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Los uniformados de bajo rango de La Paz y otros distritos de Bolivia no aceptaron lo acordado entre el gobierno de Evo Morales y los líderes del sindicato que los nuclea.
Aseguran que tras el fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo, los veinte cuarteles seguirán tomados.
El Gobierno y el Sindicato de Policías habían firmado en la madrugada de ayer un acuerdo salarial y todo parecía indicar que llegaría el fin de los motines que afectan a unos veinte cuarteles en todo el país.
“Rechazamos el acuerdo y seguimos en motín”, afirmó un policía no identificado durante la reunión pública en el regimiento antimotines UTOP, cuartel general de los rebeldes, ubicado a media cuadra de la plaza de Armas en La Paz.
Cabe recordar que el sábado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, había declarado a los medios que las “señas” de violencia que se vieron en las protestas policiales del viernes “podrían estar constituyendo un escenario de golpe (de Estado)”.
Dávila se refirió así a los disturbios violentos en varias ciudades, sobre todo en La Paz, donde centenares de agentes saquearon el edificio en el que funcionan la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía, además de Interpol, y quemaron sus archivos.
“Frente a la violencia que hemos visto el viernes, frente a estos indicios que estamos observando desde los informes de prensa, desde los informes de inteligencia que están llegando, acá hay un escenario muy preocupante”, señaló Dávila.
Matizó con que las esposas de los policías habían mostrado “que no hay esa intención política, que ellos quieren dialogar”, pero insistió en que “se tiene que resolver este conflicto porque de lo contrario, estamos ingresando en un escenario de golpe de Estado”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el primer mandatario había regresado el sábado de Brasil, dos días antes de lo previsto, porque “tiene preocupación personal, directa”, ante la toma de decenas de instalaciones policiales. “Nos ha instruido de manera expresa para que se pueda trabajar y atender los requerimientos de la Policía boliviana”, dijo Romero y pidió a los agentes sublevados “suspender las acciones de hecho”, como la ocupación y el saqueo de instalaciones policiales, o la quema de sus archivos.