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La expansión de la actividad minera en Salta no solo plantea desafíos productivos y ambientales. También pone el foco en la seguridad vial de los corredores que conectan los proyectos con centros urbanos, puertos y proveedores. En ese contexto, la Secretaría de Minería avanza en la redacción de un Protocolo Preventivo de Seguridad Vial para la operatoria logística minera, que buscará ordenar estándares, fortalecer la prevención y reducir riesgos en rutas vinculadas a la actividad.
El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, explicó a El Tribuno que la iniciativa surge de una realidad concreta: el crecimiento del tránsito pesado en zonas de altura, con largas distancias y condiciones climáticas exigentes. "Tuvimos una reunión con el sector minero en donde acordamos la primera validación para la resolución que estamos trabajando y donde entendimos que el Estado no puede estar presente en cada transporte, ya sea de persona o de carga, pero sí puede exigir estándares mucho más elevados que los que venimos teniendo", sostuvo.
La reunión convocó a empresas mineras y a sus áreas logísticas con un objetivo claro: abordar de manera directa las problemáticas viales en rutas mineras y analizar los protocolos actualmente vigentes en cada proyecto.
"Ya se había dado cuenta de la realidad que existe hoy en la conectividad vial minera y esa realidad nos indica que hay gestiones de, por ejemplo, la distancia a los sitios, la altura, el clima y los turnos, no la estamos haciendo de la manera que corresponde", afirmó.
En ese sentido, subrayó que la clave está en cambiar el enfoque. "Entonces es necesario migrar de un control externo, como lo veníamos resolviendo, a un control interno que implique responsabilidades tanto del sector público como del sector privado", remarcó.
La importancia del protocolo radica justamente en ese cambio de paradigma: ya no depender exclusivamente de controles en ruta, sino establecer obligaciones administrativas que las empresas deberán cumplir como parte de sus permisos mineros provinciales.
Carrizo fue enfático al delimitar competencias. "Cuando hablamos ya de la resolución específicamente, el fundamento constitucional nos lo da el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece el dominio originario", explicó. Y agregó: "En cuanto hablamos de la delimitación de competencia, nosotros no vamos a ejercer un control de tránsito sobre la Ruta 51, pero sí podemos establecer obligaciones administrativas a las empresas que tienen permisos mineros provinciales".
Ese marco legal habilita a la Provincia a fijar estándares concretos para la logística minera. Entre las medidas que contempla la resolución en elaboración se encuentran herramientas tecnológicas y controles internos obligatorios.
"Ahí es donde hablamos de GPS activo, donde hablamos de un registro digital de horas de conducción, de horas de descanso, ahí es donde hablamos de un control interno de velocidad, de un control privado de alcoholemia totalmente obligatorio", detalló.
El protocolo también incluirá la identificación formal de contratistas y subcontratistas. "Bueno, todo eso nos va a dar la resolución y todo eso nos va a dar un marco preventivo que es lo que estamos buscando", añadió.
Durante el encuentro inicial, la Secretaría planteó especialmente la necesidad de ordenar la gestión del riesgo en ruta, en relación con factores como la fatiga, el alcohol, el exceso de velocidad y las jornadas extensas de trabajo. El objetivo es que cada empresa incorpore protocolos internos verificables y medibles.
Para el secretario, la reunión con el sector fue un paso clave. "Por eso es lo que entendemos que la primera reunión fue clave y con eso es lo que avanzamos en el principio de la resolución", afirmó.
Participantes
Además de fijar obligaciones, la resolución propondrá la creación de una Mesa Técnica Permanente de Seguridad Vial Minera. Este ámbito institucional estará coordinado por la Secretaría de Minería y convocará a organismos como el Ministerio de Producción y Minería, la Dirección Provincial de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud y SAMEC, Vialidad Provincial, empresas mineras, empresas de transporte, Vialidad Nacional, municipios de corredores mineros y Defensa Civil, entre otros.
Según se informó, el objetivo de la Mesa será compartir información real, analizar datos de siniestralidad, identificar zonas críticas, evaluar tiempos de respuesta ante emergencias y actualizar de manera continua los estándares preventivos.
"Tan importante como las obligaciones, nos constituye la creación a partir de la resolución de una mesa técnica permanente", destacó Carrizo, quien remarcó que la seguridad vial en el contexto minero no puede abordarse de manera aislada.
En un escenario donde la minería aparece como uno de los motores económicos de la provincia, el desafío es que el crecimiento productivo vaya acompañado de estándares de seguridad acordes. El Protocolo Preventivo busca ordenar responsabilidades, establecer controles internos y reducir riesgos en corredores donde circulan a diario trabajadores, insumos y cargas estratégicas.
La resolución aún se encuentra en etapa de elaboración, pero la Secretaría ya dio el primer paso con la validación inicial junto al sector. El mensaje es claro: más actividad implica también más compromiso en materia de prevención.
Hubo controles en ruta
En un esfuerzo coordinado para garantizar la transparencia y la legalidad en uno de los sectores estratégicos de la economía regional, el Gobierno de la Provincia llevó a cabo intensas jornadas de fiscalización y control integral de la actividad minera. Los operativos se desarrollaron sobre la Ruta Nacional 51, a la salida de Campo Quijano, punto logístico clave para el tránsito hacia la Puna salteña. Allí se realizaron controles conjuntos que permitieron supervisar de manera integral cada unidad de carga y transporte vinculada al sector.