En medio de un panorama económico incierto y desafiante, la Provincia de Salta otorgó un aumento salarial del 15% para los docentes, además de un bono extra de 30.000 pesos que se hará efectivo el próximo 13 de septiembre. Estos anuncios parecen, a simple vista, una respuesta positiva a las demandas del sector educativo; sin embargo, al analizar de cerca el contexto y las implicaciones, se revelan cuestionamientos significativos.
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En medio de un panorama económico incierto y desafiante, la Provincia de Salta otorgó un aumento salarial del 15% para los docentes, además de un bono extra de 30.000 pesos que se hará efectivo el próximo 13 de septiembre. Estos anuncios parecen, a simple vista, una respuesta positiva a las demandas del sector educativo; sin embargo, al analizar de cerca el contexto y las implicaciones, se revelan cuestionamientos significativos.
Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (Aeepsa), alzó su voz en medio de una situación que describe como "delicadísima" para el sector educativo privado en la provincia. Pereyra compartió a través de Radio Salta sus preocupaciones y desafíos ante los recientes aumentos salariales y su impacto en las cuotas escolares.
La mirada de Pereyra hacia el panorama actual es de incertidumbre. "Hemos estado muy expectantes para saber cuál iba a ser el aumento de estas paritarias", expresó. En particular, subrayó que los colegios nucleados en su asociación no reciben un aporte estatal sustancial, y algunos apenas un 15% de la masa salarial, lo que hace que la situación sea aún más complicada.
La cruda realidad es que cualquier modificación en la grilla salarial afecta directamente a las cuotas de los colegios privados, ya que, según Pereyra, "el 80% de la cuota de un colegio va para sueldos". Ante esta perspectiva, los padres de familia pueden esperar nuevos ajustes en las cuotas de sus hijos, ya que los colegios buscarán equilibrar sus finanzas.
En cuanto al rango de las cuotas, el titular de Aeepsa señaló que varía significativamente. Algunos colegios, en su mayoría del tipo cooperativa, tienen cuotas cercanas a los 20.000 pesos, mientras que otros llegan hasta los 70.000 pesos. El promedio de las cuotas en sus asociados oscila entre los 35.000 y 55.000 pesos.
Cuando se trata de competir con colegios que reciben subsidios y tienen cuotas más altas, Pereyra expresó su preocupación. Aunque obtuvieron un modesto 15%, este alivio se vio erosionado por los incrementos anteriores. Además, la falta de un decreto firmado que establezca cuándo recibirán estos fondos agrega incertidumbre al proceso. De hecho hace dos semanas recién cobraron mayo.
La situación es aún más apremiante cuando se considera el impacto en las familias y los alumnos. Los 30 colegios asociados de Aeepsa alcanzan a 1.200 familias y atienden a alrededor de 15.000 alumnos. El titular de Aeepsa también expresó su preocupación por la posible pérdida de empleos docentes y el impacto en los alumnos si los colegios privados se ven obligados a cerrar sus puertas. Afortunadamente, hasta ahora no se ha confirmado ningún cierre, pero algunos colegios estuvieron al borde de esa decisión, incluso después de haber obtenido la promesa de un 30% de aporte que luego se redujo al 15%.
La lucha de estos colegios privados se ve agravada por los altos costos de alquiler de edificios, que pueden llegar a los 500.000 pesos e incluso un millón de pesos en algunos casos. Los colegios a menudo deben alquilar múltiples espacios para acomodar diferentes niveles de educación y actividades, lo que aumenta aún más sus gastos operativos.
Así, el sector docente acumuló un aumento salarial del 84,5% en lo que va del año. Esta cifra indica que están por encima de la inflación, que hasta julio se situaba en un 60,2%, según el Indec. Hasta ese momento, los maestros ya habían recibido un 69,5% de aumento. Esto se suma a los montos extraordinarios que se pagaron en enero, febrero, julio y agosto, alcanzando un total de 150.000 pesos en septiembre. Por otra parte, la suba plantea graves desafíos para los municipios salteños y el sector privado en general, que se ven abrumados por la incertidumbre de cómo financiar esta nueva carga económica.