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El presidente Javier Milei remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2026. En su discurso, anunció previsiones nominales de aumentos presupuestarios destinados a jubilaciones, salud pública, educación y discapacidad que, de concretarse, permitirían a esos sectores recuperar recursos erosionados por la inflación. Es el primer Presupuesto del actual gobierno e intenta asegurar la estabilidad lograda desde 2023, gracias a un sensible descenso de la inflación y a las metas de superávit alcanzadas.
El proyecto parte de proyecciones optimistas, como la ambiciosa meta de reducir la inflación a un 10,1% para 2026 (0,8% mensual). También anticipa un superávit primario de 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,3%, lo que implica que el Estado no solo cubriría sus gastos corrientes, sino también los pagos de deuda.
Sin embargo, plantea un mal diagnóstico: el tipo de cambio, por ejemplo, se estima en $1.325 por dólar para diciembre de este año, cuando ya está superando los $1.500. En cuanto a la inflación, el gobierno prevé un 24,5% para 2025, lo que sería posible con un incremento de apenas 1% mensual en los últimos cuatro meses que quedan. Con proyecciones más realistas, el aumento del gasto social no aumentaría, sino que, más bien, se reduciría. El presupuesto 2026 prevé un crecimiento nominal del 22,5% en la recaudación impositiva, atado a una expansión económica, esperable, pero hipotética.
El presupuesto debería ofrecer un proyecto claro de desarrollo, que genere más economía y empleo formal, fortalecimiento real de las empresas y potencial exportador con valor agregado. No aparece definido con claridad.
Tiene razón el presidente cuando recuerda que heredó una deuda de US$ 500.000 millones y que somos el país latinoamericano que menos creció en quince años, a excepción de Haití.
La pobreza estructural, la desigualdad en el acceso a servicios, educación y al empleo formal son un oscuro balance en este primer cuarto del siglo XXI. Desde 2017, la inflación superó sistemáticamente el crecimiento salarial, erosionando el poder de compra. Los subsidios ayudaron a contener la indigencia, pero no lograron revertir la pobreza de fondo. Todo lo contrario. Por ese camino de despilfarro, el país iba a seguir retrocediendo con altísimo costo social.
Pero la misma gente que se empobreció con el dispendio no puede ser también la que también pague el costo del ajuste.
Por eso, además de la responsabilidad macroeconómica, es necesario preguntarse a qué costo se logra ese equilibrio.
El ajuste fiscal —por más ordenado que sea— corre el riesgo de convertirse en una austeridad injusta si no se acompaña de políticas activas que protejan a los más vulnerables.
Si las estimaciones se cumplen, sería un alivio para esos sectores. Pero no parece tan claro que esas estimaciones vayan mucho más allá de los deseos.
En un contexto social crítico, un presupuesto sólido y equitativo solo es sostenible con funcionarios idóneos y dirigencias políticas más sensibles a las necesidades de la sociedad que a los apremios electorales.
Con un riesgo país que se duplicó en dos meses, un dólar que vuelve a convertirse en refugio del ahorro, y con vencimientos de US$17.000 millones en 2026, el margen de maniobra sigue siendo estrecho. Todo gobierno debe construir confianza entre acreedores e inversores, pero debe asegurarse gobernabilidad manteniendo el apoyo del electorado.
El presupuesto no es solo un conjunto de cifras. Es una declaración de principios. Al Congreso le toca ahora asumir con responsabilidad el debate con los funcionarios y entre los bloques para construir y sancionar el mejor proyecto posible, recordando que el actual presidente es el que eligió la ciudadanía, igual que a los legisladores, y que lo que está en juego son instituciones, derechos, vidas humanas y expectativas de futuro de cada argentino.