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Tras muchas idas y vueltas, y en lo que muchos ven como un triunfo de la Casa Rosada dado que se lo considera un magistrado afín al Gobierno nacional, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió ayer designar al titular del tribunal civil dos, Horacio Alfonso, como juez subrogante “fijo” del juzgado uno. Allí se tramita una causa clave: la ley de medios. Su función durará “hasta que se cubra definitivamente la vacante”.
Así, el tribunal dejó sin efecto el régimen de subrogancias semanales en el juzgado civil uno, que variaba casi semanalmente de magistrado.
La Cámara dispuso que allí actuará el juez Alfonso, mientras que en los otros juzgados vacantes, el 4 y el 7, estarán como subrogantes los magistrados de los juzgados 6 y 9, Francisco de Asís Soto y Alejandro Saint Genez, respectivamente.
La resolución, adoptada en un “acuerdo extraordinario”, recordó que las subrogancias semanales venían de 2007 pero ahora se modifican por “las repercusiones que el aludido sistema ha generado en las últimas declaraciones oficiales”. Esto, en referencia a las recientes declaraciones del ministro de Justicia Julio Alak, quien dijo que muchos de los jueces subrogantes fueron elegidos en forma irregular. También dispuso dejar “sin efecto a partir de la fecha toda resolución dictada por el Tribunal que sea contraria a esta decisión”.
La acordada fue firmada por el presidente de la Cámara Martín Diego Farrel y los jueces Santiago Kiernan, Ricardo Guarinoni, María Susana Najurieta y Graciela Medina, pero no fue suscripta por el vicepresidente, Ricardo Recondo. enfrentado públicamente con el Gobierno.
Los antecedentes
El juez Alfonso, desde ayer designado subrogante del juzgado Nº 1, donde se tramita la constitucionalidad del artículo 161 de desinversión de medios audiovisuales, ya suspendió una cautelar presentada por una asociación de empresas privadas de TV por cable contra la ley de medios. En su fallo, Alfonso argumentó que una cautelar no puede frenar la puesta en vigencia de una ley y consideró que la declaración de inconstitucionalidad de una norma aprobada por el Congreso es un “acto de suma gravedad institucional”.