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En medio del ruidoso caso Andis, un nuevo frente de conflicto se abrió para el Gobierno nacional. Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Utrae), quedó en la mira de la Justicia por una investigación que se abrió por pagos millonarios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina.
Se trata de la misma empresa que está envuelta en el caso de las supuestas coimas en medicamentos que adquiría la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destapado la semana pasada tras la difusión de audios que corresponderían a su extitular Diego Spagnuolo.
La droguería no es al único punto en común con el caso de Discapacidad, ya que de acuerdo a la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrían nexos con la obra social, dispuesta de una de las cajas más abultadas del país.
La pesquisa sigue las pistas de las casi 200 facturas que se emitieron desde la Suizo Argentina a Osprera por 7.700 millones de pesos y del acuerdo que se firmó poco tiempo después de la intervención, a través del cual se saldó una importante deuda por medicamentos.
Según se pudo reconstruir, Osprera hizo órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina por unos $667 millones en noviembre de 2024; por $2500 millones al mes siguiente y por $1395 millones en enero de este año. En febrero -de acuerdo a los registros internos- los pagos ascendieron a $629 millones y en marzo totalizaron los $2491 millones. Si se observa el detalle de algunas facturas, se ve que en algunos casos son pagos por medicamentos de alto costo para afiliados puntuales y en otros por compras registradas como "Farmacia y Medicamentos".
Osprera, la segunda obra social más grande del país y con 500.000 afiliados, fue intervenida por el Gobierno y actualmente está en manos de Marcelo Carlos Petroni, un abogado cercado a "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La droguería Suizo Argentina -hoy investigada en la causa que se inició con los audios de Diego Spagnolo- es una de las principales proveedoras de la obra social de Uatre, aunque no la única.
Para tener un comparativo: por todos los medicamentos de alto costo que cubrió la obra social, en enero Osprera gastó (sumando a todas las droguerías y laboratorios proveedoras) $4700 millones; en febrero, $5300 millones, y en marzo $5400 millones.
Adjudicación polémica
En julio pasado, Osprera también había sido blanco de las críticas por la adjudicación a un socio de Martín Menem, de una licitación también millonaria.
Se trata de la empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, quien es socio del titular de la Cámara baja en la empresa TR Nutrition, dedicada a los suplementos dietarios, y que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.
En este caso, la contratación del socio de Menem fue para realizar tareas en los sistemas informáticos en la obra social de los peones rurales.
De acuerdo a documentos oficiales, HTECH Innovation facturó 40.251.879 y 7.733.119 pesos a partir de noviembre de 2024 y, según publicó La Nación, mantiene un contrato de unos $16 millones de pesos mensuales.
Eduardo Kovalivker entregó su celular
El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py junto a su abogado, en el marco de la causa que investiga presuntos pagos ilegales vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, y se inició tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, en los que se describía un circuito de supuestas coimas que mencionaba directamente a la empresa de la familia Kovalivker.
Kovalivker concurrió al fuero penal acompañado de su abogado, Martín Magram, quien también representa a sus hijos Jonathan y Emmanuel, actuales responsables de la firma. Durante su paso por la fiscalía, el empresario entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes, tal como lo había ordenado el magistrado.
En términos societarios Eduardo Kovalivker controla el 64,5% de las acciones de Suizo Argentina, mientras que Jonathan posee poco más del 21% y Emmanuel apenas el 0,015%, aunque este último cumple funciones ejecutivas. La pesquisa sobre la empresa se activó tras el escándalo que suscitaron los audios atribuidos a Spagnuolo, quien relata en ellos presuntas maniobras de recaudación ilegal en el circuito de compra de medicamentos para el área de Discapacidad.
No pudo ser debloqueado
El avance de la investigación sumó un obstáculo, ya que el teléfono celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, no pudo ser abierto por los peritos debido a limitaciones técnicas en los sistemas de desbloqueo. El fiscal Picardi había remitido los aparatos a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y pidió colaboración a la compañía israelí Cellebrite, reconocida por proveer software de análisis forense a nivel internacional, pero la empresa dijo que no dispone de la herramienta adecuada para acceder al modelo de última generación.