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Con la sanción de la Cámara de Diputados, y suprimido el desafortunado artículo sobre las licencias por razones de salud, solo falta que el Senado ratifique el texto final de la Reforma Laboral.
Para el gobierno nacional, esta ley representa un logro político importante, alcanzado gracias al apoyo de la oposición dialoguista y un buen número de gobernadores. El futuro mostrará si alcanza para mejorar la calidad de vida de los argentinos y si puede ser un primer paso para recomponer la fractura social que viene profundizándose en el último medio siglo.
Resulta muy claro que, desde la crisis del petróleo en los años '70, la dirigencia argentina no ha logrado adecuarse a las transformaciones que se sucedieron en un mundo y una economía globalizados, donde cambiaron progresivamente los términos de la competencia internacional, la tecnología introdujo nuevas formas de incorporación de valor agregado y las inversiones productivas fueron migrando hacia los horizontes más atractivos.
El avance vertiginoso de China, convertida en la segunda potencia mundial, acompañó al auge de las economías asiáticas, que trasladó el centro comercial e industrial desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico. Al mismo tiempo, la socialdemocracia europea se fue debilitando y, en nuestro continente, el liderazgo de Donald Trump parece marcar el fin de un modelo y de una era para los Estados Unidos.
La vulnerabilidad de nuestro país en ese proceso se tradujo en un incremento de la pobreza real, no solo de ingresos, que del 5% de la población, que se registraba en 1975, hoy merodea el 50%, considerando ingresos y necesidades básicas insatisfechas.
En el tercer trimestre de 2025, de 22,6 millones de trabajadores, 11,06 millones estaban registrados (incluidos los empleados estatales); al mismo tiempo,11,6 millones operaban en la informalidad (asalariados en negro y cuentapropistas no registrados). A esto deben sumarse unos ocho millones de personas en edad activa que, por distintas razones, ni trabajan ni buscan trabajo.
La crisis laboral y la desindustrialización del país van de la mano. La presión tributaria, que desalienta las exportaciones y estimula las importaciones, pero también deteriora toda la iniciativa privada, es una de las consecuencias del desequilibrio de un Estado que, además de financiar los servicios esenciales (deficientemente, y con progresivo deterioro desde hace años), carga con el costo de la desactualización en muchos sistemas. El crecimiento del trabajo no registrado, el aumento de la expectativa de vida de la población y la inclusión sin previsión presupuestaría de millones de personas que no acreditaban aportes, que duplicó al sector pasivo a partir de 2007, fueron los detonantes de un sistema jubilatorio que se había ido desnaturalizando durante décadas. El problema nunca resuelto de la falta de una paridad cambiaria sostenida con una economía genuina debilita la competitividad de las exportaciones y, al mismo tiempo, el poder adquisitivo del ingreso.
Simultáneamente, hay que considerar seriamente el financiamiento de las provincias. Hace 32 años, la reforma constitucional ordenaba la sanción de una nueva Ley de Coparticipación. Nunca se logró un acuerdo.
En la política, la mezquindad es un síntoma de corrupción y de ambición desenfrenada de poder. Y esa mezquindad contribuye a la decadencia. Simplemente, porque en esas condiciones es imposible definir un proyecto de Nación, diseñado con los pies sobre la tierra y observando la realidad internacional.
Y ese proyecto debe ser la matriz de una verdadera transformación del país. Es necesario desarrollar, en forma simultánea, las reformas laboral, previsional y tributaria, y el sistema de coparticipación, todo, en base a los derechos básicos de los ciudadanos. Sin armonizar todas las legislaciones que demandan esos cambios, todo lo que se haga, será un parche, en un país con serios indicios de decadencia y que debe dejar de mirar hacia distintos capítulos de nuestro pasado y debe observar con realismo el presente y el futuro del mundo real.