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Familiares de las víctimas de la tragedia de Once reclamaron ayer al gobierno que se pronuncie sobre el accidente ferroviario que provocó 51 muertos y más de 700 heridos en febrero pasado en la estación ferroviaria, como lo hace con la ley de medios, denominada la “7D” y se quejaron por el “estado vergonzoso" del servicio del Sarmiento.
“Que se den cuenta que así como los escuchamos todos los días hablando del “7D”, por el 7 de diciembre y su implicancia sobre las licencias de medios audiovisuales, nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el “22F”, expresaron los familiares en alusión al 22 de febrero, fecha en que ocurrió el accidente.
El documento fue leído en un acto realizado en la estación Once al cumplirse el octavo mes de la tragedia, en el que soltaron globos negros en conmemoración de las víctimas.
“Los familiares de las víctimas, y los heridos, seguimos esperando del Poder Ejecutivo de la Nación alguna palabra que nos permita saber que tienen conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero”, manifestaron en el documento.
En ese sentido, pidieron que no sean “palabras dichas para un grupo de obsecuentes”, sino “una verdadera reflexión que nos permita creer que la corrupción instalada durante años, que permitió gastar esta masacre, es considerada un enemigo público”.
Mientras está en curso el reclamo de los familiares, el gobierno sólo se limitó a presentar una campaña nacional para promover la seguridad vial, concientizar a los ciudadanos y disminuir los accidentes de tránsito, mediante un convenio firmado entre el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo y la petrolera YPF.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también fue blanco de las críticas de los familiares, quienes lo acusaron de mantener “un silencio” que los “lleva a pensar que lo sucedido no le suscita mayor interés, abandonando a su suerte a quienes debe cuidar”.
“Es necesario que el gobierno de la provincia deje de hacer oídos sordos, nos escuche y salga del silencio en el que se sumergió desde el mismo instante en el que se perdió la vida de muchos bonaerenses, dejando a una multitud con la vida quebrada”, afirmó el documento.
Otro revés para Schiavi y Jaime
El fiscal federal Federico Delgado pidió que los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y otros ex funcionarios sean procesados por integrar una asociación ilícita en el marco de la causa que se sigue por la tragedia de Once.
Además, al apelar la resolución que dio a conocer el viernes pasado el juez federal Claudio Bonadío -quien los imputó por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad-, el fiscal pidió que sean también imputados por infringir el artículo 261 del Código Penal.
Esa norma prevé “reclusión o prisión de dos a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
Por otra parte, este lunes el empresario Mario Cirigliano depósito los 5 millones de caución real que le trabó Bonadío, ya que de no hacerlo el juez tenía previsto ordenar su inmediata detención.