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La causa que investiga una "enorme trama de corrupción" en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ingresó en una etapa de definiciones, ya que terminó la primera ronda de 15 indagatorias ante el juez federal Sebastián Casanello, con la mayoría de los acusados acogiéndose al derecho de no declarar, lo que hizo sospechar la existencia de un pacto de silencio.
Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, señalados como directores "paraestatales" de la Agencia Nacional de Discapacidad, fueron los primeros en ser indagados, seguidos por el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y el exfuncionario Daniel Garbellini. Ninguno de los cuatro declaró ante el juez.
El mismo silencio se repitió entre los otros imputados: la exfuncionaria Lorena Di Giorno, los presuntos operadores externos Luciana Ferrari y Federico Santich, la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, y los directivos Patricio Rama, Noemí Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
El caso está en un momento crucial, ya que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez que determine la veracidad de los audios filtrados, un fallo que, según el análisis, podría "embarrar" el devenir de la pesquisa.
El fiscal Franco Picardi y la UIF (Unidad de Información Financiera) acusan que en la Andis funcionó un sistema de recaudación ilegal que benefició a droguerías. La acusación apunta a que la asociación ilícita fue comandada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo. De hecho, la UIF sostuvo que la asociación ilícita fue "comandada por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".
La "maniobra nulidad"
El hecho más determinante fue la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar a Casanello que determine si los audios filtrados de Spagnuolo, donde se escucha describir el sistema de coimas, son veraces.
Esta orden pone el foco en la fuente de la denuncia y no en la "enorme trama de corrupción" ya revelada a través de otros elementos.
La defensa de Spagnuolo presentó peritajes privados sugiriendo que los audios fueron manipulados con Inteligencia Artificial, y activaron la teoría del "fruto del árbol envenenado" para anular todo el proceso judicial.
Mientras Casanello debe definir los procesamientos (y se descuentan que serán muchos), el fiscal Franco Picardi prepara nuevas citaciones centradas en el blanqueo de los fondos ilegales.