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Tania Kiriaco y Matías Duarte, querellantes de la Asociación de Periodistas de Salta en el juicio por la megacausa de la UNSa, ofrecieron nuevas pruebas vinculadas con el esclarecimiento del secuestro y asesinato del periodista Luciano Jaime, ocurrido el 14 de marzo de 1975.
Presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal de Salta que tiene a su cargo del juzgamiento de 18 imputados por 37 crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia. Por el caso del cronista del desaparecido diario El Intransigente, están imputados el ex Jefe de la Policía de la provincia, Miguel Raúl Gentil, y exdirector de Seguridad de la fuerza, Joaquín Guil.
A Jaime lo capturaron cuando se dirigía a su domicilio y su cadáver apareció despedazado por una bomba de tiempo en el Encón Chico, departamento de Rosario de Lerma.
Kiriaco y Duarte solicitan la citación de varias personas que no fueron convocadas durante la instrucción, entre ellas a la esposa del periodista, Irma Rosa Chica, quien realizó la denuncia y prestó declaración en el sumario policial. Los abogados también requieren la presencia de un oficial de la Policía, quien reconoció los restos hallados en el lugar como pertenecientes a Jaime, y del perito que hizo el croquis donde apareció el cuerpo. Además consideran de capital importancia los testimonios del exjuez de instrucción Carlos Ulivarri y del exjuez federal Ricado Lona. Ambos negaron haber tomado intervención en este caso, contrariamente a lo que sostiene el sumario policial.
“El testimonio de Ulivarri es relevante para esclarecer la investigación policial y la supuesta intervención de un juez provincial para sustentar la instrucción del sumario”, apuntan los abogados en el escrito. La lista de testigos requeridos por los querellantes se completa con los nombres de varios policías y bomberos que recogieron los restos del periodista en un radio de 50 metros, además del empleado de la morgue.
En la presentación los abogados sostienen que el artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación . dispone que si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, o se hicieren indispensables otros ya conocidos, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, su recepción. De esta manera se le otorga al tribunal una facultad autónoma de investigación.