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En el corazón de la provincia de Buenos Aires, donde la tradición rural y las leyes modernas suelen convivir en un equilibrio delicado, un operativo de tránsito terminó por desatar una tormenta institucional. Lo que comenzó como un control de rutina de alcohlemia a la salida de una jineteada en el Pueblo Santa María, derivó en el desplazamiento de un jefe policial, una denuncia penal por abuso de autoridad y una frase que ya se convirtió en el eje de la discordia: la convicción de que la cultura del campo no encaja en los moldes de la Ley de Alcohol Cero.
El protagonista de esta escalada es el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, quien decidió intervenir de manera directa tras recibir quejas de los vecinos que asistieron al evento organizado por el Club El Progreso. Para el jefe comunal, el control de alcoholemia realizado a las siete de la tarde no fue un acto de prevención, sino un "atropello" que desvirtuó la esencia de una celebración popular.
El choque de criterios
La orden de desplazamiento recayó sobre el teniente Martín Guevara, responsable de la dependencia de Pueblo San José. Según el intendente, el operativo generó demoras innecesarias y afectó a familias enteras, incluyendo a adultos mayores que quedaron atrapados en el embotellamiento. Sin embargo, el trasfondo es más profundo: Moccero cuestionó el horario y el contexto de los controles, diferenciando el consumo de alcohol en eventos tradicionales de la nocturnidad juvenil.
"Si la instrucción fue hacer un operativo de alcoholemia a la salida de una doma, los gauchos obviamente que no van a tomar gaseosa ni jugo de naranja; con una copita de vino ya les da (positivo)", justificó el mandatario local, en una declaración que generó una fuerte reacción en redes sociales y ámbitos legislativos.
Para el intendente, la Ley 15.402 (Alcohol Cero) debe aplicarse con un criterio de "sentido común", enfocando los recursos en la madrugada, que es cuando, según su visión, se producen los accidentes reales. Bajo esta lógica, Moccero elevó el pedido al Ministerio de Seguridad provincial para que Guevara fuera apartado, alegando que la autoridad máxima del distrito es él y que las directivas policiales deben alinearse con su gestión.
El frente judicial y el respaldo ministerial
La decisión no pasó inadvertida para la oposición política, que no tardó en judicializar el conflicto. Una denuncia penal fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, a cargo del fiscal Eduardo Quirós. La acusación busca determinar si Moccero incurrió en un delito al presionar para la remoción de un efectivo que, técnicamente, solo estaba cumpliendo con una ley provincial vigente.
Mientras la fiscalía analiza si el "desacuerdo" del intendente con la normativa constituye un ilícito, el panorama para el oficial desplazado parece haber tomado un giro inesperado. Según trascendió desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la cartera habría decidido respaldar la actuación de Guevara. Fuentes ministeriales indicaron que no se tomaron medidas disciplinarias internas contra el efectivo, lo que deja al intendente en una posición de aislamiento frente a la
Por ahora, el teniente Guevara permanece en el centro de una disputa que excede lo administrativo, mientras la justicia deberá determinar si la "copita de vino" del gaucho es una excepción cultural válida o simplemente una infracción que el poder político intentó encubrir.