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El Gobierno nacional anunció ayer que "modificará" la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial, luego de la controversia que generó el uso de terminología discriminatoria para referirse a personas con discapacidad, y manifestó que los responsables del "error" fueron desplazados.
En el Anexo I del documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se usaron los términos "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para caracterizar a quienes sufren problemas mentales, lo que provocó el rechazo de las entidades y organismos que velan por los derechos de las personas con discapacidad.
Tras la polémica por el uso de ese tipo de lenguaje, desde Andis aclararon en un comunicado que fue un "error" haber utilizado esa terminología y sostuvieron que no hubo "ninguna intención discriminatoria".
El director ejecutivo de ese organismo, Diego Orlando Spagnuolo, confirmó desde las redes sociales que "las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas".
Anteriormente, el funcionario había indicado que "se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta".
Añadió que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo.
A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación".
La resolución, que había generado controversia, tiene como objetivo establecer criterios para evaluar a las personas que cobran pensiones por invalidez.
Fuerte repudio
El uso de estos términos generó un fuerte repudio desde diversos sectores de la sociedad. Al ser consultado, Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que estas expresiones "refuerzan la discriminación" que históricamente han sufrido las personas con discapacidad. Además, remarcó que son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como "un acto de violencia institucional sin precedentes".
Asimismo, deslizó que se trata de un acto discriminatorio que "muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad" y de la normativa vigente en Argentina sobre cómo referirse a ellas.
Echaron a una funcionaria de la Andis
El texto que generó la polémica fue publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial, pero desde el propio Gobierno reconocieron que se trató de un error al publicarse un documento considerado obsoleto. Tras el escándalo, echaron a una funcionaria de la Andis.
La medida fue confirmado por el propio director de la Andis, Diego Spagnuolo. Se trata de Miriam Améndola y su desvinculación llegó antes de que la funcionaria fuera oficializada en el cargo de coordinadora de Fiscalización Médica en la Andis.
Améndola iba a reemplazar en ese puesto a Tatiana Alvarado, quien había participado en la redacción del polémico documento, pero dejó el cargo antes de que fuera publicado. Ambas funcionarias fueron responsabilizadas por el texto.