es casi lo mismo que tener privado de su libertad a un niño de 8 años ya que los derechos y prerrogativas que los asisten son para las leyes argentinas y el derecho comparado, muy similares.

El Tribuno en forma exclusiva pudo acceder a la nómina de los funcionarios que fueron denunciados en la Comisaría 45 de Tartagal por la curadora de los dos hermanos quien en la misma denuncia hizo reserva de solicitar una audiencia con el procurador general de la Provincia, el ministro de Derechos Humanos y el propio gobernador de Salta para poner en conocimiento de ellos la situación a la que fueron sometidos los dos muchachos y en la que se encuentran actualmente, ya que al recuperar la libertad quedaron en total desprotección, viviendo en una finca que era del abuelo, uno de ellos viviendo de hacer "changas" y sin siquiera tener asegurado el sustento alimenticio diario.

Los denunciados son la fiscal de Violencia de Género, María Lorena Martínez; el juez de Garantías, Nelson Aramayo; la jueza de Cámara Asusena Vázquez; las psicólogas del Poder Judicial, Silvia Susana Fuenzalida y Estela Lizondo; el médico del Poder Judicial, Marvyn Flores; las defensores oficiales Natalia Pagani y Lorena Babicz y el asesor de Menores, Juan José Andreu. Es la primera vez desde la creación del distrito que una denuncia involucra a tantos funcionarios de la circunscripción norteña a quienes se los responsabiliza por haber mantenido detenidos desde el año 2018 hasta el 2021 a dos hermanos con evidentes signos de ser discapacitados profundos.

  Lorena Martínez, fiscal de Violencia de Género.

De hecho después del control de legalidad del que deben participar el juez, el fiscal, la defensora oficial entre otros funcionarios, los dos muchachos fueron alojados en la comisaría de Aguaray. Dos días después fueron citados a la audiencia de imputación acudiendo en calidad de detenidos y a pesar de que la discapacidad de un 90 y 95 por ciento respectivamente era evidente, ambos fueron sometidos a declaración indagatoria. El juez de Garantías N° 1 Aramayo dictó la prisión preventiva de ambos solicitada por la fiscal Martínez. Cuatro meses más tarde (julio de 2018) la fiscal formuló el decreto de requerimiento de remisión de la causa a juicio por lo que el juez actuante resolvió en ese mismo sentido.

  La comisaría de Aguaray donde tuvieron detenidos a los hermanos casi tres años.

A pesar de que en el expediente obraba un certificado expedido por el médico psiquiatra de Tartagal Marcos Paredes -a pedido de un profesional del fuero local que ofició como representante de la curadora de ambos jóvenes- los dos muchachos continuaron detenidos.

Tiempos del caso

El juez original dictó la prisión preventiva de ambos hermanos solicitada por la fiscal Martínez en marzo de 2018. Cuatro meses más tarde la fiscal Martínez formuló el decreto de requerimiento de remisión de la causa a juicio por lo que el juez actuante resolvió en ese mismo sentido. A pesar que en el expediente obraba un certificado expedido por el médico siquiatra de Tartagal Marcos Paredes -a pedido de un profesional del fuero local que ofició como representante de la curadora de ambos jóvenes-, los dos muchachos continuaron detenidos hasta la feria judicial de 2021.

Lo que decían los informes médicos sobre la salud mental

"Paciente, viril y tranquilo, impresiona patología oligofrénica, refiere antecedentes de traumatismo de cráneo a muy temprana edad. No sabe leer, ni escribir. No comprende las preguntas de manera adecuada", expresó el psiquiatra en referencia al mayor de los hermanos.

En referencia al menor informó: "El paciente no entiende las preguntas durante la entrevista; sus respuestas son lentas, impresiona oligofrénico. Sugiero evaluación psicológica y neurológica".

No obstante el cúmulo de evidencias que obran en el expediente más otros informes de juntas psiquiátricas que evaluaron a los dos muchachos, certificando que se trataba de discapacitados, estos permanecieron detenidos hasta el mes de febrero del año 2021 cuando un magistrado en feria, al tomar conocimiento del tema -debía presidir la audiencia de debate- decidió dictarles el sobreseimiento y ponerlos en libertad.

Aclaración de una psicóloga

La psicóloga Estela Lizondo, una de las profesionales denunciadas por este caso, presentó una nota ante El Tribuno para aclarar que no evaluó "a los señores A.S.S y B.D.S. Solo tuve participación en la evaluación realizada dentro de la causa civil sobre restricción de la capacidad, informe presentado a requerimiento de la señora jueza del juzgado de Personas y Familia", precisó la profesional.

La abogada penalista Sara Yamila Esper, por su parte, explicó en relación al pedido que realizó al municipio de Aguaray y al intendente de esa localidad, para que los dos hermanos puedan tener algún tipo de contención alimentaria o disponer de un módulo habitacional que "hasta el momento no hemos podido conseguir nada; nadie me llamó porque lo que pedí es que le construyan un módulo para que por lo menos tengan un lugar donde dormir ya que mi clienta -la curadora de ambos hermanos- no puede hacerse cargo de ellos en su casa".

(Corresponsalía Tartagal)

 

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