Nunca en sus agitados 75 años de existencia, que incluyen tres guerras con sus vecinos árabes, Israel atravesó un momento tan crítico. La guerra de Gaza con sus múltiples derivaciones, el peligro de su irradiación a escala regional y la creciente fractura cultural de la sociedad, profundizada hasta el paroxismo durante el gobierno de la coalición derechista liderada por Benjamín Netanyahu, confluyen en generar un estado de incertidumbre que sólo reconoce una certeza: cuando esta guerra termine, nadie sabe cómo ni cuándo, nada será como antes. Será necesario barajar y dar de nuevo, en Israel y también en su inquieto vecindario.
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Nunca en sus agitados 75 años de existencia, que incluyen tres guerras con sus vecinos árabes, Israel atravesó un momento tan crítico. La guerra de Gaza con sus múltiples derivaciones, el peligro de su irradiación a escala regional y la creciente fractura cultural de la sociedad, profundizada hasta el paroxismo durante el gobierno de la coalición derechista liderada por Benjamín Netanyahu, confluyen en generar un estado de incertidumbre que sólo reconoce una certeza: cuando esta guerra termine, nadie sabe cómo ni cuándo, nada será como antes. Será necesario barajar y dar de nuevo, en Israel y también en su inquieto vecindario.
Esa sensación de desosiego colectivo se vio sensiblemente incrementada en los últimos días con la muerte en un bombardeo israelí en Beirut de Saleh al-Arouri, el número dos de Hamas, y el sangriento atentado terrorista en Irán que provocó más de un centenar de muertos en una concentración religiosa en la tumba del general Qasem Soleimani, jefe de la Guardia Republicana y uno de los personajes más populares del país, asesinado por un dron estadounidense en 2020.
Si bien el ISIS se atribuyó la responsabilidad del atentado en Irán e Israel no asumió la muerte de al-Arouri, ambos hechos quedaron inscriptos en una atmósfera de sospecha que aumentó la preocupación por una posible internacionalización del conflicto. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khameini, prometió una "dura respuesta" a los "malvados y criminales enemigos de la nación", una amenaza que muchos interpretaron como lanzada contra Israel y no contra ISIS. Hassan Nasrallah, jefe de Hezbollah (la milicia chiita libanesa aliada de Hamas y patrocinada por Irán), salió a la palestra para anunciar represalias contra los responsables de la muerte de al-Arouri: "combatiremos sin límites, sin restricciones y sin fronteras".
En medio de este convulsionado escenario, y en una votación dividida de ocho votos contra siete, la Corte Suprema de Justicia israelí anuló la controvertida ley de reforma judicial promulgada en 2023 por Netanyahu, cuyo contenido constituía una virtual enmienda constitucional destinada a limitar las atribuciones de los magistrados para revisar las decisiones del poder político. La discusión de esa polémica iniciativa, defendida a ultranza por la derecha religiosa, que ocupa un lugar preponderante en la coalición gobernante, provocó multitudinarias manifestaciones de protesta, interrumpidas por el ataque de Hamas. Para fundamentar su proyecto, Netanyahu argumenta que el Poder Judicial está controlado por sectores liberales que se oponen a los cambios propiciados por un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo israelí.
La sentencia de la Corte reavivó automáticamente la controversia. El Likud, encabezado por Netanyahu, señaló que "es desafortunado que la Corte Suprema emita una decisión en el corazón de las divisiones sociales de Israel precisamente cuando los soldados de todo el espectro político están luchando y arriesgando sus vidas". El Ministro de Justicia, Yariv Levin, afirmó que "el fallo del tribunal quita a millones de ciudadanos su voto y el derecho básico a ser socios iguales en la toma de decisiones". El gobierno quedó ante la disyuntiva de acatar el fallo o insistir en promover una versión más benigna de la ley cuestionada con el objetivo de limitar la jurisdicción de la Corte Suprema.
En contraposición, el líder de la oposición, Yair Lapid, sostuvo que el fallo judicial preserva la democracia israelí. Más relevante fue la postura del ex Ministro de Defensa Benny Gantz, un dirigente opositor que comanda la alianza Unidad Nacional y en virtud de la emergencia aceptó integrar el gabinete de guerra, quien advirtió que "se debe respetar el veredicto y se debe internalizar la lección del año pasado: somos hermanos, todos tenemos un destino común". Si en las actuales circunstancias Gantz llegara a renunciar, el gobierno de Netanyahu quedaría seriamente herido. La controversia agravó las tensiones internas abiertas en la coalición gubernamental, cuya facción extremista plantea ahora que la campaña militar tiene que concluir no sólo con el aniquilamiento de Hamas sino con la erradicación de la población palestina de la franja de Gaza y su traslado masivo a Cisjordania y Egipto. Bezalel Smotrich, Ministro de Finanzas y jefe del partido Sionismo Religioso, alerta que "dos millones de palestinos tienen intenciones de masacrar, violar y asesinar judíos donde quiera que estén". Esa postura es compartida por el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de Poder Judío.
Mientras tanto, las consecuencias económicas de la guerra son terribles para la franja de Gaza. Cerca de la mitad de sus edificios y más de la mitad de sus viviendas fueron dañados o destruidos. Más de 1.800.00 habitantes fueron desplazados de sus hogares. La tarea de reconstrucción involucrará un desafío financiero de dimensiones homéricas y aunque nadie sabe a ciencia cierta quiénes se harán cargo del costo, que seguramente requerirá un operativo de salvataje internacional de vastas proporciones, es obvio que una parte de ese esfuerzo recaerá sobre el Estado judío.
Pero la economía israelí también experimenta un shock que algunas estimaciones consideran peor aún que el ocasionado por la pandemia. Los economistas calculan que en esta guerra Israel ya lleva gastados 18.000 millones de dólares, o sea unos 220 millones de dólares por día.
El producto bruto israelí es de 500.000 millones de dólares. Si, como pronostican algunos observadores militares, las hostilidades persisten durante un año el gasto bélico equivaldría a un 14% del PBI.
A partir de la agresión terrorista de Hamas hubo también una brutal caída de la recaudación impositiva y una fuerte contracción de la actividad económica, que incluye la virtual desaparición del turismo internacional, un rubro que siempre representó una importante fuente de divisas. Los efectos fueron especialmente significativos en la rama de la alta tecnología, el sector más dinámico del sistema productivo israelí.
Muchos de los reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) trabajan en el sector tecnológico y su alta calificación profesional hace que su ausencia resulte cada vez más difícil de sustituir por sus empresas empleadoras. Daniel Hagari, vocero del Ejército, anunció que una parte de esos reservistas que fueron convocados para luchar en Gaza volverán a sus hogares y sus trabajos, al menos temporalmente, y reconoció que ese retorno "será un significativo alivio para la economía".
Este costo financiero es insostenible en el mediano plazo. El despliegue en batalla de 220.000 efectivos y el pago de sus salarios durante estos tres meses constituyó una hemorragia fiscal que no puede prolongarse por demasiado tiempo. Porque además de los salarios de sus reservistas y el monumental costo logístico de las operaciones militares, el Estado tiene que hacerse cargo del mantenimiento de los 200.000 ciudadanos israelíes desplazados de las aldeas fronterizas con Gaza y la frontera norte con El Líbano, periódicamente bombardeada por los guerrilleros de Hezbollah.
La resultante de esta conjunción de factores es una gigantesca incógnita. Si la situación de la economía israelí torna cada vez más problemática la profundización de la ofensiva militar, el conflicto político interno dificulta cualquier perspectiva de negociación. La derecha fundamentalista pretende una "solución final" a la cuestión palestina, basada en el éxodo de la población de Gaza y la ocupación del territorio por colonos israelíes. Esa solución resulta políticamente inviable pero tampoco aparece en el horizonte ninguna alternativa seria a la prolongación indefinida del conflicto.