El proyecto antipiquetes que fue convertido en ley tras la última sesión del Senado es el tema que por estas horas los intendentes prefieren evitar, aunque saben que su abordaje será ineludible en el marco de las protestas, tanto actuales como futuras, que se puedan dar en el territorio salteño, sean estas en calles o rutas nacionales o provinciales.
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El proyecto antipiquetes que fue convertido en ley tras la última sesión del Senado es el tema que por estas horas los intendentes prefieren evitar, aunque saben que su abordaje será ineludible en el marco de las protestas, tanto actuales como futuras, que se puedan dar en el territorio salteño, sean estas en calles o rutas nacionales o provinciales.
Es que a pesar de que no lo quieren reconocer abiertamente, los jefes comunales temen la certeza de que las protestas docentes también disparen, en el corto plazo, los reclamos de los empleados municipales que seguramente se accionarán en las calles de los municipios o en las rutas de accesos.
Este es el punto por el cual la mayoría de los intendentes, al ser consultados por El Tribuno, prefirió no opinar, aunque se sabe que están de acuerdo con la '"ley de convivencia y conciliación ciudadana", pese a que muchos de los senadores de esos departamentos -que comparten la misma línea política- votaron en contra. Esta suerte de contradicción descoloca las definiciones sobre el tema, al que se suma el planteo de la temporalidad. "Estamos avizorando muchos problemas y es bueno ponerle un freno de antemano a los piquetes, pero creo que no era el momento. Notamos el descontento a partir de la protesta docente y vemos que los empleados empiezan a reclamar. Mientras tanto los vecinos están enojados con los legisladores y con lo intendentes porque nos reprochan que no actuamos antes", dijo un jefe comunal del Valle de Lerma, que pidió reserva.
Tanto es el recelo que, de todos los consultados, solo tres se animaron a dar "declaraciones en on" y los motivos son más que obvios.
Adrián Zigarán, interventor de Salvador Mazza, finaliza su gestión a fin de año y aseguró que la ley es "altamente positiva y es algo que en el departamento San Martín venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es el mensaje que se le da a la sociedad y estimo que casualmente se la sanciona en un momento en que vemos a docentes, a educadores cometiendo el delito de cortar rutas. Estas situaciones que se repiten en el departamento San Martín no pueden ser tomadas como normal y que se repliquen en el resto de la provincia. En Salta el derecho a protestar está garantizado, pero en el departamento San Martín tenemos más de 1.500 denuncias por el corte de la ruta, lo que afecta a miles de personas que, en su desesperación por querer ejercer su derecho de transitar, quieren ellos mismos a despejar la ruta".
Isidro Ruarte, intendente de Mosconi, también abandona el cargo a fin de año. "Apoyo toda medida que sea para que las protestas se ordenen porque así no se puede vivir. Acá en la ruta nacional 34 el corte de ruta es de todos los días. Así sean 10 personas, les cortan la ruta a miles que no pueden transitar. Eso genera mucha bronca en la gente, pero, sobre todo, mucho atraso. Entiendo el reclamo, pero tenemos que decir las cosas como son. La Argentina está fundida y las provincias no son ajenas, como tampoco lo somos los municipios. Pasar Cornejo, Mosconi, Tartagal y Aguaray por la ruta nacional 34 es imposible y eso no puede seguir", expresó.
Ayer, la ruta 34 amaneció y anocheció cortada por originarios que no dejaban cruzar ni siquiera a los móviles de la Gendarmería en Mosconi. Pese a ello, el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler, fue uno de los diez que votó contra la ley antipiquete.