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Trabajo en negro. Eternos pasantes. Prácticas impagas. Nimilieuristas (que ganan menos de mil euros al mes). La crisis en España, como cualquier otra, no ha hecho más que agudizar las condiciones irregulares de trabajo, un área que movería alrededor de 82,5 millones de euros según estimaciones de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, dos frentes intentarán darle batalla. Por un lado, el Gobierno con su plan de lucha contra el fraude fiscal. Y por otro lado, las plataformas de los indignados del 15-M y Juventud sin Futuro, que procurarán asistir tanto a desempleados como a trabajadores precarios de manera más directa a través de la Oficina Precaria.
Por parte del Gobierno, se ha anunciado recientemente una medida por la que “será delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular”. Asimismo, se reforzarán las inspecciones, se impulsarán cambios en el Código Penal y el período de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social pasará de cinco a 10 años. El objetivo, según la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, es tanto la recaudación que permitirá la afloración de la economía sumergida como proteger a los trabajadores.
La Oficina Precaria
Y por parte de la Oficina Precaria, esta fue lanzada el 1 de mayo, el Día del Trabajador en Madrid, si bien planea extenderse a otras ciudades. Allí presentaron distintas áreas de las que se compone la iniciativa: asesoría legal, denuncias de los abusos, las cooperativas como una alternativa, entre otras. Incluso ponen a disposición una herramienta en la que es posible denunciar ofertas de trabajo publicadas en internet que pueden ser consideradas precarias.
La Oficina Precaria está inspirada en el movimiento Stop Desahucios -también apoyado por el 15-M y otros colectivos sociales- que lo que procura es detener el despido de la gente de sus casas por los bancos debido a que han dejado de pagar la hipoteca. Se movilizan por internet y llegan al lugar antes de que los habitantes sean despedidos por la fuerza el día designado por el juez.
Ambas iniciativas son muestras del camino que ha tomado parte del movimiento de los indignados que el próximo 15 de mayo cumplirá un año desde que llamaron la atención del mundo entero con la acampada en la Puerta del Sol.
La mayor preocupación actual en España es el desempleo, el cual afecta ya al 24,4 por ciento de la población activa. Sin embargo, las flexibilidades laborales y la necesidad urgente de trabajo han empeorado las condiciones para ello. De ahí que desde la Oficina Precaria llamen a la cooperación y la solidaridad para evitar los abusos que se multiplican en tiempos de crisis.
Movilización de periodistas
Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, periodistas de España se movilizaron ayer en diferentes ciudades para reclamar un trabajo digno y denunciar los despidos del sector. Solo en los tres primeros meses de 2012 se perdieron 1.309 puestos de trabajo, según anunció la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y en los últimos cuatro años han sido 6.200.