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El conflicto gremial de los controladores aéreos sumó ayer un nuevo capítulo de tensión ya que Aerolíneas Argentinas denunció ante EANA y ANAC que el sindicato Atepsa (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad) impidió la salida de nueve vuelos que ya contaban con autorización y se encontraban programados fuera de la ventana de paro, incluidos dos internacionales. En algunos casos, los pasajeros ya habían abordado y el equipaje había sido despachado, lo que generó un fuerte malestar. Según la compañía, más de 800 personas fueron perjudicadas por esa acción puntual, mientras que, en total, el paro ya afectó a más de 12 mil pasajeros y cerca de 100 vuelos.
"Desde Aerolíneas lamentamos estos inconvenientes ajenos a la empresa y reafirmamos nuestro compromiso con brindar un servicio seguro, puntual y confiable, incluso en circunstancias excepcionales como esta", indicaron. El balance final de la jornada fue de 44 vuelos cancelados, 59 demorados y más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales perjudicados. Entre las franjas más críticas se destacó la de 13 a 16, cuando se cancelaron 28 vuelos y 43 sufrieron demoras. Entre las 19 y las 22, otras 16 operaciones fueron canceladas y 16 demoradas.
El conflicto también golpeó a las aerolíneas privadas. LATAM advirtió que se esperan demoras y reprogramaciones en vuelos desde y hacia la Argentina para el 22 y 24 de agosto. JetSMART informó que permitirá cambios de fecha sin costo adicional hasta el 14 de septiembre, mientras que Flybondi reconoció haber cancelado 10 vuelos, reprogramado más de 35 y afectado a unos 7 mil pasajeros.
El plan de lucha de Atepsa continuará en los próximos días con nuevas retenciones escalonadas hasta el 30 de agosto, aunque los vuelos sanitarios, humanitarios y de Estado estarán exceptuados. El gremio reclama mejoras salariales y asegura que el Gobierno ofreció apenas un incremento del 1% mensual, mientras que desde EANA afirman que se propuso un 15% de actualización, igual al resto de los organismos estatales.
El clima de incertidumbre persiste y el conflicto amenaza con prolongarse, afectando de manera directa a miles de usuarios.