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La escena se desarrolló en Estrasburgo, pero el impacto político y económico trasciende largamente a Europa. En una votación ajustada y cargada de tensiones internas, el Parlamento Europeo resolvió frenar el avance definitivo del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al control del Tribunal de Justicia de la UE.
La decisión se adoptó con 334 votos a favor y 324 en contra, una diferencia mínima que refleja el nivel de división existente dentro del bloque comunitario. El paso no implica la anulación automática del tratado, pero sí introduce una instancia clave: será la Justicia europea, con sede en Luxemburgo, la que deberá determinar si el acuerdo respeta los tratados fundacionales de la Unión Europea y el marco jurídico que rige a los 27 países miembros.
El acuerdo cuestionado fue recientemente firmado en Paraguay, tras años de negociaciones complejas entre ambas regiones. Su objetivo central es avanzar hacia una zona de libre comercio, reduciendo aranceles y facilitando el intercambio de bienes y servicios entre Europa y Sudamérica, con especial impacto en sectores como la agroindustria, la energía, la industria automotriz y los servicios.
Sin embargo, el debate en el Parlamento Europeo dejó en evidencia dudas jurídicas y políticas. Legisladores que impulsaron la moción sostienen que existen interrogantes sobre la compatibilidad del tratado con el derecho comunitario, así como sobre sus implicancias en materia ambiental, productiva y de protección de sectores sensibles dentro de la UE. Estas preocupaciones fueron suficientes para forzar el envío del texto a la Justicia, aun cuando el resultado de la votación mostró un Parlamento prácticamente partido en dos.
Desde la Comisión Europea salieron rápidamente a marcar su posición. El portavoz del organismo, Olof Gill, cuestionó la decisión parlamentaria al señalar que, según el análisis del Ejecutivo comunitario, “las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”. Aun así, la Comisión dejó en claro que el proceso judicial no bloquea todas las vías: el acuerdo podría aplicarse de manera provisional mientras se desarrolla el análisis del Tribunal.
Ese punto es clave para entender el escenario que se abre. La revisión judicial no tiene plazos cortos ni resultados inmediatos, lo que suma incertidumbre sobre el futuro del tratado. Al mismo tiempo, la posibilidad de una aplicación provisional mantiene abiertas las expectativas de los países del Mercosur, que ven en este acuerdo una oportunidad estratégica para ampliar mercados y consolidar vínculos comerciales con Europa.
Para la Argentina y la región, el movimiento del Parlamento Europeo es una señal ambigua. Por un lado, confirma que el acuerdo sigue siendo políticamente sensible dentro de la Unión Europea; por otro, demuestra que aún no está cerrado el camino institucional para su implementación. La intervención del Tribunal de Justicia introduce una dimensión jurídica que podría redefinir el alcance, los tiempos y hasta las condiciones finales del tratado.
Así, el acuerdo UE–Mercosur entra en una nueva etapa, menos diplomática y más legal, donde el pulso no se medirá solo en votos, sino en interpretaciones jurídicas y equilibrios políticos dentro de Europa. Un proceso que, aunque se discute a miles de kilómetros, vuelve a poner a Sudamérica -y especialmente al Mercosur- en el centro de una de las negociaciones comerciales más relevantes del tablero global.