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Las rutas nacionales atraviesan lo que la Federación del Personal de Vialidad Nacional describe como una emergencia: casi tres cuartas partes, específicamente 30.000 de los 40.000 km totales necesitan mantenimiento urgente. Según el sindicato, entre un 65 % y un 70 % de las rutas se encuentran en estado “regular o malo”.
El secretario gremial, Fabián Catanzaro, en diálogo con Splendid AM 990, cuestionó la política de “obra pública cero” del Gobierno nacional, lo que para él ha dejado a Vialidad Nacional en un proceso de “parálisis y vaciamiento”. Además, advierte que la reconstrucción de las rutas degradadas va a costar entre tres y cinco veces más si no se interviene ahora.
Reclamos de Salta
El informe gremial menciona a la RN 9 y la RN 34, especialmente en la región del NOA, entre las más preocupantes.
Estas rutas son clave para Salta, tanto para la conectividad productiva como para el tránsito seguro, y es objeto de reclamos sostenidos por parte del gobierno provincial.
Tras un reclamo directo del gobernador Gustavo Sáenz en la Casa Rosada, las obras en ese tramo cobraron nuevo impulso.
En ese sentido, las obras planificadas incluyen la duplicación de calzada en un tramo de más de 26 km entre Rosario de la Frontera y el puente sobre el río Yatasto, con inversión estimada en 85 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 36 meses.
Otros tramos en crisis
Si bien las rutas 9 y 34 han concentrado gran parte de las exigencias salteñas, la advertencia del sindicato señala que otras rutas nacionales también están en estado crítico: la RN 151, en La Pampa; la RN 3, al sur de Bahía Blanca, la RN 23, en Río Negro. Además, las 7, que atraviesa Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; y la ruta nacional 8 también son mencionadas entre las más abandonadas.
Deuda financiera y crisis institucional
Catanzaro remarca que el modelo actual de concesiones viales es insuficiente. Según él, las empresas concesionarias obtienen préstamos estatales con condiciones muy favorables, como las del Banco BICE con una tasa del 2 %, lo que reduce su riesgo real y limita su incentivo para hacer obras profundas, más allá del bacheo puntual.
En paralelo, desde el gremio se denuncia un desmantelamiento de Vialidad Nacional: recortes presupuestarios, subejecución de fondos y desvinculación de personal. Esto, aseguran, pone en riesgo no sólo la infraestructura, sino también la capacidad institucional del organismo para responder al mantenimiento vial.
Según Catanzaro, no sólo se debe ver el problema como un costo inmediato sino como una inversión urgente: dejar que las rutas se degraden provocará que su rehabilitación sea mucho más cara en el futuro.