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El juicio oral y público por 18 causas de crímenes de lesa humanidad, con 34 víctimas y 18 imputados, que comenzó en mayo pasado en Salta, entrará en receso en las próximas semanas debido a la feria judicial y se estima que se extenderá por más de un año.
Así lo informó la abogada Tania Kiríaco, nombrada por la Universidad Nacional de Salta (UNSA) para su representación como querella en este juicio.
"Tuvimos audiencia el lunes y martes últimos y se nos informó que el tribunal se constituirá los días 11, 17 y 18 próximos, que serán las últimas audiencias de este año en el marco de este juicio", señaló la letrada, quien añadió que "la actividad se reanudará seguramente, después de la feria judicial".
El juicio, que comenzó el 21 de mayo último, tenía previsto extenderse hasta mediados de diciembre, por la gran cantidad de testigos citados a brindar testimonio en el marco de esta megacausa.
No obstante, este trámite, que se desarrolla en la sala de grandes juicios del poder judicial salteño, ubicada en la zona norte de la ciudad de Salta y, según Kiríaco, el debate no concluirá antes de mayo, con lo que el juicio se extenderá por más de un año.
Las causas analizadas en este juicio ascienden a 18, con 20 imputados, dos de los cuáles fallecieron en agosto y diciembre, y 34 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.
El Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante este proceso, está presidido por Mario Marcelo Juárez Almaraz e integrado por Marta Snopek y Carlos Jiménez Montilla, con la actuación de Gabriel Casas como cuarto juez.
"Hasta el momento solamente vamos transcurriendo la etapa de las testimoniales, y todavía faltan testigos", señaló la querellante, quien precisó que "posteriormente llegará la etapa de la prueba documental".
El juicio es seguido por teleconferencia desde la ciudad de Rosario, de Santa Fe, por el imputado Victor Modesto Mendíaz, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall.
El resto de los imputados siguen las audiencias, que se realizan sólo los lunes y martes, en doble jornada, desde la propia sala del Poder Judicial de Salta, donde hasta diciembre del año pasado se realizó el proceso oral y público por el secuestro y el homicidio del ex gobernador salteño, Miguel Ragone.
También, están imputados Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa , Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa.
A ellos se suman Ricardo Benjamín de la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón.
Murúa falleció en agosto pasado, luego de acreditar días antes que se encontraba internado en un hospital salteño, con problemas de salud, mientras que Vujovich Villa murió en Tucumán, a principio de diciembre, en momentos en que se encontraba internado en un centro de cardiología de la vecina provincia.
La causa principal fue caratulada "Guill, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".
A esta causa se le acumulan otras 17, por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta (UNSA), institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio.
La acusación está a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en conjunto con su par Eduardo Villalba, mientras que las querellas están a cargo de los abogados Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta; y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, Kiríaco representa a la UNSA; mientras que Gastón Casabella lleva adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Saravia actúa por Luis Fronda.
Por su parte, el defensor oficial Federico Petrina asiste a la mayoría de los acusados; su par Martín Bomba hace lo propio con Ríos Ereñú; el abogado Dardo Verchán defiende a Toledano; el letrado José Luis Garzón a Pachao; Orfeo Maggio lo hacía con Vujovich Villa y de la Vega; y Martín Adolfo Diez a Alemán.
Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSA; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas.
A ellos se suman el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; Jorge Santillán; Reynaldo Isola; Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.
Asimismo, entre las víctimas se incluyen cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia. (Télam)