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El año 2025 quedará registrado como un período en el que el derecho internacional fue sometido a una presión inusual, simultánea y sistémica. Ningún continente quedó al margen del deterioro normativo, ninguna organización multilateral emergió indemne y ningún conflicto permitió pensar que las instituciones jurídicas internacionales estaban a la altura de la aceleración geopolítica. Sin embargo, frente a este cuadro, la conclusión es distinta de la que predomina en los discursos más fatalistas. Lejos de haber desaparecido, el derecho internacional continúa operando como estructura de contención, de legitimidad y de atribución de responsabilidades, precisamente porque los actores que intentan erosionarlo siguen necesitándolo para justificar sus acciones. Esa tensión, entre invocación y transgresión, fue uno de los rasgos centrales del 2025 y será una clave interpretativa indispensable para entender el 2026.
Durante el 2025 el sistema multilateral enfrentó cuestionamientos profundos a su legitimidad, eficacia y capacidad de respuesta frente a crisis globales. La crítica no es nueva, pero adquirió en 2025 un carácter estructural.
Estados Unidos, cuyo liderazgo fue históricamente decisivo para la construcción del orden jurídico internacional contemporáneo, mostró una tendencia a instrumentalizar las normas según su conveniencia, adoptando posiciones variables en organismos multilaterales y seleccionando qué obligaciones respetar y cuáles relativizar.
Esta conducta se inscribe en una tendencia más amplia: un repliegue estratégico con énfasis en los intereses domésticos y una disposición cada vez mayor a tensionar las reglas cuando no se ajustan a la agenda nacional.
El resultado es un escenario en el que los principios que sustentaron la arquitectura jurídica del período posterior a 1945 pierden previsibilidad frente a decisiones unilaterales de la potencia que, paradójicamente, contribuyó de manera decisiva a su diseño.
La erosión también se hizo visible en el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas. La ONU exhibió una incapacidad creciente para responder de manera eficaz a crisis simultáneasy que la falta de acción en conflictos como Gaza y Ucrania o falta de resultados en el ámbito de contención de la crisis climática expuso los límites materiales y políticos de los mecanismos multilaterales de seguridad colectiva.
La parálisis del Consejo de Seguridad no responde únicamente a vetos puntuales, sino a una reconfiguración del equilibrio entre las grandes potencias, que ahora utilizan el espacio institucional como escenario de confrontación discursiva más que como plataforma para la resolución cooperativa de amenazas globales. El sistema permanece en funcionamiento, pero su capacidad de incidir en decisiones sustantivas se ha reducido de manera significativa.
En este contexto, los gobiernos iliberales han ganado margen para cuestionar, reinterpretar o ignorar obligaciones internacionales sin enfrentar consecuencias significativas.
El 2025 lo muestra con claridad al señalar que varios Estados han adoptado prácticas que debilitan la legalidad tanto en el plano interno como en su relación con el derecho internacional. El caso de Hungría dentro de la Unión Europea es ilustrativo: un Estado miembro de un bloque que se autodefine como comunidad jurídica ha utilizado mecanismos de veto para bloquear iniciativas vinculadas al Estado de derecho y la protección de derechos fundamentales, demostrando que las normas comunitarias pueden erosionarse desde adentro.
Esa deriva no es exclusiva de Europa. En Oriente Medio, las dinámicas de poder reforzaron la percepción de que la legalidad internacional es un instrumento condicional, un recurso discursivo más que un límite real.
Tanto Israel como Irán violaron principios esenciales, ya sea en operaciones militares o en acciones de desestabilización regional, y lo hicieron apelando selectivamente al lenguaje jurídico para sostener su posición, una práctica que el archivo describe como uso estratégico del derecho internacional.
Rusia continuó en 2025 profundizando su estrategia iniciada en 2014: desconocer obligaciones fundamentales, sostener reivindicaciones territoriales contrarias al derecho internacional y proyectar un discurso que combina negación de los hechos, reinterpretación histórica y utilización retórica de normas aisladas para justificar conductas abiertamente contrarias al orden multilateral.
Moscú utiliza el derecho como herramienta de propaganda, mientras ignora los compromisos centrales del sistema jurídico internacional. Esa dualidad —invocación retórica, violación práctica— sintetiza el tipo de amenaza que enfrentan hoy las instituciones globales.
Argentina, aunque en menor escala por ahora, participó de esta tendencia. En el 2025 aumentaron las tensiones entre el gobierno y mecanismos internacionales de derechos humanos, así como el desinterés por ciertos compromisos multilaterales que históricamente el país respetó con continuidad incluso durante crisis internas profundas. La creciente retórica soberanista cuestionó procedimientos, órganos y estándares, sumando un elemento más a la constelación global de gobiernos que buscan reducir el margen de injerencia normativa de los sistemas internacionales en asuntos domésticos.
Un año bañado en sangre
La proliferación de conflictos armados durante 2025 tensionó aún más la estructura jurídica internacional.
El caso de Gaza fue paradigmático: la magnitud de la destrucción, el genocidio, la complejidad urbana y la reacción insuficiente de los mecanismos humanitarios expusieron la distancia entre las normas del derecho internacional humanitario y su capacidad de ser respetadas en la práctica. Ucrania, por su parte, consolidó la percepción de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad puede sostener una agresión prolongada y una ocupación territorial sin costos internacionales significativos, debilitando la relevancia del principio de integridad territorial que constituye uno de los pilares del sistema jurídico contemporáneo.
Esto se complementó con nuevas formas de conflicto en el Mar Rojo, donde los ataques a embarcaciones comerciales volvieron a colocar el derecho del mar en el centro de debates sobre seguridad internacional. Allí también quedó a la vista la fragilidad de normas consideradas durante décadas relativamente estables en un espacio esencial para el comercio global. A este cuadro se sumó una competencia normativa creciente en campos emergentes como inteligencia artificial, ciberconflictos y vigilancia tecnológica. Las grandes potencias buscan establecer estándares propios con escaso consenso internacional, ampliando zonas grises donde el derecho aún no ofrece respuestas adecuadas. La ausencia de marcos robustos en estas áreas constituye una amenaza adicional para la estabilidad del sistema, porque multiplica los escenarios donde la falta de regulación puede derivar en escaladas o en abusos sistémicos.
El Derecho sobrevive
A pesar de este panorama, el derecho internacional no perdió vigencia ni dejó de ser funcional. Su relevancia se mantuvo visible en 2025 precisamente porque fue invocado una y otra vez por todos los actores involucrados, incluso por aquellos que buscaban debilitarlo. Esta paradoja, la violación acompañada de justificación jurídica, demuestra que las normas internacionales continúan ofreciendo un marco indispensable de legitimación.
Es más, actores estatales y no estatales conservan la necesidad de recurrir al lenguaje del derecho para sostener sus posiciones, incluso cuando sus prácticas contradicen ese lenguaje.
El derecho internacional también mantuvo su capacidad de producir consecuencias institucionales, aunque sea de manera gradual. Los mecanismos humanitarios y de derechos humanos operaron sin interrupciones como la Corte de Justicia Internacional o la Corte Penal Internacional que continuó con investigaciones y solicitudes de cooperación; y diversas agencias de Naciones Unidas sostuvieron su labor de monitoreo, asistencia y documentación. Esta infraestructura institucional no se ha desarticulado y mantiene una influencia significativa en la definición de responsabilidades y estándares internacionales. Incluso en un escenario dominado por gobiernos iliberales, la presión internacional ejercida por organizaciones de la sociedad civil, tribunales nacionales, alianzas regionales y actores no estatales conserva un peso que limita el margen de maniobra de algunos Estados. Estas redes transnacionales mantuvieron niveles altos de incidencia en debates globales, recordando que la eficacia del derecho internacional no depende exclusivamente de la voluntad de los gobiernos más poderosos.
En esta combinación de tensiones, fragilidades y persistencias se encuentra la clave para comprender el lugar que ocupará el derecho internacional en 2026. No es un sistema en retirada, sino un orden que atraviesa un ciclo de adaptación forzada ante la presión de actores que buscan renegociar los parámetros de su legitimidad. La historia demuestra que los períodos de crisis no son señales de desaparición, sino de transformación. Así ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, tras el final de la Guerra Fría y después de las crisis financieras y sanitarias del último cuarto de siglo. El 2025 se suma a esa serie de momentos en los que la distancia entre norma y práctica obliga a redefinir los mecanismos de implementación sin abandonar los principios fundamentales. El derecho internacional no murió porque los actores que lo desafían siguen necesitando el lenguaje que ofrece, porque las instituciones que lo sostienen conservan capacidad operativa y porque los fenómenos que lo amenazan confirman su función regulatoria. Su utilidad no se mide por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para ofrecer un marco común en medio de un orden global cada vez menos predecible.
Diez claves del orden jurídico
- 2025 como año bisagra: El derecho internacional fue sometido en 2025 a una presión global y simultánea que expuso sus límites ante la aceleración geopolítica.
- Un sistema erosionado, no extinto Aun debilitado, el derecho internacional siguió operando como marco de legitimidad y responsabilidad.
- La paradoja de la invocación Los Estados que lo vulneran continúan recurriendo a su lenguaje para justificar sus acciones.
- Estados Unidos y las reglas selectivas Washington profundizó un uso instrumental del multilateralismo según su agenda nacional.
- La ONU frente a sus límites Naciones Unidas mantuvo su estructura, pero perdió capacidad de incidencia efectiva en las crisis.
- Avance de gobiernos iliberales Regímenes autoritarios ampliaron su margen para desconocer obligaciones internacionales.
- Conflictos que erosionan principios básicos Gaza y Ucrania evidenciaron la fragilidad del derecho humanitario y territorial.
- Vacíos normativos emergentes IA, ciberconflictos y vigilancia ampliaron zonas grises sin regulación clara.
- Instituciones que siguen activas Tribunales y agencias internacionales continuaron produciendo efectos, aunque graduales.
- Un orden en transformación El derecho internacional atraviesa una adaptación forzada que marcará el 2026.