inicia sesión o regístrate.
Otro capítulo más de una guerra sin tregua. El Gobierno y el Grupo Clarín intensificaron ayer la disputa en torno de la aplicación de la ley de medios, al discrepar sobre la vigencia de la medida cautelar prorrogada por la Cámara Civil y Comercial Federal que suspendió la puesta en marcha de los artículos de desinversión. “Acaba de empezar la transferencia de oficio de las licencias afectadas al Grupo, tal como dicen las disposiciones de la AFSCA y la ley vigente”, dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, tras notificar a los abogados del Grupo Clarín. Para el funcionario, “la ley es constitucional y está en plena vigencia, porque el juez (Horacio) Alfonso levantó las cautelares”, y agregó que Clarín “tiene todo el derecho a apelar y lo hicieron hoy (por ayer), pero eso no tiene ninguna medida suspensiva”.
Sabbatella explicó que “el proceso de transferencia de oficio tiene 100 días hábiles” y remarcó que “tiene varios pasos: la notificación, el proceso de tasación, la selección de las licencias y los bienes, el concurso, la adjudicación y el traspaso del titular anterior al nuevo titular”.
Para el abogado del grupo empresario, Damián Cassino, la cautelar prorrogada por la Cámara Civil y Comercial Federal está en vigencia, por lo que entendió que Sabbatella con el procedimiento realizado ayer cometió “delito de desobediencia” y actúo en forma “ilegal”. El juez Alfonso deberá determinar en el plazo de tres días si concede o rechaza la apelación y si lo hará con efecto “suspensivo” o “devolutivo”, lo que definirá la vigencia o no de la ley en las próximas semanas. Si usa la primera fórmula interrumpiría entonces la aplicación completa de la ley de medios, en cambio si opta por el segundo modo seguiría adelante la llamada desinversión “de oficio” que inició Sabbatella. En este sentido, Cassino aseveró que el funcionario está “incumpliendo la cautelar” que suspende dos artículos de la ley de medios, y sostuvo que “si avanza con el procedimiento se va a ver impedido de brindar el servicio de Fibertel”. El abogado advirtió que, incluso, la sentencia de Alfonso “tiene firmeza luego de transcurrido los cinco días” y agregó que “en el peor de los casos” si no se extiende la cautelar “empieza a correr un año” de plazo para adecuarse a la ley.